¿O cuál es más de culpar, aunque cualquiera mal haga:
la que peca por la paga o el que paga por pecar?
Sor Juana Inés de la Cruz

En diversos índices, encuestas y multiplicidad de estudios sobre la corrupción, los resultados proyectan que este fenómeno es uno de los que más preocupa y aqueja a la ciudadanía, en específico, a la población mexicana y otros países de América Latina.

El Barómetro Global de la Corrupción: América Latina y el Caribe 2019, de Transparencia Internacional, por ejemplo, muestra que el 53% de la población latinoamericana y del Caribe, piensa que la corrupción empeora y que el gobierno no logra combatirla efectivamente; aun así, el 77% de los ciudadanos piensa que ellos pueden marcar la diferencia en la lucha contra la corrupción.

Aunque la ciudadanía vincula la comisión de hechos de corrupción con el servicio público y/o la clase política, también reconoce que han pagado sobornos no sólo porque se los hayan pedido, sino por conveniencia o gratitud, circunstancia que, desde luego, también hace de ellos agentes de la corrupción.

Una de las clasificaciones que de la corrupción hace Transparencia Internacional, toma en cuenta la cantidad de dinero implicado y/o la naturaleza de sus actores. A partir de esta división, podemos hablar de gran y de pequeña corrupción. La primera consiste en los actos cometidos en los niveles altos de gobierno (alta clase política, funcionarios públicos de importancia, grandes empresas), que buscan el beneficio de unos pocos a expensas de la mayoría, involucran la distorsión de políticas públicas o de funciones centrales del Estado; mientras que la segunda se traduce en el abuso cotidiano del poder que se ejerce desde la función pública, en sus interacciones con los particulares, quienes a menudo intentan acceder a bienes o servicios en sitios como hospitales, escuelas, departamentos de policía, para obtener algo que requiere del gobierno (un permiso de construcción, una licencia de manejo, un acta de nacimiento).

De acuerdo con diversas encuestas, el soborno (la infortunada, pero clásica “mordida”) es la falta administrativa más común. Tanto que se le normaliza y en una concepción falaz y ciertamente extendida, parece asimilarse como un hecho no corrupto y es que uno de los problemas con la “pequeña corrupción” es que la ciudadanía la normalizamos o ni siquiera la identificamos y, en consecuencia, no generamos para con ella un sentimiento de reprobación moral auto complacidos por una supuesta insignificancia o intrascendencia de ese actuar.

Otro gran problema con la pequeña corrupción es que esta se multiplica por miles. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG 2019), por cada 100 mil habitantes en México, 15 732 experimentaron un acto de corrupción. Mala noticia si comparamos estas cifras con la de la ENCIG 2017, en la que por cada 100 mil personas que acudieron personalmente a realizar algún trámite, 14 mil 635 experimentó al menos un acto de corrupción.

Además de que la pequeña corrupción contribuye al incremento de este fenómeno por su reproducción caso a caso, al mismo tiempo afecta la economía de los ciudadanos. La propia ENCIG 2019 registró que los costos de la corrupción ascendieron a 12,770 millones de pesos, equivalentes a $3,822 anuales por persona, contra los 7,218 millones de pesos y costo personal de 2,273 pesos en el ejercicio 2017. La corrupción pequeña no sólo no se contuvo, sino que tuvo un incremento sensible.

Dice el profesor Mauricio Merino que no importa cuántos peces gordos logres atrapar, mientras el agua en la que ellos nadan siga siendo la misma. Yo añadiría que tampoco debe ser el objetivo capturar peces, ni gordos ni flacos, mientras no tengamos claro que se trata de un fenómeno sistémico y que, para combatirlo, lo primero que de debemos hacer volvernos conscientes de que lo que hacemos o dejamos de hacer siempre importa y que, aunque suene a cliché, siempre se requiere de un primer paso, de un individuo que, sumado a tantos otros, formen un motor de cambio, ciudadanos con actitudes responsables capaces de modificar su entorno.

Justamente de la importancia del comportamiento individual, surge lo que para mí constituye la esencia del Sistema Nacional y de los sistemas locales anticorrupción: la participación ciudadana, que no es cuestión exclusiva de un Comité. Se trata de una tarea generalizada, de todas y todos, es cotidiana y permanente y la primera forma de erradicarla es evitando incurrir en ella. Hagamos de aquél 77% de ciudadanos bienintencionados sólo en potencia, ciudadanos actuantes con potencia.