Después de la insistencia del sector de las telecomunicaciones de que el gobierno federal, desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, considere revisar el monto de los derechos que se pagan por concepto del uso del espectro radioeléctrico, finalmente el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) hizo una recomendación de que escuche a las empresas del sector con el propósito de privilegiar los derechos y beneficios de los consumidores.

El IFT recomendó establecer un esquema de cobro progresivo consistente en mantener los derechos en los niveles actuales para aquellos operadores que tengan participaciones de mercado superiores a 25% (escala mínima) y disminuir los derechos a los niveles de referencias internacionales para aquellos operadores que tengan una participación menor a ese umbral.

Este esquema de cobro, además de los beneficios en materia de competencia señalados, genera un menor impacto en la recaudación fiscal por concepto de uso del espectro radioeléctrico, pues para el principal operador no existiría variación alguna.

“Esta recomendación, con un enfoque de competencia económica, es consistente y complementaria a las propuestas que ha emitido el Instituto en los últimos años en el contexto de actualizaciones anuales de la Ley Federal de Derechos. Es por ello que, el estudio también plantea la alternativa de ajustar los derechos por el uso de bandas de frecuencias asignadas para servicios móviles al nivel de la referencia internacional, en adición a un esquema temporal de un pago de 1% de los ingresos de los operadores móviles”, indicó el IFT.

La recomendación, de acuerdo con empresas del sector de las telecomunicaciones, no dejó conformes a todos los jugadores porque más allá de que se busca privilegiar la competencia frente al que se considera un actor preponderante: Telmex y América Móvil, la decisión del IFT revelaría que uno de los principales beneficiarios de la posición del instituto regulador es la estadounidense AT&T, en donde ahora trabaja como vicepresidente de Asuntos Regulatorios, el ex presidente del propio IFT, Gabriel Contreras.

De acuerdo con su perfil en la red LinkedIn, Gabriel Contreras es el vicepresidente de AT&T y trabaja con Mónica Aspe, la directora general de la compañía estadounidense. Desde junio de 2022. Contreras también se integró a AT&T como General Counsel. En abril de 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación eliminó la prohibición de que funcionarios públicos pudieran integrarse como directivos en empresas privadas, incluso del mismo sector.

Antes, entre junio y diciembre de 2021 Contreras colaboró en el despacho DLA Pipe Gallastegui y Lozano.

Entre septiembre de 2013 y febrero de 2020, Contreras fue Comisionado Presidente del IFT. Su cargo se definió durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y se extendió por 6 años y 6 meses. Antes, participó en la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.

The Revolving Door

La expresión puerta giratoria (Revolving Door) designa de forma coloquial el hecho de que una persona que tuvo un alto cargo público se integre a trabajar a una empresa privada obteniendo beneficio de su anterior ocupación pública y produciendo un conflicto de interés entre la espera pública y privada, en perjuicio del interés público.

Así, aunque, finalmente, el pleno del IFT reconoció que los altos costos del espectro generan mayor concentración en el mercado de servicios móviles, la recomendación ahora privilegia a jugadores que, por estrategia de mercado, han decidido mantener abajo del 25% su participación. El ex presidente del IFT fue el directivo que representó a AT&T en reuniones ante el instituto para impulsar la recomendación de cambios en el derecho que se pagan por el

Este no es el caso de jugadores que buscan incrementar constantemente su participación de mercado reduciendo precios e integrando servicios.

El IFT destacó que el Estudio de mercado sobre los costos del espectro radioeléctrico para servicios móviles en México, encontró que existe un riesgo alto de que los operadores de menor tamaño tengan que devolver el espectro e incluso puedan salir del mercado, lo cual provocaría una mayor concentración de mercado.

Con el esquema actual de pago de derechos, el IFT estableció que el Estado ha dejado de percibir recursos por el espectro que ha sido devuelto: alrededor de $13 mil millones de pesos de 2020 a la fecha.

El Estudio contiene recomendaciones para atender las barreras identificadas, incluyendo establecer un esquema de cobro progresivo que reduzca los derechos a los operadores de menor tamaño.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) aprobó la emisión del Estudio de mercado sobre los costos del espectro radioeléctrico para servicios móviles en México, cuyo propósito es analizar el impacto en materia de competencia económica que tienen los costos de este recurso sobre el desempeño de los proveedores de servicios de telecomunicaciones móviles, así como en los incentivos para que nuevos participantes ingresen a este mercado.

Con base en los resultados del Estudio, el Pleno del IFT emitió recomendaciones a las Autoridades competentes del gobierno federal y al Congreso para atenuar las barreras a la entrada y de expansión identificadas y reducir las pronunciadas asimetrías del impacto del costo del espectro radioeléctrico en el desempeño de los operadores, de modo que se puedan mitigar los efectos adversos que puedan estar generando los derechos actuales.