El Estado de derecho y la gobernabilidad democrática
El World Justice Proyect (WJP) es un observatorio ciudadano que publica bianualmente un reporte sobre el Estado de derecho que mide la situación que guardan ocho factores relacionados con el mismo como son los límites al poder gubernamental, la ausencia de corrupción, el gobierno abierto, los derechos fundamentales, el orden y la seguridad, el cumplimiento regulatorio, la justicia civil y la justicia penal en las 32 entidades federativas. El cuarto reporte 2021-2022 muestra un deterioro que se explica por tres tendencias: el debilitamiento de los contrapesos institucionales a los gobiernos estatales y una contracción del espacio cívico, el deterioro en los sistemas de justicia penal y la falta de avances en materia de anticorrupción (https://worldjusticeproject.mx/indice-de-estado-de-derecho-en-mexico-2021-2022/, consultado el 5 de enero de 2023).
Estado de derecho
El Estado de derecho, desde el enfoque jurídico-político, es la prevalencia de un orden previo a la actuación de una autoridad que en su origen se identificaba con el respeto al principio de legalidad y que en la actualidad se amplía a partir de la teoría de los derechos humanos y los valores democráticos occidentales relacionados con el límite al ejercicio del poder, así como el respeto y promoción de los derechos de las minorías, la diversidad cultural y la inclusión de los grupos tradicionalmente excluidos como las mujeres, los niños, los discapacitados y los pueblos indígenas.
El Estado de derecho, en la imaginaria social, es aquel en el que los poderosos tanto los políticos como los ricos están sometidos a un orden jurídico justo conocido con anticipación que permite la distribución de los beneficios del esfuerzo común y previene y castiga la actuación arbitraria y caprichosa de los individuos, grupos sociales o mayorías electorales.
Los enfoques del concepto son similares, pero distintos y ambos son indispensables para crear las condiciones para un desarrollo sostenible e incluyente. WJP, independientemente de su posición ideológica y fuente de financiamiento, es una organización que mide como se la efectividad de las garantías a los derechos de las víctimas, la adhesión real al debido proceso, la imparcialidad, independencia y ausencia de corrupción en el sistema de justicia penal y la efectividad de las investigaciones hechas por la policía y el Ministerio Público. El resultado es desalentador en los últimos dos años y esto afecta la convivencia social armónica y pacífica.
Estas reflexiones son oportunas por los sucesos de esta semana, el abatimiento del capo mexicle Don Neto y la captura de Ovidio Guzmán, uno de los chapitos, en la que hubo enfrentamientos y muertes de delincuentes, policías y soldados, así como pánico social por las reacciones violentas de las organizaciones criminales que mostraron una gran capacidad de fuego.
Una golondrina no hace verano y, aunque las tendencias del reporte del WJP muestran un ligero avance en algunos factores de seguridad y percepción de la seguridad por los ciudadanos, la presencia del crimen organizado en varias regiones del país continúa afectando las actividades sociales, económicas y políticas. Hay que reconocer que los gobiernos de Chihuahua y el Federal se quitaron sendas espinas. El primero la escandalosa fuga de reos del domingo primero de enero y el segundo el fallido operativo del “culiacanazo” del 2019, pero debe reconstruirse el tejido social y fortalecer las instituciones.
Las especulaciones sobre los efectos políticos inmediatos, el triunfalismo oficialista y la descalificación sin sustento relacionadas con las operaciones policiacas y militares en Chihuahua y Sinaloa llenan los medios de comunicación. Todos jalan agua para su molino, pero en el fondo lo que ya es inaplazable, desde hace dos décadas, en la reconstrucción del Estado de Derecho en los dos enfoques señala que es la única via para que haya una gobernabilidad justa e incluyente y esto no es una tarea que se realice de la noche a la mañana, ni es responsabilidad exclusiva de los gobiernos.
Lo cierto es que la demanda ciudadana de resultados en materia de seguridad pública ha ocasionado que los gobiernos, el actual y los pasados, se vean orillados a recurrir a las estrategias efectistas de comunicación social basada en la captura de peces gordos de la delincuencia y la confiscación de grandes cantidades de droga para demostrar que avanzan en la reconstrucción del Estado de Derecho, pero esto no es suficiente a todas luces.
La gobernabilidad democrática sólo es posible en una Estado de Derecho vigente y reconocido por la población. Cualquier acción que debilite a los grupos delincuenciales es bienvenida, pero no es correcto festejarla como el comienzo del fin de esta pesadilla que estamos viviendo en México reflejada en el número de muertos y desaparecidos y en el desplazamiento de núcleos poblacionales por el temor a la delincuencia. Enhorabuena y no debemos quitar el dedo del renglón. El desarrollo con seguridad humana es la misión de los gobiernos federal, estatales y municipales.
Investigador Nivel I del Sistema Nacional de Investigadores
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