Cuando más se necesita
No puede disimularse. La responsabilidad que asume López Obrador y su coalición legislativa es inmensa, proporcional a la dimensión del trabajo electoral que va a enfrentar nuestro país en el año 2024, o sea, el año en que se estrenaría él -su- “plan B”. Entraría en acto un cambio que, según sus propios verbos “reduce, elimina, extingue, acorta” las estructuras y las atribuciones de todas (sí, todas) las autoridades electorales del país. Vean ustedes la magnitud del problema práctico, visible ya a la vuelta de la esquina.
Se ha presentado el asunto como si sólo se renovara a la presidencia de la república, pero de su lado, también votaremos por los titulares de mil 784 ayuntamientos -en 29 estados-; en paralelo se eligen mil 784 alcaldías, además de mil 929 sindicaturas y 14 mil 138 regidurías. No sólo eso: entran en juego las 16 alcaldías de la Ciudad de México y sus 240 concejales. Nueve gobernaturas estarán en disputa más 30 congresos estatales completos, y por si fuera poco, en los comicios de 2024 se renovará el Poder Legislativo federal: 128 senadores y 500 diputados (véase Ivonne Ortega, La Silla Rota http://bit.ly/3E2ZhIh).
Estamos hablando de cientos de miles de precandidatos y candidatos que alguien deberá registrar y verificar, para el cumplimiento de los requisitos de ley y que buscarán el voto de 94 millones de ciudadanos que deberán ser validados, ubicados y sus datos protegidos, en la lista nominal de cada elección.
¿Cuál es la respuesta del “plan B” a este que es, el más grande y complicado desafío electoral de la historia? Pues… debilitar a las autoridades encargadas, reducirlas, restarle capacidades y restarle personal e infraestructura.
Trabajadores durante elecciones en México
Si tan sólo fuera por el tamaño del trabajo electoral implicado (recuerden que el INE se encarga de tener listos todos los padrones, todos los vecinos que vigilan la elección, toda casilla para todas esas elecciones en todo el país) lo inteligente sería dejarlo a la institución y a los organismos locales ya probados en ese difícil oficio. Pero no es así: el juego pasa por desmantelar lo que funciona.
Esta, que es una realidad imposible de ocultar, no obstante, se ha discutido muy poco. Por eso, el viernes pasado en la Junta de Coordinación Política del Senado, fue subrayada en un documento presentado por 84 organizaciones sociales que acudimos para dejar patente nuestro rechazo y nuestra alarma ante una decisión que compromete la organización electoral, la competencia democrática y al cabo, la estabilidad política del país (documento disponible en http://bit.ly/40Q1Nvh).
De modo que, a los vicios que ocurrieron en el proceso legislativo; a los 21 bloques violatorios de la Constitución (Senador Monreal dixit); al atropello de los derechos laborales contra miles de trabajadores electorales; a los daños más allá de los comicios -como la protección de datos personales y al derecho a la identidad-; al desperdicio que supone dinamitar capacidades de sobra probadas y al alud de impugnaciones que inundará al Poder Judicial, al Tribunal Electoral y a la Suprema Corte, se agrega también la irresponsabilidad de mutilar una estructura nacional, precisamente en el momento en que más se necesita.
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