La nacionalización, en términos jurídicos, se entiende como el acto unilateral de la autoridad política para transferir al gobierno o empresas de su propiedad, bienes y derechos privados para fines de explotación y control. Esta es una forma de intervención estatal propia del Siglo XX, que está reconocida como facultad estatal en la Carta de derecho y deberes económicos del Estado, aprobada por la Asamblea General de la ONU el 12 de diciembre de 1974, presentado por el presidente de México Luis Echeverría en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo celebrada en Santiago de Chile en 1972.

La nacionalización de los recursos naturales en México se llevó a cabo con la promulgación de la Constitución de 1917 que trasmitió el dominio originario directo, inalienable e imprescriptible de estos a la Nación. La nacionalización de la industria eléctrica fue el 29 de diciembre de 1960, unos meses después de la compra de lo que sería Luz y Fuerza del Centro.

La nacionalización de 1917 fue la primera en términos modernos y fue anterior a la soviética, aunque la mexicana no fue no tan profunda y extensa. Toda nacionalización suele decretarse en forma general e impersonal y tiene como propósito primordial que el gobierno adquiera unos derechos o un conjunto de bienes de diversa naturaleza, especialmente, propiedad de extranjeros.

Entonces, lo que el gobierno presume como una “nueva nacionalización” sólo es una promesa de compra de activos (lo suscrito entre el gobierno y la empresa española Iberdrola fue un memorándum de entendimiento según las declaraciones del secretario de hacienda), que dista mucho de ser una declaración unilateral voluntad de índole general en el que se reivindica el derecho y deber bienes extranjeros mediante el pago de una compensación apropiada.

Si hubiera ocurrido una nacionalización, por la naturaleza autoritaria de la misma y la incertidumbre de la determinación de la indemnización correspondiente, las acciones de la empresa afectada hubieran caído en su valor en el mercado de valores, lo cual no aconteció, ya que subieron en su monto de cotización como una señal de aprobación de los accionistas ante la posibilidad de venta de los activos de 13 plantas de generación de energía eléctrica en México.

El anuncio del presidente el pasado 4 de abril es una compra hostil del gobierno, que es el propietario de CFE, para reducir la participación de un competidor extranjero en el mercado de generación de energía eléctrica y para que está se realizara hubo una estrategia para orillar a la empresa española a vender sus activos a un fideicomiso privado a un precio relativamente conveniente para ésta en razón a que la batalla legal había sido prolongada y sin fin cierto o favorable garantizado para las autoridades.

El paquete de plantas, aparentemente, incluye 12 térmicas y un parque eólico. Las primeras son de ciclos combinados con alto grado de eficiencia, es decir, operan con combustible dual (gas natural o diésel), permiten un doble proceso de generación a partir del aprovechamiento de la energía térmica o vapor producido con el proceso inicial de generación. Sin embargo, la rentabilidad varía significativamente en función del combustible primario utilizado.

Lo anterior y la falta de más información hace imposible obtener conclusiones precisas sobre la conveniencia de la operación para el gobierno, la empresa extranjera, CFE y los usuarios de la electricidad. Hay dos discursos maniqueos: el presidencial y sus panegiristas que lo conciben como parte de la salvación de la patria de manos de los extranjeros y sus aliados neoliberales y el empresarial que califica a la acción de compra como contraria a la libertad de mercado y, por tanto, desalentadora de la inversión en el sector.

Lo que si se puede afirmar que la compra no rescata a CFE como empresa productiva del Estado la simple razón de que no lo necesita. Las acciones de los últimos años, como la apertura del mercado de generación de energía eléctrica, tenía como propósito que la CFE fuera más competitiva en esa actividad y mejorara sus costos de operación y concentrara su inversión en la red de transmisión y distribución que es un área reservada en exclusiva para el gobierno en los artículos 25 y 28 constitucional. Nunca se pretendió su desaparición, sino todo lo contrario que era convertirla, en una estrategia de apertura, en la empresa líder de un mercado competitivo que aprovechara su capacidad para que se ofreciera mejores precios y condiciones a los usuarios.

En cambio, la compra que agrega activos bajo el control directo de la CFE en la generación de energía implica una mayor plantilla de personal y mayores costos de operación y una diversificación de esfuerzos, con bajos incentivos para un mejor desempeño. Esto hace previsible que, para mantener los precios al consumidor se recurra al subsidio. Además, la adquisición implica una carga financiera que se reflejará, más temprano que tarde, en los costos en perjuicio del usuario o, en caso de que haya transferencias presupuestales, en el bolsillo del contribuyente.

El discurso oficial es otra noble mentira, propaganda pura. No hay nacionalización alguna y el supuesto de CFE es cuestionable.

Investigador del Instituto Mexicano de Estudios

Estratégicos de Seguridad y Defensa Nacionales

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