Nuestra democracia en peligro
La pregunta que ha empezado a esparcirse por todos lados es ¿por qué si Andrés Manuel López Obrador está tan seguro de su alta popularidad y del éxito de la 4T, está obsesionado con el tema electoral? Prueba de que, la verdad, no está tan convencido de que en 2024 su proyecto transexenal esté bien fincado. El carisma no es heredable, y los supuestos logros de la 4T no se ven por ningún lado: el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) ha resultado un fracaso. Allí no se paran ni las moscas. La refinería de Dos Bocas no ha refinado ni un solo litro de gasolina y se prevé que, si bien le va, comenzará a funcionar en 2027; o sea, ya cuando los automóviles a gasolina hayan sido sustituidos por automóviles eléctricos. El Tren Maya ha provocado un desastre ecológico. Aparte de eso, las previsiones económicas para 2024 no son halagüeñas: habrá más inflación y más pobreza. Es por eso que López Obrador necesita adueñarse del aparato electoral para asegurar la continuidad de su plan a largo plazo.
El presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio nacional
Sólo así se explica el que quiera cambiar un sistema electoral que los mexicanos fuimos perfeccionando con el tiempo. De hecho, la columna vertebral de la transición a la democracia en nuestro país se construyó con base en pactos parciales en torno al mejoramiento del sistema electoral. En un inicio la organización y el conteo de votos estaba en manos de la Comisión Federal Electoral presidida por el Secretario de Gobernación. El fraude electoral de 1988 hizo insostenible el viejo arreglo. Por eso se creó el Instituto Federal Electoral (IFE) aún presidido por el Secretario de Gobernación. Con la reforma electoral de 1996 se logró una competencia más pareja y que el gobierno finalmente soltara el control del IFE.
Tengo para mí que la alternancia de 2000 fue posible gracias a esa reforma hecha durante el sexenio de Ernesto Zedillo. En 2014 el IFE pasó a convertirse en Instituto Nacional Electoral (INE), vale decir, pudo tener más injerencia en las elecciones en las entidades de la república. Los Institutos Electorales Estatales pasaron a denominarse Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE’s).
El IFE ha adquirido un prestigio internacional ganado a pulso. Muchos países solicitan la asesoría de nuestra autoridad electoral para mejorar sus instancias comiciales. Incluso, organismos internacionales como la ONU, la OEA y organizaciones de otros continentes también recurren al INE para pedir su asesoría.
Así pues, el motivo por el cual López Obrador envío a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma electoral no fue por razones técnicas, sino políticas: quiere apoderarse del INE a como dé lugar. ¿Por qué? Por sus pistolas.
En la iniciativa de AMLO desaparece el INE y surge una cosa que se llamará Instituto Nacional Electoral y de Consultas (INEC); se reduce el número de diputados de 500 a 300; también disminuye el número de senadores de 128 a 96; los consejeros del INEC y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) serán propuestos por los tres poderes de la Unión y elegidos por medio del voto popular en elecciones abiertas. Se trata de una aberración populista. Es como si a cualquier peatón de repente lo llaman y le dicen: “oye, no tenemos árbitro para un juego de primera división aquí en el Estadio Azteca. Mira, lo que vamos a hacer es organizar una votación para que el público te apruebe como árbitro y tú le entras a silbar ¿qué te parece?” ¡Recórcholis! Así de burda es la maniobra.
La siguiente propuesta del hombre de Macuspana es recortar el número de consejeros. De once que hoy son pasarían a siete.
No hay democracia fuerte con partidos débiles. Pues bien, lo que pretende la reforma obradorista es exactamente lo contrario: debilitar a los partidos políticos ¿Cómo? Quitándoles las prerrogativas (dinero público) a que tienen derecho. Únicamente se les otorgarían recursos en tiempos electorales.
Además, la propuesta del inquilino de Palacio Nacional, incluye la desaparición de los OPLE’s. Todos los procesos electorales de los tres niveles de gobierno quedarían a cargo del INEC.
Obviamente, esta iniciativa necesitaba la mayoría calificada porque involucraba cambios a la Constitución. La oposición, esta vez se mantuvo unida y rechazó tal esperpento.
El oficialismo echó mano del plan “B”; o sea, cambios a la legislación electoral que para ser aprobados no necesitan la mayoría calificada, sino la mayoría simple. Este plan “B”, literalmente, fue hecho sobre las rodillas. Contenía tal número de galimatías y propuestas anticonstitucionales que el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández y el propio Presidente Andrés Manuel López Obrador, se vieron obligados a reconocer que contenía fallas.
Así y todo, pasó al Senado donde quien preside esa instancia colegiada, Ricardo Monreal, afirmó que los senadores se iban a tomar su tiempo para analizar a detalle la iniciativa presidencial; no iban a actuar con precipitación.
El actual Consejero, Ciro Murayama (“Elecciones en peligro”, Reforma, 13/12/2022) ha lanzado la voz de alerta: “La disposición más grave de la reforma, entre muchas, es la que destruye la estructura del Instituto Nacional Electoral en el territorio, pues compromete tres fases indispensables en una elección genuina: 1) padrón electoral confiable, 2) instalación de casillas para que la gente vote y, 3) cómputos pulcros de los sufragios.”
Lo que está en juego, ni más ni menos, es nuestra democracia. Hay que decirlo claro y fuerte, López Obrador pretende desmantelar la democracia constitucional e implantar una autocracia populista.
Mail: jsantillan@coljal.edu.mx
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