Francisco Báez Rodríguez

Mineros abandonados

09/08/2022 06:05

El 31 de marzo de 1969, en Barroterán, Coahuila, una explosión en la mina de carbón, acabó con la vida de 153 mineros. A pesar de los esfuerzos desesperados por salvarlos -algunos mineros rescatistas se metieron entre el grisú y terminaron perdiendo el conocimiento- ninguno de los que quedaron atrapados sobrevivió.

Varios de los mineros de Barroterán habían participado, años antes, en 1951, en la llamada Caravana del Hambre, que recorrió 1,500 kilómetros, partiendo de Nueva Rosita, en pos de democracia sindical y mejores condiciones de trabajo. Esos mineros no fueron ni siquiera recibidos por el entonces presidente Miguel Alemán.

El presidente Díaz Ordaz, tras la tragedia, fue a Barroterán, adonde ya habían acudido el gobernador Braulio Fernández y el líder del sindicato minero, Napoleón Gómez Sada. Magnánimo, obsequió una máquina de coser a cada viuda, para que se ayudaran, ahora que no estaría más el hombre de la casa para procurar el sustento familiar.

No era la primera tragedia en esa región carbonífera. Ha habido trabajadores muertos en ella desde 1885. Tampoco podía ser la última. Antes y después de Barroterán, hubo varias a lo largo de los siguientes años, normalmente con pocas víctimas y más en los pozos semirregulares que en las minas grandes.

Eso, hasta el 19 de febrero de 2006, cuando por acumulación de gases colapsaron varios túneles de la mina propiedad del Grupo México. Quedaron atrapados 65 trabajadores. Sólo se pudieron recuperar dos de los cuerpos, a pesar de los esfuerzos humanos y técnicos. No quedó claro ni siquiera a qué profundidad habían quedado los cadáveres.

Lo que sí quedó claro es que los mineros, con anterioridad, habían protestado repetidas veces acerca de las condiciones de trabajo, en particular, por las altas concentraciones de gas metano en la mina. No fueron escuchados, y las autoridades de prevención de la Secretaría del Trabajo no hicieron nada para arreglar la situación, que terminó por ser fatal. Eso sí, hubo minuto de silencio en la Cámara de Diputados y acusaciones de indolencia al entonces presidente Fox (quien no visitó la zona de desastre).

Ahora tenemos una nueva tragedia minera, en la zona de Sabinas, con 10 mineros atrapados, probablemente ya muertos, porque así suele suceder en las minas de carbón. Y, de nuevo, vemos una breve visita presidencial, acompañada por un esfuerzo notable para el rescate, que empieza por sacar decenas de miles de metros cúbicos de agua simplemente para poder acceder, porque la mina se inundó.

Es una historia que se repite una y otra y otra vez, con diferentes números de fallecidos, presidentes a cargo y operaciones de rescate más o menos espectaculares y más o menos fallidas.

Porque lo que no ha cambiado en lo fundamental son las condiciones laborales en las minas de carbón. Hay diferencias, claro, entre los trabajadores sindicalizados de las grandes minas y los que se arriesgan todavía más en los llamados “pocitos”. Pero a la hora de toparse con la posibilidad de la muerte son diferencias de matiz, y no de fondo.

Hay aquí un abandono histórico, que no se puede tapar con palabras bonitas. Y hay una clara, tal vez intencionada, falta de trabajo en las tareas de prevención y seguridad. En 2021, sólo 11 por ciento de los centros de trabajo minero fueron inspeccionados; y es de suponer que la proporción en los “pocitos” fue todavía menor. La Secretaría de Economía calcula que 23 por ciento de los mineros trabaja en el sector informal (con salarios menores y sin las prestaciones de ley).

De hecho, el pozo donde ocurrió el siniestro reciente está a nombre de un joven que habría contratado a los mineros a título personal, registrándolos en el IMSS, pero que no tiene concesión alguna. Es, muy probablemente, un prestanombres, porque ese carbón se vende y todo mundo sabe que es a la Comisión Federal de Electricidad.

Lo que tendremos en los próximos días es una suerte de espectáculo macabro, el de la búsqueda de los restos de los desgraciados que murieron en un trabajo inhumano. Algo similar a la promesa, difícil de cumplir, que hizo el presidente López Obrador, acerca de la recuperación de los cuerpos de los que murieron en Pasta de Conchos. Para darles digna sepultura.

Pero los mineros vivos son los que importan más. Importan para que no haya más muertos. En Coahuila calculan que han fallecido unos tres mil en el último siglo. Posiblemente se quedan cortos. Se dice fácil, pero son muchas vidas humanas cegadas con tal de que haya carbón que alimente de energía a las empresas generadoras de electricidad, de antes y de ahora. Eso, sin contar los severos problemas de salud que suele conllevar la actividad minera. Cada uno deja años de vida en la mina, literalmente.

Y sin duda los mineros deberían importar más que los intereses de las grandes empresas del ramo, que los de los beneficiarios de adjudicaciones que utilizan a prestanombres o que los de las empresas que compran carbón barato, por aquello de la austeridad, la soberanía energética y/o los negocios de los compadres.