Esta semana empezó a circular en las redes un supuesto proyecto de nuevo reglamento interno de la Secretaría de la Función Pública, una nota informativa al respecto (con faltas de ortografía), un mapa de la coordinación general de gobierno de órganos de control y vigilancia de esa dependencia y una presentación de la socialización de la reforma administrativa con identificaciones oficiales.

Estos documentos supuestamente han sido utilizados en sesiones de trabajo internas para lanzar una inminente reestructuración de la Secretaría de la Función Pública en dos vertientes: la integración de la competencia de supervisar las áreas de administración y finanzas de todo el gobierno federal y la reorganización de la función desconcentrada de mejora, auditoria, investigación y responsabilidades en el sistema de órganos internos de control y vigilancia.

El gobierno 2018-2024 optó por un modelo de centralización de la gestión pública que se reflejó en la reforma del 30 de noviembre de 2018 en el que concentró el nombramiento de los responsables de la administración y finanzas en dependencias y entidades, así como de las áreas jurídicas en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF), respectivamente, que significó un debilitamiento de la Secretaría de la Función Pública (SFP) porque se limitaron sus facultades normativas y su intervención en los procesos de consolidación de las adquisiciones.

En 2021, con el incómodo despido de Eréndira Sandoval de la Función Pública, que hizo una desastrosa gestión, el gobierno empezó a reconocer que su proyecto de reorganización de la Administración Pública Federal había sido un fiasco, lo que se refleja en la apreciación ciudadana del desempeño gubernamental que tiene una tendencia a la baja que contrasta con la popularidad presupuestal.

En 2022, se ratifica este reconocimiento del fracaso, con la presentación de la iniciativa de reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (APF) que, sustancialmente, proponía la devolución de las facultades a la SFP, que al inicio del sexenio se transfirieron a la Oficialía Mayor de la SHCP; la reclasificación de los órganos internos de control que implica su creación, transformación o supresión; la expansión de la figura de las Unidades de Administración y Finanzas a las entidades y órganos reguladores coordinados en materia energética, y el nombramiento de los titulares de dichas unidades (equivalentes a las oficialías mayores) y los dos niveles inferiores subordinados a estos por el secretario de la función pública.

En el viernes negro, 28 de abril de 2023, con las prisas e improvisación propias del gobierno de la 4T se aprobó, violando flagrantemente las normas parlamentarias, la reforma referida y con ello se concentró el procedimiento de contratación pública en la SFP, que conforme a la ley nombra a quien lleva a cabo la licitación y a quien lo supervisa y audita. Más opacidad no puede haber y será una fuente de corrupción. Esta situación se refleja en el proyecto de reglamento que circula en las redes y sus redactores tuvieron que hacer maroma y media para intentar garantizar autonomía de gestión de las áreas, que hoy quedan subordinadas al titular de la SFP.

Este año la Suprema Corte resolvió la acción de inconstitucionalidad 137/2022 y declaró inconstitucional el plan B de la reforma electoral por violaciones al procedimiento legislativo y este es un precedente que hace muy probable que las reformas del viernes negro sean expulsadas del ordenamiento jurídico y los efectos de la reforma se cancelen.

Estamos en el peor de los mundos, por un lado, la constitucionalidad de la reforma en revisión y por el otro un proyecto de reglamento de la SFP en proceso de aprobación que conserva una subsecretaría responsable de la administración y finanzas de toda la APF, la creación de 5 Coordinaciones Generales, 5 OIC especializados y 51 específicos, así como 58 órganos de control y vigilancia y 86 oficinas de representación. Un cambio sustancial a final de sexenio a menos de una semana de que el presidente, según sus propias palabras, entregue el bastón de mando a la corcholata designada por el pueblo que se expresa por la voluntad del presidente destapador.

Todo esto conduce a la SFP a un callejón sin salida y a una inestabilidad institucional en pleno proceso de preparación de la entrega del gobierno. Un proceso que conlleva, con optimismo burocrático, a medio año de trabajo y conciliación de estructuras, plazas y funciones, así como transferencias de recursos y cambios de los servidores públicos adscritos a los órganos internos de control. Mal momento para hacer una reforma de esta naturaleza, que empeora por la circunstancia jurídica que augura una declaración de inconstitucionalidad en puerta.

Afortunadamente, solo quedan 9 meses para las elecciones y 13 para el cambio de gobierno. No tendrán más oportunidad para seguir destruyendo a la función pública.

Investigador del Instituto Mexicano de Estudios

Estratégicos de Seguridad y Defensa Nacionales

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