CRÓNICA CONFIDENCIAL

¡Todos unidos por el Estado de Derecho!

LIC. ROSARIO PIEDRA IBARRA,
PRESIDENTA DE LA CNDH:

+ Proteger a los niños y no será
necesario castigar a los hombres.
Pitágoras 

Leí el informe “Reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por grupos delictivos en México” (2021), elaborado por la Red de Derechos de la Infancia en México (REDIM), y me lleva a concluir que nuestro panorama es sombrío.

De acuerdo con el informe, hasta 2018 fueron reclutados medio millón de menores y se estima que, actualmente, por lo menos 250 mil están en riesgo.

REDIM es una fundación que se dio a la tarea de estudiar los factores de riesgo, agrupándolos por niveles: individual y familiar; comunidad; y finalmente sociedad, instituciones y legislación.

De manera muy sintética, le cuento que lo primero a atender es que un menor viva en un entorno libre de violencia. El riesgo no tiene que ver con la condición económica, sino con otros factores de dinámica humana que conllevan el abandono físico y emocional. Para que se dé una idea, en 2020 se registraron 690 mil llamadas de emergencia por violencia intrafamiliar; vaya usted a saber cuál es la cifra negra.

El acceso a la educación, con un espacio digno y seguro para el estudio, es el siguiente factor a considerar. Aquí la condición socioecnómica ya pesa mucho. En las zonas marginadas, los hogares y las escuelas públicas tienen enormes carencias por todos conocidas. La pandemia solo vino a exacerbarlas.

De ahí pasamos al tercer nivel, donde la sociedad se convierte en una amenaza para los menores. No abundaré en la tan comentada desigualdad de oportunidades, pues quiero referirme a la narco cultura.

Además de la normalización de la violencia, está la penetración de elementos simbólicos que hacen “atractiva” la vida delincuencial: dinero fácil, mucha adrenalina, cero reglas y el “reconocimiento” de los demás aunque sea por la peores razones.

A lo anterior súmele que las más de las veces las instituciones de seguridad y justicia dan un pésimo ejemplo, bien sea por corrupción, negligencia o permisividad hacia la impunidad.

¿Qué se hace en la 4T ante este problema?

Existen 14 grandes programas nacionales a través de los cuales los gobiernos federal y estatales buscan promover “el desarrollo integral, equitativo, incluyente, sustentable y sostenible.” El detalle está en que solo dos incluyen a menores.

Los programas se ven muy bien en el papel. Su inefectividad podria explicarse por la la falta de coordinación interinstitucional para su implementación. Por ejemplo, no veo que el Programa Nacional de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes (PRONAPINNA) trabaje con la SEP para proteger el acceso de los menores a la educación. Me refiero a los miles de niños y adolescentes que abandonaron sus estudios para incorporarse a un precario mercado laboral, forzados por problemas económicos derivados de la pandemia.

También me gustaría saber qué tan eficiente es la comunicación entre las burocracias para coordinarse y apoyarse mutuamente. Por ejemplo, cómo se vincula el PRONAPINNA con los DIF estatales y municipales.

Por otra parte, la actual administración se caracteriza por tener un pensamiento lineal en sus políticas sociales. Cuando levantó el padrón de beneficiarios para el programa de becas, a la 4T no se le ocurrió preguntar por otros factores de riesgo que ubicarían al menor y/o su familia como sujetos de otros programas de apoyo estructural, a fin de mejorar sus patrones y dinámicas; por ejemplo, prevenir y combatir la violencia hacia las madres.

La actual administración federal se conforma con entregar en mano la friolera de 304 mil millones de pesos, sin exponenciar el beneficio para la población objetivo.

Vaya una buena. Celebro la puesta en marcha el Observatorio. Nacional de Prevención del Reclutamiento de Niñas, Niños y Adolescentes por Parte de la Delincuencia Organizada, como un organismo interinstitucional, con la participación de la sociedad civil organizada.

Ahora esperemos que dé resultados.

Me rehúso a que esos 250 mil menores pasen a formar parte de la estadística de homicidios o de reclusos en penales.