El ritmo de las reformas En el periodo 1978-2015, ningún país latinoamericano ha evitado hacer una reforma electoral. Esto coincide con la evaluación del periodo previo a los procesos de la tercera ola de democratización iniciados en la década de 1970.

La región latinoamericana manifiesta una tendencia a un gran activismo reformista desde la independencia, a diferencia de otras regiones de democracias consolidadas que han tendido a la estabilidad de sus reglas electorales. La mayor parte de las reformas realizadas se plasmó a nivel constitucional; muchas de ellas incluían elementos que cambiaban el sistema electoral.

El proceso de reforma constitucional puede ser muy difícil, dado que reformar una Constitución suele ser, sin duda, mucho más complejo que cambiar elementos aislados del sistema electoral mediante una nueva ley, debido a que la primera suele requerir mayorías calificadas. Aun así, 15 países de la región aprobaron nuevas en el periodo analizado. Salvo México, Panamá, Uruguay y Costa Rica, el resto aprobó al menos una nueva Constitución desde la reinstauración democrática (ya sea en el momento inicial o durante el momento democrático actual). Algunos países, como Ecuador, incluso tuvieron tres diferentes en este periodo; esto ha supuesto una gran reforma constitucional “cada diez años” (1978, 1998 y 2008), además de múltiples reformas electorales legislativas con validez constitucional (como la de 1995 o la del 2010), que fueron poniendo “parches” a los textos constitucionales.

En este sentido, se realizaron nuevas Constituciones en Colombia, en 1991; Paraguay, en 1992; Perú, en 1993 y en el 2005; Venezuela, en 1999; Ecuador, en 1978, 1998 y en el 2008, más la reforma de 1995; en Chile, en el 2005; en Bolivia, en el 2009; en República Dominicana, en el 2010. También se han realizado cambios significativos a esas Constituciones sin generar un nuevo texto en Uruguay (1996) y México (2014), o por medio de una Asamblea Constituyente especialmente convocada para esa tarea, como en Argentina (1994), Venezuela (1999), Ecuador (1998 y 2008) y Bolivia (2009). En algunas ocasiones incluso se consultó a la ciudadanía en un referéndum sobre la necesidad de llevar a cabo alguna reforma específica en materia electoral u otras cuestiones relevantes (Ecuador, 2007; Venezuela, 2007 y 2009), como la aprobación de los textos generados por la coalición reformista de cara a legitimar los cambios

introducidos ante la ciudadanía (Uruguay, 1996; Venezuela, 1999; Ecuador, 2008). También se han realizado reformas constitucionales parciales por el propio Congreso (Brasil, 1988), de comisiones especializadas, e incluso se han celebrado pactos entre las diversas fuerzas político-partidistas para aprobar las reformas (el Pacto de Olivos, en 1993-1994 en Argentina, o el Pacto por México, 2013-2014). Estas reformas, que se han manifestado en enmiendas constitucionales o en leyes secundarias, incluyeron diversos aspectos sustanciales o, en su caso, detalles técnicos en materia electoral.

Ese intenso activismo no ha sido homogéneo en todos los países de la región, más bien se ha distribuido entre los países de manera dispar, diferenciando sistemas hiperactivos, moderados y pasivos. La evaluación del periodo 1978-2015 da cuenta de cerca de 250 cambios a las diferentes dimensiones del sistema electoral y de las reglas que regulan la competencia partidista y la organización interna de los partidos en 18 países. Los sistemas hiperactivos han tenido un alto nivel de activismo reformista, ya que han realizado 20 o más reformas en el periodo analizado (Ecuador, 36; Perú, 24; México, 23). Los sistemas moderados han evidenciado un nivel de activismo reformista intermedio, ya que han promulgado entre seis y 19 reformas.

En esta categoría se encuentra la mayoría de los países latinoamericanos. Los sistemas pasivos han mostrado un bajo nivel reformista, puesto que han implementado solo cinco o menos reformas, aunque algunas de ellas puedan ser consideradas como cuasi-refundacionales. Pese a que hayan sido pocas y realizadas todas de una vez, fueron al corazón del sistema (como en Uruguay en 1996).

Las reformas electorales se han realizado en diversas dimensiones y, a la vez, en una serie de elementos. Aquí se analizan los cambios orientados de las reglas que regulan la competencia entre partidos y los relacionados con la organización interna y vida política de éstos. De los cambios realizados en relación con estas dimensiones, las que más reformas han tenido han sido la representación de los grupos sub representados mediante la introducción de la cuota de género en las candidaturas (35 cambios en 18 países); la configuración de los distritos legislativos (34 cambios en 15 países); la reelección presidencial (27 cambios en 15 países); el tamaño de la Cámara baja (25 cambios en 12 países), y los mecanismos de selección de candidaturas al interior de las organizaciones partidistas (23 cambios en 16 países) (cuadro 4). Algunas reformas se han dado de manera recurrente en una dimensión idéntica en un mismo país, mientras que dicha dimensión del sistema electoral nunca fue tocada en otros. Por ejemplo, la delimitación de los distritos en el nivel legislativo o el tamaño de la Cámara baja (Congreso o Asamblea legislativa) fue cambiada en siete ocasiones en Ecuador y la estructura de voto legislativa fue modificada en cinco oportunidades en Perú, mientras que esta última dimensión nunca fue reformada en Argentina, Paraguay o Nicaragua.