La política que falta
La Ciudad de México representa para cualquier político la joya de la corona. Con una población económicamente activa de 9.8 millones de personas, es también, el núcleo urbano más grande del país, así como su principal centro político, económico, financiero y cultural. Contribuye con el mayor porcentaje del Producto Interno Bruto, tres veces más que el resto de las entidades del país, y es considerada la tercera mejor urbe para vivir de acuerdo con los residentes extranjeros. Cinco de sus alcaldías: Miguel Hidalgo, Cuajimalpa de Morelos, Álvaro Obregón, Benito Juárez y Cuauhtémoc (casualmente todas en manos de la oposición) tienen el mejor desempeño económico. Sin embargo, en esta metrópoli de apenas 1,495 kilómetros cuadrados, que representa el 0.1% del territorio nacional, conviven la marginación, la pobreza y la opulencia, las demandas insatisfechas de los ciudadanos y la ineficacia institucional, sin que los sucesivos gobiernos hayan logrado mejorar la situación.
Los problemas que aquejan a las ciudades son enormes. De acuerdo con datos científicos y estadísticas se demuestra que, a pesar de ocupar menos del 3% de la superficie terrestre global, las ciudades son consideradas responsables del 60-80% de las cuotas relevantes de emisiones de gases de efecto invernadero, del 80% del consumo de energía, del 70% del dispendio de materiales, del 60% de la producción de desechos y basura, así como del 70% del consumo de alimentos, además, de presentar altos niveles de contaminación que provocan muertes prematuras. La relación entre ciudad y medioambiente ha sido particularmente compleja, porque desde siempre la ciudad ha sido el lugar por excelencia que se contrapone a la naturaleza. A pesar de ello, ahora las ciudades están evolucionando desde haber sido lugares anti-naturaleza para convertirse en centros de tutela del medioambiente.
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Las ciudades se han convertido en laboratorios experimentales que desarrollan modelos colaborativos y eco-sostenibles que representan los trazos innovadores del “derecho a la ciudad”, promoviendo prácticas participativas y mayor involucramiento de los ciudadanos. La sostenibilidad constituye una garantía para mejorar el ambiente urbano y la tutela de los bienes comunes en beneficio de las generaciones presentes y futuras, por medio de colaboración cívica aplicada al interés general. Se impulsan modelos de administración compartida con los ciudadanos para intervenir en las políticas de la economía circular, la regeneración urbana, la lucha contra el cambio climático hiperlocal y la construcción de comunidades solidarias. De esta manera las ciudades se etiquetan como inteligentes, verdes, compartidas, colaborativas y garantes de los derechos humanos. El “carácter revolucionario” de estas modalidades de administración se identifica por la transición desde una relación de tipo vertical, bipolar, jerárquica y unidireccional, a otra muy diferente de tipo horizontal, multipolar, paritaria y circular.
A pesar de los cambios que se observan en otras latitudes, de la importancia estratégica que ostenta la CDMX y de ser un “modelo progresista” para el resto del país, actualmente se encuentra sometida a los caprichos de las viejas clases políticas tanto del oficialismo como de la oposición. Las primeras se encuentran en una lucha fratricida entre “duros” y “blandos” quienes recurren a todo tipo de ilegalidades, chantajes y presiones para imponer a sus favoritos, mientras que las segundas aparecen permanentemente inmersas en cálculos políticos domésticos para monopolizar posiciones legislativas y espacios en hipotéticos gobiernos de coalición. No obstante sus presuntas diferencias políticas e ideológicas, ambas fuerzas coinciden en la ausencia de visiones programáticas y en la exclusión de los ciudadanos.
Por ello, ante la falta de propuestas y opciones de participación que impulsen las transformaciones que reclama la Metrópoli, a sus habitantes solo les queda el recurso de defender el contenido de la Constitución Política CDMX como única brújula válida en el desorden político actual.
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