El desarrollo es uno de los conceptos más frecuentes en el ejercicio político de cualquier Estado. Para establecer el alcance del desarrollo como concepto de la vida de las personas dentro de un Estado, conviene revisar la Resolución A/RES/51/240, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. En este documento se señala que “el desarrollo constituye una de las principales prioridades de las Naciones Unidas. El desarrollo es una empresa multidimensional para lograr una mejor calidad de vida para todos los pueblos”. En nuestro marco normativo, el artículo 26 de la Constitución Federal plantea la existencia de “un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación”.

A pesar de la prioridad internacional y el compromiso nacional reflejados en ambos documentos, resulta difícil sostener que el desarrollo como concepto integral de la vida del Estado sea hoy una prioridad. El esfuerzo multidimensional para conseguir la mejora en la calidad de vida del pueblo a partir de un crecimiento sólido, dinámico, competitivo, permanente y equitativo de la economía que logre la independencia y democratización política, social y cultural de la nación, parece más un discurso político vacío de contenido que una realidad tangible. En el ámbito que se deseé analizar, ya sea en los indicadores macro y microeconómicos; en las condiciones sociales de acceso a salud, educación, alimentación y vivienda; en la capilaridad y movilidad social a partir de la mejora en el ingreso; en el cuidado al medio ambiente y la convivencia armónica con nuestro entorno natural; en la disminución de la desigualdad de individual, colectiva y regional, los datos y la realidad misma nos dejan claro que mejorar la calidad de vida del pueblo no ha sido siquiera remotamente relevante para nuestro gobierno.

En este contexto, el desarrollo como prioridad del ejercicio del poder debe convertirse en un elemento fundamental de la agenda del Estado que proponemos sea establecida. El desarrollo que establece en el artículo 26 de nuestra Constitución debe convertirse, junto con la justicia, la igualdad, la libertad y la solidaridad, en la razón de ser no solo de un programa de gobierno o de la actitud de la alta burocracia nacional, sino del proyecto de país para las décadas siguientes y, sobre todo, para las próximas generaciones. Se requiere del compromiso con un crecimiento económico acorde al verdadero potencial de nuestro país que se ocupe no del mejoramiento de cifras y estadísticas, sino de la satisfacción de necesidades elementales como alimentación, salud, vivienda, agua, educación y cultura. Es indispensable el apoyo a las pequeñas comunidades rurales y semiurbanas para explotar sus vocaciones, aptitudes y capacidades e integrarlas en regiones que permitan contar con mejores condiciones de vida. Finalmente, necesitamos ser capaces de combinar todo lo anterior con el cuidado al medio ambiente, así como con el reconocimiento y respeto a los derechos de todas las personas como individuos y no solo como pequeñas partes de ese ‘todo’ que es el Estado.

En la agenda de fundamentales del Estado, el desarrollo en general, así como sus tipos específicos – económico, social, humano, individual, comunitario, regional, sostenible y sustentable – deben convertirse en uno de los ejes sobre los que se construya nuestro futuro. Sin desarrollo real y sostenido, la viabilidad de alcanzar y consolidar una democracia como proyecto de vida colectiva es prácticamente nula. Más aún, un pueblo solo puede subsistir cuando evoluciona y se transforma a partir del mejoramiento constante de las condiciones de vida de sus integrantes. El desarrollo no debe ser un elemento del discurso político ni una simple promesa de campaña, sino parte fundamental de la razón de ser en la vida individual y colectiva dentro del Estado.

Profesor de la UNAM y consultor político

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