El debate ideológico ha sido la prioridad de la autollamada 4T. Las cifras reales -que contrastan con las otras cifras del presidente López Obrador- mostraban en 2018 que los mexicanos habíamos avanzando lento, pero en sentido correcto con la creación de varias de las instituciones e implementación programas que exigieron un gran esfuerzo durante lo que despectivamente el presidente denomina “el periodo neoliberal.”

Entre los años 1982-2018, hubo avances en democracia, participación ciudadana, salud, educación, infraestructura, integración económica, modernización financiera, gestión pública, agricultura, comercio internacional y un larguísimo etcétera y se superaron las profundas crisis heredadas en las que nos hundió el populismo autoritario de los años setenta. Lo que era y sigue siendo muy preocupante es la extendida corrupción en todos los ámbitos de la vida pública y en la relación de las empresas con las autoridades.

Los datos sobre la corrupción y el daño económico que provoca un gobierno venal son escalofriantes. El INEGI la mide en la encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental (Encig), que se levanta desde el 31 de octubre de 2011 y cuyos resultados del 2021 se publicaron el 24 de mayo de 2022 en la línea de los trabajos sobre la gobernanza democrática impulsados por la OCDE.

El costo de los actos de corrupción en Mexico al realizar pagos, trámites o solicitudes de servicios públicos y otros contactos con las autoridades ascienden a 9,500 millones de pesos, es decir, 3,044 pesos por persona. Las cifras son altas, pero hay que reconocer que eran 25% más altas en 2019.

En este contexto, el presidente López Obrador declara lo que es obvio “si el modelo neoliberal se aplicara sin corrupción, no sería del todo malo” (El Universal, 25-05-22). Nada es malo por naturaleza, ni totalmente malo y menos un modelo que nunca se aplica con pureza. No hay realidad que aguante la aplicación rígida de un esquema racional o ideológico.

En lo que se equivoca el presidente es que afirma que durante 50 años no se mencionaba la corrupción. Sólo hay que recordarle que en 1982 se inició un amplio proceso de renovación con profundas reformas constitucionales y la emisión de leyes de responsabilidades, contratación pública, rendición de cuentas, transparencia y profesionalización, entre otras para combatirla.

Todo el sexenio de Peña Nieto, paradójicamente, el combate a la corrupción fue un tema central del discurso de la función pública y hubo muchos esfuerzos institucionales, que resultaron infructuosos. Hoy, el gobierno 2018-2024 tampoco ha sido muy efectivo en la prevención de la corrupción en los altos niveles del gobierno.

La corrupción es un cáncer, pero esta no puede ser el único argumento para justificar una acción pública. El reconocimiento presidencial de que el neoliberalismo no es malo por naturaleza llegó demasiado tarde. En los primeros 3 primeros años de gobierno se han desmontado instituciones que habían demostrado que mejoraron las condiciones de vida de los más desprotegidos. Hay que señalar que había conductas indebidas, pero esta circunstancia no era justificación para proceder a la destrucción sistemática de los construido con tanto esfuerzo. Había que sancionar, lo que no se ha hecho todavía.

Lo ideológico afectó el juicio de quien gobierna y sin un análisis correcto ordenó la desaparición, por ejemplo, del seguro popular con todo lo bueno que proporcionaba -aumento de la cobertura de la atención en salud- y lo sustituyó por el INSABI que fracasó y tuvo que entrar al quite IMSS Bienestar. Demasiado tarde para los 15.6 millones de personas que perdieron el acceso a los servicios médicos gratuitos.

Cuando se busca las motivaciones de la mayoría de las acciones de la transformación y se encuentra que es un alegato ideológico, hay que preocuparse porque el resultado no será el óptimo. Tan absurdo es la propuesta de los puros del neoliberalismo de que la gestión de lo público por un particular conduce a la maximización del bienestar social en virtud de la competencia como pensar que una estructura burocrática centralizada es la solución a todos los problemas del país.

No hay modelos perfectos cuando se aplican a la realidad. Estos sólo existen en la cabeza de los ideólogos. El arte de gobernar es una constante revisión de las circunstancias y una toma de decisiones con base en datos buscando el mayor beneficio posible al mayor número de personas. Un gobierno democrático pone en el centro de su acción a la persona humana tanto en su individualidad como en su carácter de ser social.

El gobierno basado en la ideología y alejado de la legitimación por resultados logra una popularidad efímera porque suele evitar las decisiones difíciles que no gustan al pueblo. López Portillo fue querido hasta cuando lloró en medio de la desgracia que su demagogia causó y después se tuvo que refugiarse en la colina del perro en medio del ostracismo político y social. Todavía no es demasiado tarde.  

Investigador del Instituto Mexicano de Estudios

Estratégicos de Seguridad y Defensa Nacionales

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