Joaquín Narro Lobo

Los derechos de las minorías y la oposición

03/08/2022 06:10

Cuando pensamos en el concepto ‘democracia’, es común hacerlo imaginando un gobierno en el que las decisiones se toman de acuerdo con la voluntad de la mayoría. La memoria de lo que nos han repetido hasta el cansancio – el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo – nos permite tener claro este concepto fundamental de la vida colectiva. O cuando menos, eso creemos. Es verdad que la democracia es una forma de gobierno en la que su conformación se realiza de acuerdo con la voluntad mayoritaria de la comunidad y, a partir de ese momento, la definición sobre las acciones a seguir se explica y justifica “en nombre de la voluntad popular”. Pero si en la democracia la voluntad que le da origen es de carácter mayoritario, ¿qué sucede con la voluntad de las minorías?

Al momento de explicar la democracia, uno de los juristas más importantes del siglo XX hace referencia a lo que se conoce como los derechos de las minorías. En su obra Esencia y valor de la democracia, Hans Kelsen nos explica que, si bien la democracia implica el gobierno de la mayoría, es justamente eso, el carácter mayoritario y no unánime u homogéneo, el que justifica la existencia de las minorías. Como si fuera una moneda con dos caras, la democracia se resignifica por asumir decisiones políticas o de Estado que los gobernantes suponen serían apoyadas por esa mayoría que los llevó al poder, pero también como un régimen de derechos y libertades que les permita a las minorías existir, participar y aspirar a convertirse en mayoría. Si, como hemos señalado en nuestras anteriores colaboraciones, la oposición política se refiere a la inconformidad, crítica y rechazo al gobierno y quienes lo conforman, es lógico suponer que esta se compone por alguna o varias minorías que fueron derrotadas en un proceso democrático. De esta manera, eso que Kelsen denomina ‘los derechos de la minoría’ no son otra cosa que los derechos de la oposición.

Los derechos de las minorías o la oposición al interior de una democracia consisten en las obligaciones del Estado para garantizar su existencia y participación en la vida política, ya sea a través de los partidos políticos representados en los órganos legislativos o bien mediante acciones llevadas a cabo directamente por aquellas personas que no simpatizan con el gobierno. Si la intervención de los partidos de oposición o las acciones realizadas por los ciudadanos se encuentran apegadas a la ley y no vulneran los derechos de terceros, cualquier gobierno que se asuma como democrático deberá emprender las labores necesarias que permitan el libre ejercicio político de todo aquél que no se sienta conforme con el desempeño gubernamental e incluso con la ideología y los principios que este represente.

Así pues, al vivir dentro de una democracia – incipiente y en riesgo, pero democracia al fin – todos aquellos que no se encuentren conformes con la manera en la que es llevado el gobierno, en lo individual, organizados en grupos o asociaciones o militando en partidos políticos, tienen el derecho de asumirse como opositores a este y a participar en política con el objetivo de construir una alternativa que en el próximo proceso electoral sea valorada por la ciudadanía y eventualmente pueda convertirse en la opción con el mayor número de apoyos. De igual manera, quienes simpatizan con el gobierno tienen la tarea de argumentar y defender aquel proyecto en el que creen y al que apoyan, abriéndose al diálogo, la discusión y la construcción de acuerdos. De eso se trata la democracia. Esas son las caras de la misma moneda que, imperfecta e inacabada, nos garantiza las mejores condiciones para el desarrollo de la vida colectiva y la realización de los proyectos individuales.