En un hecho sin precedentes, Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR), contra seis consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE). La denuncia, según Gutiérrez Luna, es por la probable comisión de delitos de coalición de servidores públicos y abuso de autoridad. Los seis consejeros demandados son: el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, así como los consejeros Ciro Murayama Rendón, Dania Paola Ravel Cuevas, Jaime Rivera Velázquez, José Roberto Ruiz Saldaña y Beatriz Claudia Zavala Pérez; además, Gutiérrez Luna, también la emprendió contra Edmundo Jacobo Molina secretario ejecutivo de este órgano constitucional autónomo.

Tales delitos están previstos y sancionados por el artículo 216 del Código Penal Federal. Presuntamente estos consejeros habrían violado los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia que deben observar en el desempeño de su cargo al votar a favor de que se pospusiera la consulta para la revocación de mandato prevista para marzo de 2022. Claramente, se trata de un exceso y un despropósito político y jurídico del presidente de la Cámara de Diputados. Claro monitoreado desde la cúpula del poder.

Este dislate es producto de los ataques, orquestados desde Palacio Nacional, contra el INE; pero, está situado en una escala mayor porque se trata de una acometida llevada a cabo desde el poder Legislativo; por quien preside esa rama del Congreso de la Unión. Por ello, no es exagerado afirmar que Gutiérrez Luna, ha provocado una crisis institucional de gran calado. Este agravio contra la autoridad electoral muestra, sin tapujos, la intolerancia, y el desprecio que se tiene en la 4T contra la democracia constitucional. Es el ambiente de crispación que se ha producido conscientemente para ir acotando paulatinamente a las leyes e instituciones de la república e imponer una autocracia populista; como un gran cinturón de acero que se va estrechando progresivamente para asfixiar a la democracia liberal mexicana y sustituirla por una tiranía demagógica. En esta operación se han dado pasos muy concretos para debilitar o anular los frenos y contrapesos. Uno de ellos es, sin lugar a dudas, el INE. Institución que nació para romper el círculo vicioso irregularidades-impugnaciones que caracterizó al Viejo Régimen (Ancien Régime). Así se pudieron garantizar elecciones libres y competidas supervisadas por un órgano autónomo y ciudadanizado. Ese fue un paso decisivo de nuestra transición a la democracia.

Lo que ahora pretende López Obrador es echar atrás las conquistas democráticas que se lograron después de largas luchas sociales y políticas: arrebatarle al gobierno el control sobre los comicios.

De qué tamaño sería la reacción en contra de la marrullería de Gutiérrez Luna que López Obrador tuvo que arrecular. En una de las mañaneras dijo: “Ya la Corte emitió un fallo para que continúe el proceso de revocación de mandato y que se cumpla con eso porque lo establece la constitución, que es la ley de leyes, y lo demás, pues, no lo considero conveniente.” (El Universal, 27/12/2021).

Así, el presidente de la Cámara de Diputados, el guarda espaldas, el palero, el zapador, quedó en ridículo. La Senadora panista Kenia López Rabadán, celebró [y muchos de nosotros con ella] que López Obrador le haya puesto un alto a las intenciones irresponsables del diputado Sergio Gutiérrez, luego de que el jefe del Ejecutivo hizo esas declaraciones; en los hechos el hombre de Macuspana, Tabasco, reprobó la denuncia del presidente de San Lázaro contra los consejeros del INE.

En mi concepto, López Obrador, simple y sencillamente echó de cabeza al legislador veracruzano; lo sacrificó. La Senadora López Rabadán lo dice así: “Hoy ya le pararon, le pusieron un alto, el propio Presidente de la República ya le puso un ‘estate quieto’, porque evidentemente no puede ser por la vía penal como se diriman estos temas, es una incongruencia.” (Idem.) Pero, obviamente, Gutiérrez Luna no actuó por su propia cuenta; más aún, en una cosa tan delicada, a menos de que sea medio bruto.

Sea como fuere, la cuestión es que el lance sirvió para que los once consejeros del INE cerraran filas: el domingo 26 de diciembre sacaron un comunicado contra la persecución penal y sin sustento, iniciada en contra de seis de ellos y el Secretario Ejecutivo del Consejo General pues en “las democracias la opinión no se persiguen como delitos.” En ese comunicado los once consejeros electorales del INE expresaron que “es muy preocupante que el Presidente de la Cámara de Diputados pretenda convertir un diferendo legal en una persecución penal, con denuncias ante la Fiscalía General de la República contra Consejeros y Consejeras que votaron en favor del acuerdo mencionado [aplazar la realización de la consulta para la revocación de mandato].” (Excelsior, 26/12/2021).

Este comunicado adquiere mayor significado en la medida en que la votación sobre el aplazamiento o no de la consulta sobre la revocación de mandato fue muy pareja: seis votaron a favor (que son los seis imputados por Sergio Gutiérrez) y cinco en contra. Los consejeros y consejeros dejaron a un lado sus diferencias para actuar como una sola fuerza en defensa de la autonomía del INE.

Es seguro que las agresiones desde el poder contra el INE continuarán. El punto está en que no sólo haya cohesión entre los consejeros y consejeras, sino que la sociedad respalde a ese órgano constitucional autónomo que se ha convertido, hoy por hoy, en un bastión fundamental de la democracia constitucional mexicana.