Educación: la demolición
Es preocupante el silencio y la indiferencia de la ciudadanía mientras la SEP perpetra, unilateralmente, de manera soterrada, silenciosa, un crimen de lesa patria. La reforma educativa que impulsa es un embrollo doctrinario irrealizable en la práctica, aunque no hay duda que AMLO lo impondrá por sus pistolas.
La SEP actúa con un móvil político: concertar su acción con las ideas populistas del presidente de la república. El resultado es predecible: la educación nacional sufrirá un nuevo descalabro en lo material y en lo pedagógico.
A la crisis histórica, inducida por la masificación acelerada y el empobrecimiento material y académico del sector, se agregaron los efectos devastadores de la pandemia. Sobre estos dos enormes desastres, se sumará uno más que tendrá efectos demoledores sobre la educación.
Hablamos de educación; de la columna vertebral de nuestro desarrollo. El peligro que la nación corre es condenar a la nación a un más grave derrumbe y a las nuevas generaciones a la incompetencia, a hacer frente a la vida sin las herramientas indispensables para tener éxito en el mercado de trabajo y disfrutar una vida constructiva; en otras palabras: despojarlos de cualquier perspectiva de futuro.
Esto es un crimen que se comete a espaldas de la sociedad, que atropella ostensiblemente la legislación educativa y se burla de los maestros y de los ciudadanos. Lo que se logrará es empujar a la educación a su destrucción.
Ese crimen de lesa patria nació de la mente desorbitada de un pequeño grupo de ideólogos encabezado por el filólogo Marx Arriaga. Este núcleo de intelectuales no tomó en cuenta lo que realmente sucede en las aulas y, desde la clausura de sus cubículos, construyeron un Frankenstein discursivo con piezas tomadas aquí y allá de doctrinas delirantes, rabiosas, que enfatizan hasta el absurdo conflictos y contradicciones inherentes a las sociedades capitalistas modernas.
Omitir la práctica real de la educación es el principal error de estos expertos. Cualquier reforma educativa debe partir de lo que se hace en las aulas, eso constituye el principal fundamento para pensar lo que es posible y lo que no es posible cambiar. No se pueden cambiar de un día al otro, en un 100%, la experiencia, los hábitos de trabajo, los usos y costumbres de los maestros sin generar un desorden colosal y suscitar resistencias y conflictos de todo orden.
Ese proyecto delirante pide a los maestros hacer lo imposible. Los autores del modelo de “educación comunitaria” imaginan seguramente que están consumando una Revolución Cultural como la de China; aspiran a cambiarlo todo, a eliminar el control de las élites neoliberales sobre la educación y poner ésta en manos del pueblo. Pero, en realidad, la única herramienta que poseen para llevar a cabo ese cambio es su rollo doctrinario (incompleto) que, por añadidura, es bizantino, complejo, con una jerga nueva difícil de asimilar para cualquier persona. Por añadidura, ese proyecto rico en aporías, disparates y sueños --no ingenuos sino perversos--, es desconocido por el 98% del magisterio (que son en total 1.2 millones).
Tampoco lo conocen los padres de familia de los 24 millones de alumnos a los que el proyecto atribuye (ilegalmente) responsabilidades educativas que son exclusivas de la escuela. Esto significa que la vida familiar será perturbada por la reforma. Los padres de familia, además, deberán dar su anuencia por escrito para que sus hijos salgan (se supone que frecuentemente) de la escuela para trabajar en la comunidad, lo cual, en muchos casos, involucra serios riesgos y peligros (pensemos en las regiones de violencia extrema).
La SEP necesita, por tanto, construir en el plazo de un año un consenso sólido, basado en información pormenorizada, entre los progenitores de los alumnos. Pero necesita, además, concertar acuerdos con las comunidades que rodean a 228 mil escuelas, lo que implicará no sólo acuerdos políticos cupulares con los jefes municipales, sino una aprobación explícita de la ciudadanía que verá afectada seriamente su vida cotidiana y sus actividades de todo tipo.
La idea de convertir a las comunidades locales en el centro del proceso educativo es una ocurrencia irrealizable. Materialmente irrealizable. No se pueden intervenir las comunidades impunemente: se necesita re-ordenarlas y prepararlas con anticipación con negociaciones y acuerdos. Para que maestros y alumnos trabajen en la comunidad es necesario --además de la autorización paterna--, asegurar protección de la policía para garantizarles seguridad y se necesita además la aprobación de los habitantes de la comunidad, principalmente, de aquellos que tienen negocios en el espacio local.
Pero numerosas comunidades urbanas (de la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Ciudad Juárez, Tijuana) simplemente no cubren las condiciones mínimas para convertirse en espacios educativos
Las comunidades reales son, en innumerables casos, espacios pobres, desorganizados, caóticos, en permanente cambio y las comunidades urbanas (80% de la población) son cualquier cosa, menos lugares propicios para educar. Muchas veces son entornos viciados, tóxicos, refugios de delincuentes, donde dominan la ilegalidad, las conductas disolventes, la violencia, el crimen y el narcotráfico. La misión del Estado y de la escuela no es meter a los niños en estos medios, sino, en todo caso, sacarlos de ahí ellos para protegerlos de sus perversas influencias.
Escuelas elaboradas con carrizo en Oaxaca
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