Julian Paul Assange, australiano de nacionalidad, fundador en 2006 de la ahora muy famosa organización WikiLeaks, corre el riesgo de ser extraditado a Estados Unidos para ser juzgado por varios delitos, 18 en total, que se le imputan en ese país, entre ellos el de espionaje. Como se sabe, una corte británica, el tribunal de magistrados de Westminster, decidió el fin de semana pasado obsequiar la petición de las autoridades estadounidenses para su extradición. De acuerdo con la legislación británica, la decisión del tribunal debe ser validada por el ministerio del Interior para ser ejecutada. La defensa legal de Assange tiene 30 días para apelar la sentencia de las cortes e incluso para llevarla a la consideración de la Suprema Corte de ese país si así lo estima conveniente. De manera que se mantiene una pequeña ventana legal para impedir la extradición, a todas luces injusta -menos las de la parte acusadora. De acuerdo con lo que ha venido siendo difundido en la prensa, la pena que podría adjudicarse a Assange alcanzaría hasta 175 años de prisión. Parece ridículo.

Hace más de una década, WikiLeaks permitió al gran público enterarse de algunos de los secretos y las prácticas indebidas de autoridades estadounidenses en el marco de una filtración masiva de cientos de miles de documentos denominados en su momento como los expedientes de “Iraq Logs War” y “Afghanistan War Diary”, entregados por el analista de inteligencia militar Edward Manning, más adelante Chelsea Manning, al reivindicar una identidad femenina para sí, y quien fue sometido a corte marcial en 2013, acusado de violaciones a la ley de Espionaje. Estos materiales fueron publicados por WikiLeaks entre abril de 2010 y abril de 2011.

Para muchos, lo que hizo Assange fue un acto extraordinario de transparencia, aún cuando su método pudiera ser cuestionado. Para otros, presumiblemente los menos, fue un acto ilegal y punible que puso en riesgo la seguridad nacional de un país. El resto de la historia es de sobra conocido, desde su asilo en la Embajada de Ecuador en Londres hasta su encarcelamiento en Reino Unido. El drama humano de Assange ha sido evidente en estos más de diez años no sólo por el trato de héroe y villano que ha recibido de seguidores y detractores sino también por lo que ha implicado su aislamiento.

La organización Amnistía Internacional (AI) ha expresado que la posible extradición de Assange a Estados Unidos constituye una grave amenaza para la libertad de prensa, además de que lo pone en una situación de peligro y fragilidad. Para AI, “la confirmación por la ministra del Interior de Reino Unido de la solicitud de extraditar a Julian Assange violaría la prohibición de la tortura y sentaría un alarmante precedente para editores y periodistas de todo el mundo.”

Concretamente, Agnés Callamard, secretaria general de AI, afirmó que Reino Unido “tiene la obligación de no enviar a nadie a un lugar donde su vida o su seguridad corra peligro, y el gobierno no debe abdicar de esa responsabilidad. Callamard ha sido enfática al señalar que “la reclusión prolongada en régimen de aislamiento es algo frecuente en las prisiones de máxima seguridad de Estados Unidos”, y esa práctica “constituye tortura u otros malos tratos, prohibidos por el derecho internacional”. (“Extradición de Assange amenaza la libertad de prensa, según AI”, Inter Press Service, 20 abril 2022, https://ipsnoticias.net)

El argumento más sólido de Callamard, aunque no exento de polémica según el ángulo con el que se le mire en la defensa del activista australiano, es que, de aprobarse su extradición a Estados Unidos, ello “sería devastador para la libertad de prensa y para la ciudadanía, que tiene derecho a saber lo que están haciendo los gobiernos en su nombre. Publicar información de interés público es una piedra angular de la libertad de prensa.”

Especialistas sostienen que la defensa que promueve Amnistía Internacional es muy relevante hacia futuro, ya que si Londres decide que otro país ejerza la jurisdicción penal extraterritorial para juzgar a una persona que publica material en otro país, es decir desde Reino Unido, se sentaría un precedente por el que otros países podrían recurrir al mismo mecanismo legal para enjuiciar y encarcelar a periodistas “y silenciar a la prensa más allá de las fronteras de su propio país”.

Da la impresión de que el mundo tiene cosas más importantes que atender en la presente coyuntura que perseguir a un supuesto delator de información reservada hace más de diez años. Los jueces mandarían un poderosa señal negando la extradición y acordando la eventual liberación del perseguido.

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