Todavía me retumba en los oídos la frase que escuché aquella noche frente a la Secretaría de Gobernación, pronunciada por un periodista desde un improvisado estrado y dirigida a los que acudimos a la concentración en repudio por el asesinato de la compañera Lourdes Maldonado: “Nosotros, los que vamos a ser asesinados…”.

De los numerosos mensajes de condena por el asesinato impune de la periodista, este fue el que me estalló en la mente porque me hizo recordar otro que me impactó muchos años atrás y que usó el periodista Philip Gourevich para titular su libro sobre lo que presenció del genocidio en Ruanda y que le valió el premio Pulitzer: “Queremos informarles que mañana seremos asesinados con nuestras familias”.

El mensaje en ambos casos es terrorífico porque, más que un llamado de socorro, es un mensaje de resignación, de desesperanza ante un Estado que no sólo fracasa a la hora de proteger a su pueblo, creando y ejecutando leyes para que los crímenes no queden impunes, sino que en demasiadas ocasiones las propias autoridades son cómplices o autores intelectuales.

Y, pese a todo, Lourdes no se resignó a correr la misma suerte que tantos compañeros. “Temo por mi vida” le dijo al presidente Andrés Manuel López Obrador, mirándole a la cara y frente a las cámaras de televisión, luego de recibir amenazas tras ganar un litigio laboral a su antiguo jefe y exgobernador Jaime Bonilla, declarado admirador del mandatario. De nada sirvió: fue asesinada el 23 de enero, seis días después de que fuera ejecutado el fotoperiodista Margarito Martinéz —también amenazado, también en Tijuana— y doce días después de que el reportero José Luis Gamboa fuera asesinado a puñaladas en Veracruz.

No había pasado aún la clamorosa indignación por el asesinato de Lourdes Maldonado cuando tres hombres armados acribillaron a balazos a Roberto Toledo en Michoacán. Cuatro en lo que va de 2022, como si México quisiera robar este año a Afganistán el título de país más peligroso del mundo para los periodistas.

“México consolidó su horrenda condición como el país más violento del hemisferio occidental para el ejercicio del periodismo y nada cambiará salvo que las autoridades den prioridad a garantizar que los periodistas no sean asesinados con impunidad”, lamentó Jan-Albert Hootsen, representante en México del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ en inglés). Y en su comentario está la clave de esta tragedia: la prioridad.

Mientras el presidente, o cualquier autoridad, dedique más energía en atacar a la prensa crítica que en proteger a los periodistas amenazados, el crimen organizado se sentirá tentado a callarles la boca para siempre a balazos. O será el mismo Estado el que los enviará a la cárcel o los forzará al exilio, como ocurre en Nicaragua, de donde huyeron de la represión del dictador Daniel Ortega unos 120 periodistas, entre ellos Carlos Fernando Chamorro, hijo del que fuera director del diario más influyente del país, asesinado por otro dictador, Anastasio Somoza.

“Si tuviera que decidir si debemos tener un gobierno sin periódicos o periódicos sin un gobierno, no vacilaría ni un instante en preferir esto segundo”, escribió el presidente Thomas Jefferson en 1787 para defender el derecho a la libertad de prensa. Gracias a esto, dos periodistas lograron tumbar al presidente Nixon, en su momento el hombre más poderoso del mundo, tras publicar sus corruptelas.

Mucho me temo que la respuesta a la siguiente pregunta ya la sabemos: ¿Habría ocurrido lo mismo, si el Watergate hubiese ocurrido en México o en cualquier país de la región, o más bien los periodistas estarían en peligro?