Hay un rasgo del proyecto de reforma electoral, presentada por Andrés Manuel López Obrador, el jueves 28 de abril de 2022, que los analistas han pasado por alto: las anteriores modificaciones en esta materia—comenzando por la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, de 1977—habían sido, previamente, consensadas. Esa fue la base sobre la que se sustentó la transición a la democracia en México, la inclusión. Lo singular de la iniciativa de AMLO es su carácter excluyente: no fue previamente consensada.

Después de la crisis de legitimidad social provocada por el movimiento estudiantil del ’68 y de que José López Portillo, en las elecciones de 1976, no tuviera un solo competidos, se decidió que era hora de cambiar. Por ese motivo, López Portillo, lanzó dos grandes reformas: de una parte, la reforma administrativa, plasmada en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (aún vigente), instrumentada por Alejandro Carrillo Castro; de otra parte, la reforma política, con la ley ya mencionada, previamente acordada con las diversas fuerzas presentes en la vida pública (de manera visible o semi clandestinamente) de la nación, por Jesús Reyes Heroles.

Es curioso y no carente de significado que la transición a la democracia en México se haya llevado a cabo mediante “pactos parciales”. Fundamentalmente, quedó plasmada en reformas electorales que fueron aclarando, paulatinamente, el panorama político del país. Por ejemplo: en 1986, una nueva norma jurídica sumó otros 100 diputados de representación proporcional a los 100 que ya habían sido establecidos en 1977. Además, se permitieron las candidaturas comunes. Esto último fue lo que abrió paso a la creación del Frente Democrático Nacional (FDN) que presentó la candidatura del Ing. Cuauhtémoc Cárdenas a la presidencia de la república, en 1988. Sin embargo, como el control de las elecciones lo tenía la Secretaría de Gobernación, en ese entonces encabezada por Manuel Bartlett, a través de la Comisión Federal Electoral, se cometió un desvergonzado fraude electoral que puso ilegítimamente en la presidencia de la república a Carlos Salinas de Gortari.

Con ese déficit de legitimidad, Salinas de Gortari no tuvo otra opción más que ceder a las presiones de la oposición para crear el Instituto Federal Electoral (IFE); pero aún presidido por el Secretario de Gobernación. La reforma de 1996, sacó al Secretario de Gobernación y permitió que el IFE fuese presidido por un ciudadano, José Woldenberg. Además, esa reforma reafirmó que los partidos recibirían, para su financiamiento, dinero público y abría equidad en el acceso a los medios de comunicación. Eso facilitó la alternancia: después de 71 años ininterrumpidos en el poder, el PRI cedió el mando pacíficamente a otro partido, el PAN, en la persona de Vicente Fox. Con ese gesto, el PRI, se ganó el derecho a regresar al poder por la vía de las urnas. Y así sucedió: en 2012 Enrique Peña Nieto asciende al poder. Este, a su vez, le cedió la silla presidencial, de manera democrática y pacífica, a Andrés Manuel López Obrador.

Pero, si bien, López Obrador llegó legítimamente al poder, es decir, siguiendo las normas establecidas, ha ejercido el poder de manera autoritaria. Una muestra de este autoritarismo es la forma y contenido de su iniciativa de reforma electoral: por primera vez, desde 1977—como hemos insistido aquí—no sale de un diálogo y un acuerdo previamente establecidos con las fuerzas políticas. Se trata de un proyecto unilateral y, por tanto, en el sentido lato del término, como decía Hans Kelsen, “autocrático”, excluyente.

Sabemos que, desde hace tiempo, el hombre de Tepetitán trae un pleito a capa y espada con el INE y, en especial, con Lorenzo Córdova y Ciro Murayama. El tabasqueño quiere desaparecer ese órgano constitucional autónoma, a como dé lugar. Y, en efecto, su proyecto de reforma propone desaparecer el Instituto Nacional Electoral (INE) para crear el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC). Deliberadamente, no se dice si este nuevo organismo seguirá gozando de la autonomía que ostentó el INE o más bien, como es de suponerse, volverá a ser un órgano dependiente de la Secretaría de Gobernación como la Comisión Federal Electoral, de tan infaustos recuerdos.

Uno de los esfuerzos más relevantes de la transición a la democracia fue que en México hubiese una mayor representatividad de las fuerzas políticas; o sea, que el Congreso fuese “el espejo de la nación”. Dicho de otro modo: así como estaba compuesta la sociedad mexicana, con toda su pluralidad y riqueza de planteamientos ideológicos, así debía reflejarse en los órganos de representación popular. Eso lo logramos con base en la introducción de los diputados de representación proporcional. ¿Qué dice la propuesta de reforma electoral de López Obrador sobre ellos? Simple y sencillamente los desaparece.

Respecto del financiamiento de los partidos políticos, debemos decir que, en todas las anteriores reformas se acordó que recibieran financiamiento público para evitar que “quien tenga más dinero, más poder acapare”, y, particularmente, para impedir que entrara en las elecciones el dinero sucio del narcotráfico. Pues bien, la reforma de López Obrador retira el financiamiento público a los partidos políticos; esto sólo ocurrirá en tiempos de campaña.

Hay que decirlo claro y fuerte: el proyecto de reforma electoral de Andrés Manuel López Obrador es un proyecto regresivo; quiere echar atrás todo aquello que logramos con gran esfuerzo desde 1977 en la “transición a la democracia en México” y quiere darle continuidad a su proyecto autoritario.

Lo que nos llena de regocijo es que, al igual que sucedió con su propuesta de reforma eléctrica, esta iniciativa de reforma electoral, no pasará.