Esta columna debe empezar por lo primero: enviando un saludo respetuoso y felicitaciones con cariño y admiración a todas las madres de nuestro país.

A las que están aquí y luchan todos los días por mejorar las condiciones de nuestra maltrecha nación trabajando, educando y siendo ejemplo de perseverancia y ganas de progresar.

A las que ya trascendieron este plano terrenal y las recordamos, como es el caso, por sus enseñanzas y coraje para salir adelante. A pesar de el machismo de sus padres, esposos y una sarta de políticos que usan esta celebración para invitarlas a desayunar, regalarles una flor o despensa de productos básicos y luego desentenderse de los peligros y los males que las acechan.

A las madres que fueron victimas de trata, a las desaparecidas y a las victimas de feminicidio, mal que corroe las entrañas de la patria y que no hemos podido frenar, por muchas cuentas alegres que den nuestras autoridades.

Solo en el primer trimestre de 2023, los delitos por feminicidio han registrado una tendencia al alza, esto, de acuerdo con el más reciente informe sobre violencia contra las mujeres. Pues de enero a marzo las carpetas de investigación por este crimen, así como las víctimas, han reportado un incremento mes a mes, contabilizándose 227 homicidios en este período.

En el tema de trata de personas, el último informe ofrecido por la Oficina contra la Droga y el Delito de la ONU, reveló que de 1,310 personas víctimas de este delito, paso a 2,202 entre los años 2021 al 2022, lo que incremento en 67.3 por ciento de los cuales el 32.8 por ciento son con fines de explotación sexual y tristemente la mayoría son casos de mujeres.

Con respecto a las desapariciones forzadas ocurridas en el primer trimestre de 2023 indican un total de 2,095 víctimas, lo que significa el segundo inicio de año con el mayor número de este delito en lo que va de este sexenio y nuevamente la mayoría son del sexo femenino.

En otro rubro para el oprobio, la violencia contra las mujeres y la violencia intrafamiliar, registro durante enero y febrero de 2023, 43,562 carpetas de investigación por violencia familiar y de género. Esta cifra es 21% mayor al número de indagaciones registradas en el mismo periodo de 2022, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La Ciudad de México fue la entidad federativa que registró el mayor número, con 5,941 carpetas abiertas, lo que equivale al 14% del total.

Pero ¿cómo pasamos de los números rojos a la tranquilidad y alegría de las mujeres por sentirse confiadas y plenas en sus calles y sus espacios?

La Directora Ejecutiva de ONU Mujeres, Michelle Bachelet, preparó una agenda de políticas públicas para poner fin a la violencia contra las mujeres en el mundo, misma que se centra en tres pilares de actuación: prevención, protección y provisión de servicios.

La llamada a la acción de la Sra. Bachelet urge a los líderes mundiales a movilizar voluntades políticas e inversiones para asegurar que las mujeres puedan vivir libres de violencia. Dentro de las 16 líneas que desarrolla destacamos cinco.

Crear planes nacionales y locales de acción, para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas, que logren reunir al gobierno, a las organizaciones de mujeres y a otras organizaciones de la sociedad civil, a los medios de comunicación y al sector privado en un frente coordinado y colectivo que luche contra dichas violaciones de los derechos humanos.

Hacer que la justicia sea accesible para las mujeres y las niñas, brindándoles servicios jurídicos y especializados gratuitos, y aumentando la cantidad de mujeres en los cuerpos de policía y en los principales servicios.

Poner fin a la impunidad frente a la violencia sexual en los conflictos, juzgando a los culpables en contextos de conflicto y de post conflicto y respetando el derecho de las supervivientes a los programas globales de reparaciones que no creen estigmatización y que tengan un impacto de transformación sobre la vida de las mujeres y de las niñas.

Brindar formación a aquéllos que trabajan en los servicios esenciales, especialmente la policía, los abogados y los jueces, los trabajadores sociales y el personal de salud, de modo que se garantice el cumplimiento de normas y protocolos de calidad. Los servicios tienen que ser confidenciales, sensibles y adecuados a las mujeres supervivientes.

Otorgar recursos públicos adecuados, para ejecutar las leyes y políticas existentes, reconociendo el costo y las consecuencias devastadoras de la violencia contra las mujeres, no sólo por las vidas que han sido directamente afectadas, sino para la sociedad y la economía en general, así como en relación con los presupuestos públicos.

Necesitamos construir más empatía y conciencia para no muy lejos, celebrar en plenitud este Gran Día.