Calidad de la democracia
El concepto “calidad de la democracia” es relevante en la discusión de la vida pública. De cómo nos gobernamos y elegimos a quienes nos regirán. Por tanto, existen diversas visiones o aproximaciones al mismo, que pretenden dar un panorama general de la salud de nuestras democráticas vidas sociales.
Me parece que hay dos elementos de esta idea que vale la pena tener presentes: respeto y ampliación de los derechos; y cumplimiento de las reglas.
El respeto y la ampliación de los derechos tiene que ver con el viejo ideal (¿o promesa?) del voto universal. Recordemos que cuando nacieron las democracias modernas, a finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX, tenían un cierto tufo aristocrático, dado que sólo podían votar hombres, que tuvieran ciertos ingresos, que pagaran impuestos y, muy comúnmente, que superan leer y escribir.
Solía, además, requerirse ingresos progresivamente mayores para acceder a cargos populares; en los hechos, sólo los hombres adinerados podían aspirar a los más altos cargos de gobierno.
Como puede observarse, grandes capas de la población, tales como las mujeres, las personas de bajos ingresos, y comúnmente también las de origen indígena, no podían participar en los asuntos públicos. Diversas razones se usaron para pretender justificar esta exclusión.
Pero a la vez surgió el ideal del voto universal: esto es, que la mayor parte de las personas tuvieran el derecho de opinar de los asuntos públicos, participar, tomar decisiones. Incluso llegar a las candidaturas.
El voto universal se aceptó así como un ideal al que debía llegarse. Esto implicó ampliar el reconocimiento de la ciudadanía a grupos que estaban excluidos, lo que proscribió la llamada democracia censitaria. Las mujeres, las personas de menores ingresos, etc.
Sin embargo una cosa es tener derecho a votar, y otra es acceder a candidaturas, a cargos públicos. No resulta suficiente la declaración legal de igualdad, dadas las diferencias estructurales que en la práctica impiden o dificultan acceder a esas posiciones.
Así ha resultado necesario implementar acciones afirmativas, que permitan mediante una decisión de autoridad impulsar el acceso a los puestos de representación de personas pertenecientes a grupos tradicionalmente subrepresentados.
En el caso de las mujeres, pasamos también a la regla de la paridad en todo.
La representación adecuada y real de grupos como adultos mayores, jóvenes, integrantes de la comunidad LGBTIQ, indígenas, personas aformexicanas, etc., han motivado definir tales acciones afirmativas. El reto ahora, me parece, se encuentra en cómo armonizarlas entre sí.
Por otra parte, el cumplimiento de las reglas es también un elemento fundamental. La materia electoral está regulada de manera que, en realidad, tengamos elecciones competitivas, entendidas según Przeworski como aquellas en las que quienes están en el gobierno, pueden perder.
Las elecciones competitivas reclaman entonces una serie de reglas que garanticen el derecho de la ciudadanía a efectivamente decidir quién debe gobernarla. Estas reglas, por tanto, no pueden ser tales que favorezcan a algún competidor, o que permitan que otro tome una ventaja indebida.
Por tanto, cumplir las reglas electorales no es meramente un asunto de legalidad. Es un asunto de fidelidad a la democracia.
La función de las autoridades electorales, en buena medida, es garantizar los dos aspectos que he abordado. Por un lado, pugnar por la ampliación de los derechos político-electorales; por otro, cumplir las reglas y, sobre todo, hacerlas cumplir a los actores políticos.
De esta forma, quienes organizan, califican y revisan las elecciones, no están meramente aplicando leyes. Están materializando las condiciones que permiten que, realmente, tengamos una democracia con un estándar mínimo de calidad.
Foto: Especial