Estoy en desacuerdo con la retórica de odio de AMLO y repruebo la mayoría de sus políticas por equívocas y disparatadas, pero creo que, en la narrativa que ofrece a los mexicanos – que le ha dado tanta popularidad-- hay un conjunto de mitos que debemos identificar y criticar.

El más importante de ellos es la promesa de perseguir y acabar con la corrupción.

Esa promesa ha sido la divisa emblemática del actual gobierno. En los hechos, sin embargo, ha sido un total fracaso. Este fracaso se explica, en primer lugar, por la negativa de AMLO de perseguir a las personalidades públicas de gobierno anteriores, aunque hubieran incurrido en delitos de corrupción.

Es decir, AMLO se comprometió a no aplicar la ley por parejo y hacer excepciones. Esa decisión unilateral la expresó en su discurso de toma de posesión con estas palabras: “Dije que no es mi fuerte la venganza, y que, si bien no olvido, sí soy partidario del perdón y la indulgencia…(en consecuencia)… propongo al pueblo de México que pongamos un punto final a esta horrible historia y mejor empecemos de nuevo, en otras palabras, que no haya persecución a los funcionarios del pasado”

¿Puede el presidente de la república hacer promesas públicas en materias que corresponden por ley al poder judicial? ¿Sobre qué base legal un presidente puede decidir a quién sí y a quién no se aplicará la ley? Esta declaración fue un absoluto despropósito, una desmesura que sólo se explica por la idea totalitaria que AMLO tiene del poder presidencial.

Se sabe muy bien que el actual Fiscal General es una persona que proviene del círculo cercano al presidente y se sospecha, por lo mismo, que la fiscalía se subordina a sus dictados. Esta subordinación explicaría, entre otras cosas, la exoneración expedita que recibió el general Salvador Cienfuegos --secretario de la Defensa en el sexenio anterior-- tras ser acusado en Estados Unidos de delitos contra la salud y lavado de dinero.

Una excepción a la regla de no perseguir a funcionarios de gobiernos anteriores fue la persecución y procesamiento de Rosario Robles Berlanga.

Rosario Robles Berlanga fue funcionaria del gobierno anterior y, sin embargo, ha sido procesada por la FGR. El móvil de esta excepción a la regla que hizo el presidente --a través del Fiscal General—es probablemente la venganza pues no olvidemos que Robles tuvo una relación íntima con Carlos Ahumada autor de los llamados “video-escándalos” (2004) en los cuales varios colaboradores de AMLO fueron exhibidos recibiendo “donativos” por miles de dólares.

No ha habido en el sexenio una “cruzada contra la corrupción”. AMLO se ha mantenido, en general, fiel a su promesa: no ha habido persecución por casos de corrupción de altos funcionarios de gobiernos anteriores.

Aunque, claro, se continuó con el proceso contra Emilio Emilio Lozoya, ex director de Pemex que recibió cuantiosos sobornos de la empresa brasileña Odebrecht en los que fueron involucrados numerosos funcionarios del sexenio anterior, incluyendo al secretario de relaciones exteriores de entonces.

Pero el juicio contra Lozoya ha sido una burla a la ley y a la sociedad. Se le detuvo en España y se le trajo a México, pero no pisó la cárcel, estuvo un año en su casa y sólo después de un escándalo se decidió encarcelarlo. Sin embargo, su proceso ha sido cubierto por manto de opacidad y silencio.

De ser juzgado de manera expedita, el caso Lozoya mandaría a la cárcel a no pocos personajes que colaboraron con Enrique Peña Nieto; sin embargo, el manejo que ha tenido ilustra con claridad la poca voluntad que AMLO y sus secuaces tienen de perseguir a fondo a los corruptos del sexenio anterior. (¿Existió acaso, como se rumora, un pacto político AMLO-Peña Nieto para que éste último interviniera a fin de debilitar la campaña Ricardo Anaya a cambio de que se le garantizara impunidad en el actual sexenio?)