Actualmente, uno de los mayores riesgos para las democracias es el ascenso de fuerzas políticas con venas autoritarias y discursos xenófobos y nativistas. Diversos análisis coinciden en que la sombra del autoritarismo recorre buena parte del mundo “desarrollado”. Las otrora democracias liberales han mostrado signos claros de agotamiento y falta de resultados que han provocado el aumento de las preferencias ciudadanas por perfiles “duros” que denuestan las instituciones, el debate y los mecanismos de control al poder.
Por ello, es importante observar cuidadosamente el desarrollo político en otras latitudes. Si bien los comicios reflejan intereses y posturas eminentemente locales, también es cierto que los efectos del voto y de las fuerzas políticas que llegan al poder portan consecuencias regionales e, incluso, mundiales.
En este contexto, el pasado 15 y 22 de marzo Francia celebró su primera y segunda vuelta de comicios municipales. Al menos 35,000 comunas participaron en dicha jornada, donde la batalla ideológica se materializó en los principales partidos políticos: el Partido Socialista, de izquierda moderada; Los Republicanos, de derecha moderada; La Francia Insumisa, representante de la izquierda radical; Reagrupamiento Nacional, de la ultraderecha, y diversas agrupaciones centristas. Si bien hubo resultados variados, estas fuerzas políticas se perfilaron como las más relevantes.
Con la participación electoral más baja registrada en años (apenas 48%), la derecha moderada representada por Los Republicanos se alzó con la mayoría en la segunda vuelta, obteniendo 1,245 victorias municipales; seguidos por la izquierda, con el Partido Socialista a la cabeza (802 victorias) y los partidos de centro (589). El Partido Socialista destaca por su triunfo en las tres ciudades más importantes: París, Marsella y Lyon, mientras que la derecha moderada extendió su influencia en Burdeos, Le Havre y Toulon, circunscripciones que influyen en el debate y que, sin duda, funcionan como termómetros electorales para anticipar tendencias a nivel nacional.
Aunque de manera sorpresiva los resultados mostraron un distanciamiento del electorado respecto de los extremos ideológicos, Francia aún se encuentra dividida entre dos grandes proyectos políticos: el de la derecha, que defiende el libre mercado, la iniciativa privada, el Estado como principal garante del orden, la seguridad y el control migratorio; y los ideales del espectro político de la izquierda, centrados en la lucha contra la desigualdad en el mercado, la protección de derechos laborales y la transición ecológica. Por ello, los comicios todavía dejan abiertas interrogantes de cara a las elecciones presidenciales de 2027.
La polarización de opiniones responde, en buena medida, al bajo nivel de aprobación del actual mandatario, Emmanuel Macron, quien ha sido fuertemente criticado desde la izquierda por su apoyo denodado al libre mercado, ganándose incluso el mote de “presidente de los ricos”. Desde la derecha, Macron también ha sido cuestionado por no impulsar reformas más contundentes en materia de migración. Por si fuera poco, su gobierno se ha visto plagado de inestabilidad política, cambios frecuentes de primeros ministros e iniciativas polémicas que han dividido a la sociedad y al parlamento.
Con todo, parece que la democracia francesa, siempre imprevisible, ha mostrado signos de vitalidad. Por ahora, las posiciones extremistas han sido detenidas en los principales núcleos demográficos, dejando abierta la posibilidad de que un partido moderado pueda hacerse del poder en 2027.
Lo relevante, en el fondo, no es tanto el signo político que tome las riendas del país galo, sino el fortalecimiento o debilitamiento de las instituciones democráticas, pues cuando éstas se ven vulneradas, los discursos autoritarios ganan terreno y crece el riesgo de que prospere un clima de mayor fragmentación y tensiones políticas, económicas y culturales de largo plazo. De ahí la importancia de que los partidos, antes de sus aspiraciones de poder, demuestren su compromiso por preservar el régimen democrático como condición para una convivencia social basada en elementos como el debate público, la libertad y la rendición de cuentas.