Las plataformas digitales, la economía colaborativa y la Inteligencia Artificial (IA) están cambiando el rostro de los negocios, pero también la vida de las personas. Tomando en cuenta este impacto, en algunos países se han modificado y se han aprobado nuevos marcos legales para regular a estos sectores que, en el nombre de la tecnología, aseguran contar con grandes alcances y beneficios pero que se deslindan de los problemas asociados a una economía en donde nadie se hace responsable de estafas, fraudes o falta de transparencia.

Mientras tanto, depredan y terminan con la competencia. La regulación, por lo tanto, resulta indispensable para que estos nuevos jugadores tengan un piso parejo. Es por ello que aquí en México, el Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (IDET) hizo un llamado al gobierno federal, a los legisladores y a los órganos reguladores autónomos como el IFT, COFECE o el INAI, para construir en México un marco legal y regulatorio que imponga obligaciones a las plataformas digitales, que eviten que incurran en conductas indebidas, tal como ya lo han empezado a hacer autoridades de otros países.

Esto, después de que en los últimos días diversos medios expusieron comportamientos de diversas redes sociales, en particular Youtube, que supuestamente habría manipulado abiertamente la información sobre su alcance entre las audiencias de México para atraer inversión publicitaria de anunciantes y agencias de medios. En este sentido, destacó que un análisis realizado por la consultoría The Competitive Intelligence Unit (The CIU), con datos del IFT, concluyó que diariamente, 94.4 millones de mexicanos dedican poco más de 2.5 a consumir contenidos audiovisuales a través de televisión abierta y restringida, frente a 41.8 millones que lo hacen vía YouTube, pero por menos de dos horas. A través de un comunicado, el IDET reiteró que la información utilizada por YouTube para atraer inversión publicitaria está en abierta contradicción con la información que tanto el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) como el INEGI han publicado sobre los hábitos de los hogares de México en materia de consumos audiovisuales. Por otro lado, El IDET apuntó que esta situación expone que la ausencia de regulación para las plataformas digitales da lugar a conductas oportunistas que pueden afectar seriamente las condiciones de competencia en algunos mercados.

En el caso del mercado publicitario, explicó que la conducta que abusa de la falta de transparencia genera perjuicio a anunciantes y agencias de medios que terminan por invertir de manera ineficiente los valiosos recursos que tienen presupuestados para llegar con su mensaje a su grupo de enfoque, una clara intención de engañar a los distintos agentes que participan en la industria publicitaria, incluso a las autoridades. Pero esto, de acuerdo con el IDET, no solo significa perjuicio de anunciantes, sino también de consumidores mexicanos, que pueden llegar a pagar precios, de bienes, productos o servicios, por encima del que deberían pagar, por un costo de publicidad potencialmente mayor, que termina siendo traslado a los precios que pagan esos consumidores. Aunado a esto, los contribuyentes sufren un perjuicio porque como resultado de las debilidades del marco legal mexicano en materia tributaria para este tipo de plataformas, estas pagan menos impuestos en función de los negocios que llevan a cabo en México.

Estampas regulatorias

En Canadá, le cuento que el gobierno de Canadá aprobó una legislación que obliga a estos gigantes tecnológicos – YouTube y Tik Tok – para apoyar el contenido cultural de ese país. Me refiero a la llamada Ley C-11 que permite a la Comisión Canadiense de Radio, Televisión y Telecomunicaciones (CRTC), para vigilar que esta disposición cultural se cumpla.

Y en agosto de 2023, resulta que la Comisión Europea determinó que los gigantes de la red tendrán que evitar los contenidos ilícitos y, sobre todo, ser más transparentes. De no hacerlo, se harán acreedores a multas porque la Ley de Servicios Digitales establece una vigilancia estricta de la ejecución de los negocios en los que participan Google, YouTube, Amazon, Facebook, Instagram, X de Musk o TikTok.

Una de las grandes preocupaciones es la escasa responsabilidad que asumen frente a estafas. Ahora, los sitios de comercio deben poder rastrear a los vendedores para reducir las estafas. Así, sus algoritmos también están bajo lupa: las plataformas deben explicar cómo funcionan sus sistemas de recomendación y ofrecer alternativas sin personalización. Y, por supuesto, en cuanto a la publicidad, la LSD prohíbe dirigirse a menores o publicar anuncios basados en datos sensibles (religión, orientación sexual, etc.).

La pausa de los científicos o ¿por qué hasta ahora?

Al final del sexenio, con el reloj en contra, los científicos y activistas que, durante décadas pugnaron contra el deterioro de medio ambiente en el marco de la expansión de la apertura de la economía durante los sexenios panistas y priistas, tomaron una decisión controversial que tuvo como única excepción la decisión del ex secretario del Medio Ambiente, Víctor Toledo, quien abiertamente manifestó su oposición a las políticas ambientales del gobierno del presidente.

Toledo, por cierto, nunca negó su participación en esos movimientos de científicos con conciencia social que formaron parte de un segmento crítico de la academia que se unió al gobierno de la Cuarta Transformación.

Sin embargo, al iniciar esta administración, los temas ambientales se transformaron en un claro y directo blanco de ataque y politización. De hecho, después del incendio en el edificio de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) que resguardaba mucha de la documentación vinculada con las concesiones, surgieron otros temas vinculados con la infraestructura de gas natural, con los llamados “proyectos de muerte”. Si bien grupos sociales y comunidades participaban en estos movimientos, también se documentó la participación de académicos que apuntalaban las estrategias y narrativas y hasta los vínculos con contrapartes en el extranjero. Llegaron, incluso, ante al Tribunal de los Pueblos. Fue la propia María Elena Álvarez-Buylla, quien llegó a esa tribuna para denunciar los ecocidios en México. El problema fue que muchos de estos científicos con conciencia social, comenzando por la ahora directora del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, se integraron al gobierno. Entre la comunidad científica reconocieron a principios de 2019 que enfrentaba

Ahora, sin embargo, llama la atención que casi al terminar el sexenio, desde el Conhacyt que dirige la propia Doctora Álvarez- Buylla, se libere un documento en el que se da cuenta de esos ecocidios. La anécdota, en realidad, es que en medio de las crecientes críticas por las políticas públicas para proteger el medio ambiente y, para no enfrentar “conflictos de interés”, la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS), fundada en 2008 por María Elena Álvarez-Buylla, decidió poner en pausa sus actividades desde hace algunos meses. La UCCS, en la que participaba como integrante del Consejo Asesor el ex secretario del Medio Ambiente, Víctor Toledo, simplemente cerró su sitio de Internet al público. En la UCCS, también participaba el doctor en Economía Enrique Leff Zimmerman, quien ha hecho cuestionamientos sobre la Manifestación de Impacto Ambiental del Tren Maya. Junto con Toledo, Enrique Leff tiene como campo de estudio el área de la ecología política igual que Toledo. Anécdota para el análisis.