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El mes pasado, Patricia, una niña de 6 años que hacía malabares en un una esquina de la avenida Nuevo León, fue atropellada por una camioneta. A pesar de las atenciones del servicio médico, la niña falleció. No obstante los grandes avances realizados en materia de derechos humanos, son una realidad que existen circunstancias de vulnerabilidad a las que ciertos sectores de la población están todavía sometidos.
Las niñas, niños y adolescentes en situación de calle se encuentran en una condición de fuerte desventaja social y económica, pues por lo general son víctimas de entornos familiares violentos e insanos que les impiden contar con una vida digna. Además, en muchas ocasiones los menores de edad que sobreviven en espacios públicos son víctimas de delitos, entre los que se encuentran los sexuales, la trata de personas y la explotación laboral, misma que está tipificada como delito en el artículo 190 bis del Código Penal de la Ciudad.
De acuerdo a dicho precepto, quien por cualquier medio obtenga algún beneficio económico a través de la explotación laboral de un menor, poniéndolo a trabajar en las calles, avenidas o espacios públicos, podrá ir a la cárcel por un periodo que varía de dos a seis años. Nuestro código considera como explotación laboral la acción de despojar o retener todo o en parte, el producto del trabajo, contra la voluntad de quien labora. Las penas en estos casos aumentan cuando existe algún vínculo entre la víctima y el delincuente, como sucede cuando se trata de un pariente.
Además de las reformas legales y constitucionales motivadas por la compleja situación en la que se encuentran las personas en situación de calle, existen múltiples pronunciamientos de parte de órganos internacionales, así como resoluciones importantes en la materia, tal es el caso de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Niños de la Calle (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala, en la que se resaltó la situación de indefensión de los menores de edad como personas que se encuentran en desarrollo físico, psicosocial, mental y emocional, sumada a la circunstancia de sobrevivir en las calles.
En la Ciudad, además de contar con distintas leyes protectoras de los niños, niñas y adolescentes, existe un Protocolo Interinstitucional de Atención Integral a Personas en riesgo de vivir en la calle e integrantes de las poblaciones callejeras, cuyo objeto es articular acciones interinstitucionales para proporcionar servicios sociales con la finalidad de favorecer, restituir, hacer exigibles y reconocer el goce y ejercicio de los derechos humanos de este sector de la población.
Las áreas de enfoque retomadas en dicho Protocolo son tres y se refieren a la prevención, intervención e integración social. Si bien existe una mención particular a la situación de las personas menores de 18 años, se considera importante articular normas orientativas específicas a efecto de que existan acciones directas y concretas para proteger a los niños que como Patricia, tienen que trabajar o que son explotados en las calles de nuestra Ciudad. En ese sentido, la VII Legislatura de la Asamblea Legislativa propondrá al Jefe de Gobierno la emisión de un Protocolo Específico para prevenir y erradicar la explotación laboral de niños, niñas y adolescentes en nuestra Ciudad.
Dicho Protocolo debe hacer énfasis en evitar la existencia de poblaciones infantiles y juveniles en situación de calle, en la medida en que las acciones de las autoridades deben estar enfocadas a prevenir que las circunstancias sociales y económicas empujen a los menores de edad a sobrevivir en las calles. Además, es importante atender a los menores que se encuentran en situación de calle, a efecto de que en caso de ser objeto de explotación, sean canalizados con las instituciones competentes, como lo puede ser el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la CDMX y que se proceda penalmente contra los responsables.
Una propuesta para atender a estos niños, niñas y adolescentes puede ser el organizar brigadas que proporcionen apoyos sociales especiales para la niñez, además de que se aseguren que los menores de edad sean canalizados con instituciones que les brinden la atención necesaria.
Este Protocolo especial representaría una oportunidad para reforzar las labores de protección y garantía de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes en situación de calle y evitar casos como el de Patricia.
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