Hace algunos días, un viernes por la noche, cerca de la oficina donde trabajo se registró la lamentable muerte de otra persona cicilista por un incidente de tránsito con un autobús de transporte público concesionado. La víctima fue un adolescente de apenas quince años de edad.

También hace menos de una semana, se registró un incidente que terminó en tragedia en León, Guanajuato. En un parpadeo, un suceso insignificante transformó la vida de dos personas y seguramente la de sus familias. Para uno porque perdió la vida y para la otra porque se convirtió en homicida.

En ambos casos, se produjeron lo que coloquialmente conocemos como “accidentes de tránsito” que son, en realidad, sucesos previsibles y, por lo tanto, evitables y que, sin embargo, se reproducen por miles en nuestro país. Según el reporte de incidencia delictiva con corte al 31 de diciembre de 2023, elaborado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a partir de la información aportada por las 32 entidades federativas, se registraron 13,602 homicidios en accidentes de tránsito y 39,429 carpetas de investigación por el delito de lesiones vinculadas también a accidentes de tránsito, es decir, 53,031 acontecimientos en los que resultaron afectados la salud o la vida, nada menos que dos de los bienes jurídicos más preciados.

La Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, vigente desde 2022, es enfática en reconocer la necesidad de garantizar a la ciudadanía el derecho a la movilidad pero bajo condiciones de seguridad para cada persona usuaria del sistema de movilidad (personas peatonas, ciclistas, automovilistas, motociclistas, personas con movilidad limitada, entre otras), es decir, sin el riesgo latente de que salir a la calle se traduzca en un acto de heroísmo.

De acuerdo con el INEGI, el número de vehículos de motor registrados en circulación para enero de 2018 fue de 31,009,172 de automóviles; 401,443 camiones de pasajeros y 10,817,083 camiones de carga. Para febrero de 2024, la cifra de automóviles creció a 37,128,768, el de camiones de pasajeros casi se triplicó con 1,094,612 y el de camiones de carga se incrementó a 11,629,092.

También con cifras del INEGI, tan solo en 2022, se registraron 377,231 accidentes de tránsito terrestre, casi 11% más de los 340,415 ocurridos en 2021. De aquel total, 229,940 fueron por colisión con vehículo automotor; 11,066 colisión con peatón (atropellamiento); 53,629 colisión con motocicleta; y 4,048 colisión con ciclista, es decir, 298,683 accidentes que representaron el 79% del universo total.

El sentido común y la amarga realidad plasmada en cifras, reflejan un incremento no solo del parque de vehicular, sino también del número de percances viales en los que esos automotores se ven implicados.

Cualquier persona usuaria de la vía puede percatarse, diariamente, de al menos una decena de infracciones a las leyes de movilidad (general y local) y a los reglamentos de tránsito en que incurren -o incurrimos- otras personas y que, precisamente por razón del avasallador número en que se presentan, la autoridad es sencillamente incapaz de identificar y, por lo tanto, de infraccionar, ofreciendo así una amplísima brecha de impunidad para todas las personas que, de una u otra forma hacemos uso de la vía pública. El efecto de este conocimiento generalizado es también la creencia -empíricamente sustentada- del “no pasa nada” y junto a esa premisa vulgar un incremento del peligro de accidentes diarios que terminan con lesiones graves, incapacitantes y a veces con la muerte.

Para fines penales, penitenciarios propiamente dichos, Bentham ideó una estrcutura carcelaria con una torre central desde la cual pudiese vigilarse todo, permanentemente. Imaginemos un mecanismo regulado que permitiera que cualquier persona pudiera constituirse en una especie de monitor vial y que en cada ocasión que presenciara una infracción pudiese documentarla y compartirla por medios electrónicos con la autoridad -por supuesto sin ingringir ella misma ninguna disposición de movilidad en condiciones de seguridad-, quizás al sentirnos permanente y recíprocamente expuestos a la vigilancia nuestros mentalidad y comportamiento serían distintos, más responsables, supongo. No es una idea original, ya hay intentos latinoamericanos, quizás podríamos hacer el propio.

“Los pueblos a quienes no se hace justicia

se la toman por sí más tarde o más pronto”

Voltaire