Intuyo que, en nuestra vida pública, compuesta no sólo por quienes hacen política, sino por toda ciudadana y todo ciudadano que participa en los asuntos de gobierno, ya sea votando u opinando, hay una división entre dos éticas aplicadas a la labor de gobernar.

La primera la entiendo como una ética de las intenciones, consistente en afirmar que lo relevante para tomar una decisión, diseñar una política o incluso la estructura de una instancia de gobierno, es lo correcto de los propósitos, anclados estos en principios considerados correctos y generalmente aceptados.

Ahora bien, no sólo se trata de las buenas intenciones por sí mismas, sino que las mismas se manifiestan y encarnan en una persona o conjunto de ellas, que las llevan a cabo con la convicción de los principios adecuados.

¿Esto garantiza un resultado positivo?, no creo que quienes sostengan esta aproximación ética afirmen que siempre sea así, pues el acto político está sujeto a avatares, ya sea de la misma vida pública o de otros campos, como la economía, las relaciones internacionales, los vaivenes de la opinión pública, etc.

Sin embargo, quienes se adhieren a esta idea, podrán decir que se trata de una forma correcta de entender la función pública, pues se justifica por los principios que inspiran la acción, y se garantiza por la corrección ética de quienes la implementan.

Así, se requiere personas que estén dotadas de autoridad moral para gobernar, a las que hay que otorgarles un amplio margen de acción, estimando que obrarán conforme sus personales estándares éticos.

La segunda aproximación se aleja de las intenciones como tales, así como de las virtudes propias de quienes gobiernan, ya sea una persona, un grupo, o incluso una decisión colectiva tomada mediante mecanismos de democracia participativa o deliberativa.

Para quienes afirman que la ética de los procedimientos es la adecuada para obrar en política, lo correcto es que se defina la manera en que se van a tomar las decisiones, garantizando que se incluyan todas las voces relevantes que quieran participar.

Esta inclusión no es exclusiva de las personas poseedoras de un conocimiento arcano, técnico o científico específico, sino de todas aquellas que tienen algo que decir respecto de la decisión final, ya que serán afectadas por la misma.

Recuerde usted que estoy hablando de democracia, no de aristocracia.

La virtud en el procedimiento debe llevar a una decisión mayoritariamente aceptable, y por tanto, se debe de cuidar la manera en que se llega a esta. Para garantizar su ejecución, deben diseñarse instituciones, procesos, leyes, que no confíen en la ética de las personas que las integrarán, sino que prevean lo que debe hacerse, como ejecutarse, y las sanciones en caso de omisión.

Como espero haber dejado claro, no es lo mismo redactar un proyecto de gobierno desde la primera postura que partiendo de la segunda.

De fondo, la ética de las intenciones se fundamenta en creer que las personas somos buenas en esencia, y que es posible reconocer la existencia de valores o principios más o menos permanentes; también en que el gobierno debe ser conducido por personas moralmente ejemplares, que no requieren un entramado legal que les obligue a actuar como tales, pues ya lo son.

El problema con esta visión me parece, es que construye un ejercicio de gobierno que, en manos perversas, se beneficie de la amplitud otorgada.

Por su lado, la ética de los procedimientos parece surgir de la intuición de que las personas solemos actuar por interés, ya sea para mejorar nuestra situación o la de nuestros cercanos (y no solo en lo económico, sino en cualquier área que consideremos importante), y que los valores, más allá de su enunciación, deben ser llenados de contenido mediante un ejercicio dialógico. Aquí no resulta necesario que quien gobierne sea una persona virtuosa, sino que esté constreñida por las normas y la estructura institucional a actuar como tal.

Esta postura tiende a construir una estructura que lleve al inmovilismo, por tanto, al mantenimiento de injusticias ancestrales.

Desde luego, cada postura da vida a una noción de república distinta. Tal vez en esta división se encuentre el origen de la discrepancia política que existe entre personas de buena voluntad.