Hipocresía en estado puro. No hay explicación para el comportamiento de los líderes de la izquierda latinoamericana ante la “persecución judicial y mediática” a la que está siendo sometida, según denuncian, la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner.

Desde que el martes fuera señalada por el fiscal de su país, Diego Luciani, por abusar de su cargo para privilegiar a un empresario afín con contratos de obra pública, a cambio de repartirse el botín, comenzaron los golpes de pecho de mandatarios como el recién llegado a Colombia, Gustavo Petro, el boliviano Luis Arce (y su patrón, Evo Morales), y particularmente el mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien, para llevar por bandera el principio de no injerencia en asuntos de otros países, está resultando en los últimos tiempos el más injerencista de la región… Eso sí, sólo cuando le tocan a algunos de sus amigos.

Quien por la cercanía —y desde luego por oportunismo político— cruzó la línea roja fue el presidente argentino, Alberto Fernández. En vez de calmar las aguas en una sociedad de por sí polarizada, echó más leña al fuego al insinuar que el único fiscal que en el pasado se atrevió a tocar a Cristina fue Alberto Nisman, quien, oportunamente, apareció muerto en su departamento la noche antes de acusar a la líder kirchnerista de encubrir a los terroristas iraníes del peor atentado ocurrido en suelo argentino.

“Lo que le pasó al fiscal Nisman es que se suicidó, hasta acá no se probó otra cosa, yo espero que no… que no haga algo así el fiscal Luciani”, declaró Fernández, en un preocupante intento de intimidar a un dirigente del poder judicial, sólo porque no le gustan sus conclusiones.

En un estado de derecho, si un ciudadano, ya sea presidente de la nación o carnicero, cree que un fiscal o un juez está prevaricando —por el ejemplo, si se comprueba que los 12 años de cárcel que Luciani pide contra Fernández es un castigo desproporcionado o políticamente inducido— se le puede llevar a lleva a juicio.

Como bien dijo este jueves López Obrador, en alusión a la petición de inhabilitación perpetua para todo cargo público contra Cristina Fernández, "no se le puede impedir a nadie que quiera participar en política ser candidato o candidata solo porque se fabrica un supuesto delito, un poco lo que me hicieron a mí cuando el desafuero".

Lástima que no hubiera un periodista a su lado que le recordase que se calló como un perro cuando la dictadura de Daniel Ortega metió en la cárcel a Cristiana Chamorro, a la que inventó el cargo de “traición a la patria”, sólo porque era favorita en las encuestas y le habría ganado en las elecciones de 2021.

Y ahí están, Cristina emulando a Evita desde el balcón, jaleada por los suyos dentro y fuera de Argentina, y Cristiana pudriéndose en una cárcel.

Lo dicho, hipocresía pura.