La Corte Suprema de Estados Unidos (de mayoría conservadora) desactivó la bomba nuclear que puso en marcha hace unas semanas la Corte Suprema estatal de Colorado (progresista), cuando, en un fallo histórico, prohibió que Donald Trump se postulase en ese estado por considerarle probado el delito de insurrección, cuando incitó a sus seguidores al asalto del Capitolio, el 6 de enero de 2021, para impedir que los congresistas certificaran la victoria de Joe Biden en las elecciones de 2020.

Los nueve jueces de la máxima corte estadounidense —tres progresistas y seis conservadores, de los que tres fueron elegidos por Trump cuando era presidente— coincidieron por unanimidad en sentenciar que no es competencia de los estados prohibir una candidatura a un cargo federal, y mucho menos si es presidencial. En otras palabras, que es "inconstitucional".

La consecuencia de este enorme victoria para el expresidente republicano es que Trump será candidato este Supermartes electoral en 15 estados (entre ellos Colorado, pero también los dos que dan más delegados, California y Texas). En estado de gracia precisamente por haber explotado con éxito su condición de perseguido, el magnate xenófobo y populista están en condiciones de arrasar en las primarias y asegurar la candidatura presidencial republicana de cara a las elecciones de noviembre, donde, además, es favorito en las encuestas nacionales.

Por motivos que desconozco, los jueces no entraron a valorar si Trump cometió o no el delito de insurrección, sino que se limitaron a señalar que sólo el Congreso, como señala la Sección Tercera de la Enmienda 14, puede votar si se prohíbe o no que un acusado de dicho delito se postule para la Presidencia.

Dada la inédita acusación de Colorado contra Trump, lo normal es que es la máxima corte hubiese explicado en la sentencia si considera que Trump trató o no de pervertir la democracia y el resultado de las elecciones de hace cuatro años. 

Pero Estados Unidos no es un país normal y mucho menos su sistema judicial, que prohíbe que un adolescente compre alcohol, pero no un fusil AK-47; que prohíbe a un ciudadano decente menor de 35 años postularse para presidente, pero sí se lo permite a un delincuente en la cárcel mayor de 35 años; y que deja en mano de los congresistas (y no de la Justicia) considerar que un presidente o un candidato presidencial sea apartado por delincuente, con el riesgo de que el Congreso lo exonere, si está controlado por el mismo partido del presidente o candidato. 

De hecho, tan posible es que, si Trump hubiese sido "juzgado" por insurrecto en el Congreso, habría salido indemne gracias a la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, la misma sede profanada por hordas trumpistas aquel 6 de enero de 2021, el momento más vergonzoso y peligroso de la historia moderna de EU. 

Lo triste de este caso es que, con la ley en la mano, los jueces del Supremo efectivamente no tenían otra opción que tumbar el fallo de Colorado. Por mucho que los magistrados del estado progresista justificaran que era su deber vetar a Trump porque cometió un delito gravísimo de insurreción, la Constitución no lo permite.

Esto es así porque la Constitución de EU no da poderes a los estados para impedirlo. 

En realidad, la anomalía es doble, como denunciaron las tres únicas juezas progresistas del Supremo: 

La primera ocurre porque la Sección 3  de la 14 Enmienda (escrita tras la Guerra Civil para evitar un asalto al poder de los confederados derrotados) otorga en exclusiva al Congreso el poder de decidir si alguien acusado de insurreción puede seguir siendo presidente o presentarse al cargo. Incluso si hubiera sido Trump el que hubiese derribado la puerta del Capitolio con un tanque, sólo el Congreso podría evitar que fuese candidato; y además, sólo sería vetado si lo decide una supermayoría de dos tercios de las dos cámaras.

En un Estado de Derecho moderno, debería ser el poder Judicial y no el Legislativo el que decida, al menos si los cargos del acusado son dos delitos políticos de extrema gravedad: traición a la patria o sedición (insurrección o incitar o conspirar para que ocurra). 

Y la segunda anomalía sucede porque esa misma  Sección Tercera no ordena por escrito a los legisladores a abrir un juicio político, incluso si es por insurrección.

Aunque los jueces del Supremo hubiesen sospechado que hay evidencias suficientes de que Trump debería ser impedido de participar en las elecciones, ni siquiera habrían podido obligar al Congreso a que lleve a Trump a juicio político.

Por tanto, si Biden pierde las elecciones en noviembre (o cree que le robaron las elecciones y que hubo fraude), también podría intentar revertir el resultado con amenazas a fiscales electorales, como hizo Trump en 2020, e incluso podría impunemente incitar a sus simpatizantes a que impidan que se proclame presidente en enero de 2025, aunque ello implique un nuevo asalto del Capitolio. 

No le pasaría nada porque, como ha señalado este lunes la Corte Suprema, sólo el Congreso podría juzgar al candidato insurrecto y, en caso de que ocurriese, le bastaría con retener su mayoría demócrata en el Senado para salvarle su pellejo senil.

Pero, que nadie se espante. Biden jamás llegaría a poner en peligro la democracia en EU, si pierde. Será un anciano con lapsus, pero no es un gangster como Trump.