La semana pasada el INEGI dio a conocer las cifras oficiales de mortalidad en México en 2020. Ocurrieron 1,086,743 muertes que, comparado con el promedio de los cinco años anteriores, significa un aumento del 43%, con un exceso de mortalidad de 326,691. Estas son las muertes por COVID (directas o indirectas), solo en 2020. Sin embargo, según el reporte oficial, al 27 de octubre de 2021 han ocurrido 287,274 muertes por COVID. Esta cantidad es inferior a la realidad, ya que, las muertes en 2020 son más que eso y la ola de enero-marzo fue todavía más letal que la del año anterior. Esta es una consecuencia evidente de no hacer las pruebas necesarias para detectar la enfermedad. Ni siquiera podemos saber con exactitud cuanta gente se ha muerto por COVID en nuestro país.

A lo largo de la pandemia nuestras autoridades han funcionado en buena parte sin observar o inclusive negando la evidencia científica sobre las medidas para enfrentar la pandemia. Primero minimizaron el tsunami que se nos venía encima. Quien no recuerda al presidente diciendo que no había problema, que podíamos abrazarnos. El pronóstico inicial fue que en el peor de los casos tendríamos unos cuantos miles de enfermos nada más. La negativa inexplicable para la utilización de cubreboca, que llevó al ridículo argumento de que el presidente no necesitaba mascarilla porque su fuerza no era de contagio, sino moral y luego a concluir que quien usaba cubreboca era un egoísta. La negativa a realizar pruebas de PCR para detectar COVID con lo que se podrían haber detectado muchísimos casos asintomáticos o con pocas molestias y con esto aislarlos y reducir los contagios. Finalmente, la declaración de que una imagen religiosa nos protegía del coronavirus. La consecuencia son las más de 300 mil muertes en exceso del 2020.

Ahora estamos enfrentando de nuevo decisiones al respecto de la pandemia que no están tomando en cuenta la evidencia científica publicada. 1. Los refuerzos de vacunación para pacientes que tienen comprometido al sistema inmune, como el caso de los pacientes con trasplante. La evidencia es clara y contundente. Deben recibir refuerzo. Sin embargo, este no se ha contemplado. 2. Las personas mayores de 60 años deben recibir un refuerzo de seis a doce meses después de las dos dosis de vacunación inicial. Varios países del mundo ya lo han autorizado y están en ese proceso. Aquí tampoco se ha contemplado. 3. La vacunación de adolescentes y niños. La evidencia indica que esta población debe vacunarse también y que el riego de complicaciones es muy bajo. En varios países ya se ha vacunado a los adolescentes y la FDA de los Estados Unidos, que es conocida por ser extremadamente exigente para autorizar la utilización de cualquier medicamento, la semana pasada autorizó con 17 votos a favor y 0 en contra la inmunización de niños de los 5 a los 12 años con la vacuna de Pfizer. Se utilizará la tercera parte de la dosis que para adultos. De nueva cuenta, aquí tampoco se tiene contemplado. El Secretario de Salud, que es un inmunólogo reconocido internacionalmente, dijo que la vacuna para niños no es apropiada porque entorpecería el desarrollo de su sistema inmune, lo que es inexplicable, ya que casi todas las vacunas que utilizamos se aplican en la infancia. Esa respuesta debe estar cubriendo las verdaderas razones, no científicas, por las que el gobierno no quiere vacunar niños. Por no atender las evidencias científicas hemos tenido muy mal manejo de la pandemia y muchas muertes que pudieron evitarse. No aprendemos, seguimos ignorando a la ciencia.