En un ejercicio de diplomacia pocas veces practicado, esta semana visita a México una delegación de legisladores ucranianos que corresponden así, a la misión mexicana que en julio, acudió a Kiev y a la resistente Irpín. Representantes nuestros se hicieron presentes en patente solidaridad con un país agredido por Rusia, renovada, atrabiliariamente imperial.

En cada reunión, los ucranianos mostraban su asombro y su desconcierto por la posición mexicana, pretendidamente equidistante, ambigua, sin denunciar a Rusia como lo que es: el agresor que inició una tragedia en territorio ajeno.

La extrañeza tiene sus razones, sobre todo si tomamos debida nota de las declaraciones del presidente López Obrador. El 25 de febrero dijo “México se opone a cualquier tipo de invasión de un país a otro, nos mantenemos en el principio de no intervención y la autodeterminación de los pueblos”. Horas más tarde, el Secretario de Relaciones Exteriores dijo que la instrucción recibida en la ONU, era “repudiar el uso de la fuerza en Ucrania”. A inicios de marzo, López Obrador afirmó que México estaba expresamente en contra de las invasiones de un país a otro, pero descartó la aplicación de sanciones de tipo económico contra Rusia: “Nosotros no vamos a tomar represalias de tipo económico porque queremos mantener buenas relaciones con todo el mundo (incluso con agresores criminales) y queremos estar en condiciones de poder hablar con las partes en conflicto”. Asimismo sostuvo que “no promovería la censura de ningún medio de información ruso o de cualquier otro país”, en referencia directa al bloqueo solicitado contra algunos medios de Rusia, acusados de promover de modo masivo y sistemático, desinformación y fake news.

Dos días después, en el marco del 49 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, la subsecretaria para asuntos multilaterales de la cancillería, destacó que México prioriza la posibilidad de solucionar este conflicto “de manera pacífica y privilegiaba el respeto a los derechos humanos de todas las personas y el respeto al derecho internacional”. Una y otra vez, no aparece el sujeto de condena, no aparece el agresor ni su nombre: la Federación Rusa.

Y más allá: no obstante la constatación de la agresión con sus graves estragos entre la población civil de Ucrania; no obstante y que la representación de México apoyó la aprobación de la resolución sobre ayuda humanitaria en territorio ucraniano dentro de la Asamblea General de la ONU, en contradicción alucinante, dentro de la Cámara de Diputados, se instaló el “Grupo de Amistad México-Rusia” con el Partido del Trabajo a la cabeza. El Embajador de Rusia en México, Viktor Koronelli, como no podía por menos, agradeció así, “los gestos” del gobierno mexicano.

Pues precisamente esa es la ambigüedad sobre la que quiso colgarse la malograda “propuesta de paz” del Presidente López Obrador, formulada siete meses despúes de la invasión, el 16 de septiembre en cadena nacional: Ucrania y Rusia escenifican un conflicto, que representa “el fracaso de la política”, en el que “la ONU tiene la responsabilidad”.

La presencia de los ucranianos en suelo mexicano propondrá otra agenda: que Rusia sea sometida a un jurado ante la Corte Penal internacional de La Haya por sus crímenes de guerra y sus violaciones masivas a los derechos humanos; una serie de sanciones económicas; la expulsión de Rusia de instancias y organizaciones internacionales, la preparación de un plan de ayuda humanitaria y la participación del gobierno y de empresas mexicanas en la reconstrucción de Ucrania, una vez terminada la invasión.

Y algo más: que las bancadas que acudieron a Ucrania (Movimiento Ciudadano) y las que decidan sumarse, auspicien un mensaje del presidente Zelensky a nuestro pueblo, como un refrendo justo a lo mejor de lo que alguna vez fue -orgullosa- la diplomacia mexicana.