De acuerdo con las estadísticas de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la tasa promedio de feminicidios al año es de alrededor de 1.4 mujeres víctimas por cada 100 mil habitantes. Por su parte, de acuerdo con las estadísticas sobre mortalidad del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la tasa promedio de homicidio intencional de niñas, niños y adolescentes, es de aproximadamente 3.5 víctimas por cada 100 mil habitantes. ¿Quién protege a la niñez mexicana?

¿Por qué si la tasa de homicidios que se cometen en contra de niñas, niños y adolescentes es superior a la de feminicidios, la sociedad no se ha movilizado para exigir, con la misma fuerza e intensidad, la generación de políticas públicas y de mecanismos como la alerta de género, a fin de exigir que se detenga esta situación siniestra e insoportable?

Son más de 12,500 asesinatos de menores de 18 años en los últimos 10 años para los que se tiene información, considerando que respecto de 2021 se tiene información solo hasta el mes de junio de 2021, por lo que la cifra seguramente será mucho mayor, completando con ello el horrendo cuadro de terror que tenemos enfrente como realidad cotidiana.

Que no se malinterprete lo que se sostiene aquí: la gravedad de la violencia contra las mujeres constituye una de las crisis estructurales permanentes de la desigualdad, provocadas por la misoginia y el machismo, no resueltas hasta ahora; y a la par, se mantiene una cultura adulto-céntrica en la que las niñas y los niños no son reconocidos como sujetos plenos de derechos por toda la sociedad, y que su protección es vital para construir una nueva sociedad de paz y prosperidad.

Así como es urgente que la perspectiva de género se instituya como uno de los ejes transversales en todo el orden jurídico y en todo el sistema de políticas públicas, con la misma fuerza e intensidad debe exigirse que la perspectiva de los derechos de la niñez sea rectora del funcionamiento y estructura de las principales decisiones públicas, sobre todo considerando el derecho de prioridad que la Ley en la materia reconoce para este grupo de población.

Resulta sintomático, por ejemplo, que, en las estadísticas gubernamentales sobre incidencia delictiva, los datos disponibles no se desglosan por edad, lo cual dificulta, por una parte, la elaboración de diagnósticos independientes, pero también la incomprensión respecto de cuáles son las características de los homicidios y el tipo de violencia que los origina, y que sin duda es distinto dependiendo el sexo y la edad de las víctimas.

No deja de generar espanto leer las causas específicas de los homicidios que se perpetran a diario: “agresión con drogas, medicamentos y sustancias bilógicas”; “Agresión con sustancia corrosiva”; “agresión con plaguicidas”; “agresión con gases y vapores”; “agresión con productos químicos y sustancias nocivas”; agresión por ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación”; “agresión por ahogamiento y sumersión”; “agresión con disparo de arma corta”; “agresión con material explosivo”; “agresión con disparo de rifle, escopeta y arma larga”; “agresión con disparo de otras armas de fuego y las no especificadas”; “agresión con humo, fuego y llamas”; “agresión con objeto cortante en vivienda”; “agresión con objeto cortante en calles y carreteras”; “agresión con objeto romo”; “agresión por empujón desde un lugar elevado”; “agresión por colisión de vehículos de motor”; “agresión con fuerza corporal” “agresión sexual con fuerza corporal”; “negligencia y abandono”; “otros maltratos por persona no especificada”.

Ante este catálogo del horros y lo demencial, es difícil no sentir mareo y no pensar, como lo plantearía el filósofo Ciorán, que “en la escala de las especies, el ser humano es el único capaz de provocar un asco perdurable”. Y es que, como lo planteaba León Felipe en su poema “Auschwitz”, cualquiera de esas niñas y niños, y los que han sobrevivido a este tipo de agresiones, saben más del infierno que todos los poetas malditos juntos.

Es condenable por ello, que México carezca de un programa integral de atención a la niñez, que tenga como objetivo cumplir todos y cada uno de los mandatos contenidos en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes; porque no podemos, no debemos seguir siendo un lugar donde cada día pueden ser asesinados tres niñas o niños, y para colmo, en el reino de la impunidad.

Este país es un infierno, y hay millones que lo enfrentan en las peores condiciones de vulnerabilidad; porque “en la otra orilla”, están las niñas y niños que viven con hambre, que viven el infierno de la explotación y las peores formas de trabajo infantil; amén de las víctimas de trata de personas o de las redes de producción de pornografía donde se les explota de manera inmisericorde.

Nunca hemos sido un país que proteja adecuadamente a la niñez. Nunca. Pero lo que más preocupa es que los pasos que se dan en cada una de las administraciones que pasan, nos aleja más de la posibilidad de ser un lugar apropiado para el desarrollo integral, físico y mental de quienes requieren de toda la protección y de todos los recursos de la sociedad.

Los datos de que disponemos nos revelan como un país de bárbaros; de incivilizados; de auténticos salvajes. Un país incapaz de construir paz para las y los más pequeños. Y todo esto es una tragedia que vamos a seguir lamentando por décadas.

Investigador del PUED-UNAM