De acuerdo con estándares internacionales, un país o una región debería tener como estándar mínimo, un total de 2.8 elementos de policía por cada mil habitantes. Este indicador ha sido retomado en México por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para elaborar la parte central de su Modelo Óptimo de la Función Policial.

Hay que considerar que a nivel mundial, el estándar está considerado para países en paz y con condiciones de seguridad pública y ciudadana “normales”; pero este dato debe sopesarse sobre todo en un país como el nuestro, en el que la tasa de mortalidad por homicidios es de al menos 4.5 superior al promedio mundial, pues, en efecto, mientras que en el mundo la tasa de mortalidad por homicidio intencional es de 6.5 casos por cada 100 mil habitantes, en México la tasa reportada en 2020 fue de 29 casos por cada cien mil.

Desde esta perspectiva es fundamental subrayar que, de acuerdo con la información oficial, en el país se tenía, hasta el cierre del año 2020, una tasa de únicamente 1.2 policías por cada mil habitantes. Es decir, México se encuentra con un indicador 1.33 veces menor al que se sugiere como estándar a nivel planetario.

En números absolutos la cifra es más que preocupante. Si México quiere alcanzar el estándar internacional, respecto del número de elementos que integran a las fuerzas policiales que operan en los estados de la República, requeriría pasar de los 127,840 policías en activo y que han acreditado exámenes de confianza (hasta la fecha de corte señalada), a la cifra de 224,528 uniformados locales. Es decir, hasta el corte del cierre del año pasado, en México había un déficit de 101,458 elementos de policía.

Habrá que esperar la actualización de las cifras al cierre del 2021, pero dadas las condiciones de restricción presupuestaria, los cambios de gobierno que hubo en más de mil alcaldías, y la propia dinámica delictiva que hay en las regiones más peligrosas de México, donde se está acelerando la renuncia o deserción de personal de seguridad pública, se antoja difícil que se haya mejorado sustantivamente en los indicadores.

Ahora bien, de acuerdo con los datos disponibles en los sitios de internet de algunas de las corporaciones policiacas locales en México, los mejores salarios promedio de las y los elementos de las policías municipales no superan los 16 mil pesos mensuales, llegando a casos extremos en los que se pagan seis mil pesos mensuales por arriesgar la integridad física y la vida por portar un uniforme policial.

Para contrastar estos datos, hay que considerar, por ejemplo, que las y los integrantes de la policía local de Madrid, tienen un salario de aproximadamente 1,500 Euros mensuales, es decir, alrededor de $34,500 mil pesos mensuales, más las prestaciones que les otorga la Ley. Por otro lado, las y los elementos que menor remuneración reciben en la Interpol, llegan a un salario base de 2,118 Euros por mes, es decir, el equivalente a alrededor de 49 mil pesos mensuales, más prestaciones y gastos de traslados. En los Estados Unidos de América, se estima que el salario promedio de las y los elementos de policía y detectives locales es de alrededor de 32 dólares por hora, es decir, un promedio base de alrededor de 5,120 dólares por mes, más las prestaciones que les da la Ley. En todos estos casos, las jornadas de trabajo en campo son de 35 horas semanales.

Otras diferencias (y sobre dotado deficiencias) que tiene México respecto de los estándares internacionales es la capacitación y formación que reciben las y los agentes policiacos, así como los requisitos mínimos de formación previa exigidos para incorporarse a las fuerzas del orden. En los mejores de los casos, en México hay programas de 900 horas de formación, que exigen casi un año en academias locales; en los peores, se trata solo de cursos de cuatro meses que aseguran, si acaso, que no se disparen a sí mismos con sus armas de cargo.

Todo esto debe conducir, entre otras cuestiones, a la reflexión sobre el modelo de federalismo que tenemos en México, y los mecanismos de asignación de recursos, de su ejercicio y comprobación, transparencia y rendición de cuentas, no sólo administrativa, sino también respecto de la eficacia y pertinencia con que se aplican tales recursos.

De acuerdo con la información contenida en el Diario Oficial de la Federación, del 3 de marzo de este 2021, los recursos autorizados por el Congreso para el ejercicio fiscal, transferibles a los municipios de todo el territorio nacional, fueron de 7,687.92 millones de pesos. Una cantidad muy elevada (que es independiente al presupuesto asignado al Ejército, Marina Armada de México y Guardia Nacional), pero cuyos resultados siguen siendo poco menos que deplorables.

Mejorar las condiciones de seguridad pública exigen la profesionalización de policías de corte civil, que sean altamente eficaces, que gocen de prestigio y reconocimiento social, donde haya controles eficaces en contra de la corrupción y el abuso del poder, en las cuales haya una noción clara de respeto y compromiso con la defensa de los derechos humanos, la perspectiva de género y la perspectiva de los derechos de las niñas y los niños; y en las cuales se desarrollen las capacidades necesarias para cumplir con su vocación y función principal: ser entidades de prevención del delito, y de auténtica seguridad y protección ciudadana.

Investigador del PUED-UNAM

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