A nueve años de la transformación del IFE en INE y de la agitada conclusión de los últimos consejeros elegidos en 2014 es necesario detenerse a reflexionar sobre su futuro y los obstáculos a remontar. Los retos por enfrentar no son menores, son de carácter político, externo e interno, presupuestales, de reingeniería de procesos, rediseño de la estructura organizacional y definición del rumbo del sistema electoral nacional.

Desde la perspectiva política externa la negativa de la mayoría de los consejeros y consejeras a asistir a la Secretaría de Gobernación fue un acierto político, como a su vez fue la visita del secretario de Gobernación al INE. Se fumó la pipa de la paz entre el gobierno y la institución electoral. No es un asunto menor. Aunque tampoco hay que echar las campanas al vuelo. Lo tambores de guerra sonarán cuando la coyuntura política lo requiera y los embates pueden venir, no sólo desde el poder, sino desde cualquier bandera partidaria.

La autonomía de la institución electoral es pilar fundamental de la actuación de consejeras y consejeros. La sana distancia y el diálogo debe mantenerse con todos los partidos, no sólo con el que detenta el poder. Ellos tienen una función sistémica y buscan alcanzar sus objetivos, léase espacios de poder, en ocasiones sin observar pulcramente las reglas del juego democrático. La coyuntura actual implica mantener la autonomía institucional sin confrontación, pero con firmeza y desarrollando la habilidad para recorrer el filo de la navaja sin resbalarse.

En el ámbito interno lograr la cohesión será una tarea ardua. La ausencia de grupos al interior del Consejo General, como en el pasado reciente, tiene ventajas y desventajas. Un riesgo importante es la balcanización de las áreas operativas de la institución. Es relevante que la presidencia ejerza a plenitud la atribución legal de proponer el nombramiento de los altos funcionarios al Consejo General buscando construir el acuerdo en función de la presentación de candidatos con perfiles idóneos. En diversos institutos locales se ha dado ese fenómeno que ha traído el deterioro de la vida institucional y ha facilitado la cooptación de algunos consejeros y consejeras por sus respectivos gobernadores, en algunos casos existen acusaciones de desvío de recursos públicos y conductas no éticas.

Si bien, es cierto que en la presidencia del Consejo General recae buena parte del peso de lograr los acuerdos, los consejeros y consejeras también tienen un alto grado de responsabilidad para alcanzarlos, anteponiendo el interés institucional a su interés o visión personal. Siempre existe el riesgo de caer en la “hoguera de las vanidades” o de jugar el vergonzoso papel de correa de trasmisión de algún partido político. Ser consejera o consejero electorales es una alta responsabilidad de Estado, que requiere encontrar el saludable equilibrio entre la ética de la convicción, la ética de la responsabilidad y una visión de política institucional de amplios horizontes; más allá de retóricas monotemáticas y de lugares comunes del discurso democrático.

Parte de los retos, es sin duda alguna, la organización de las elecciones en los estados de Coahuila y de México, todo indica, que la actividad organizativa camina sin mayores sobresaltos. Las dificultades surgirán de los conflictos entre los partidos y seguro habrá acusaciones mutuas de rebase de topes de gastos de campaña.

Reto mayor es la organización de las elecciones federales y locales en 2024. Se elegirán 9 gubernaturas, mil 803 ayuntamientos y 31 legislaturas. En el ámbito federal se elegirán la presidencia de la República, la Cámara de Diputados y la Senadores. En este momento no existe certeza plena de que si habrá dos o tres candidatos presidenciales. Más allá del aspecto cuantitativo, las mayores tensiones se ubicarán en el conflicto inter partidario dada la polarización ideológica y política existente.

El territorio natural de alta conflictividad tendrá que ver con el uso de los recursos para las campañas y su fiscalización. Aunque una ventaja que tiene el INE es la suspensión de la reforma electoral y, todo indica que las elecciones se regirán por la normatividad aprobada en 2014. No se tendrán que elaborar procedimientos al vapor, pero de cualquier manera estos requieren se revisados y afinados en vista a unas elecciones con un alto nivel de rijosidad.

Un aspecto que es un gozne entre los ambientes políticos interno y externo es la elaboración y aprobación el presupuesto. Es dudoso que el gobierno federal acepte un presupuesto elaborado inercialmente. Por otro lado, tendrá que buscarse una visión común entre el colegiado para revisar el eufemismo de “la calidad INE”, lo que hizo fue incrementar el costo de las elecciones, y los contratos por servicios, para que diversas actividades contratadas sean realizadas por los servidores públicos del propio Instituto. Se requiere unidad para la definición de una nueva política presupuestal y la gestión para su aprobación por la Cámara de Diputados. Lo cual tiene la mayor relevancia política, aunque, en el momento actual, necesariamente transita por los pasillos de la Secretaría de Hacienda y por la voluntad presidencial. El cabildeo será complejo.

Un tema que es presupuestal, pero tiene una fuerte carga política adversa para la institución es el de los salarios para los consejeros. En este asunto nadie debe hacerse bolas. La Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos es vigente para los nuevos consejeros y altos funcionarios que sean nombrados. Tema aparte es el de los consejeros que se ampararon. El no atender con sensibilidad política esta cuestión llevará a que las heridas del conflicto se abran nuevamente.

Para consolidar la institucionalidad electoral nacional el INE requiere proponerse realizar una reingeniería de procesos y de rediseño de la estructura organizacional, para ser más eficiente, pues continúa jugando el papel de órgano rector del sistema nacional electoral. Sin caer en simplificaciones del significado del término austeridad, debe transformarse la cultura del ejercicio presupuestal efectuando un gasto racional que atienda las necesidades institucionales. Existe un sector de trabajadores del INE que requiere la regularización de su relación laboral.

Diversas opiniones han mencionado que el INE inicia un nuevo ciclo, sin proporcionar mayores elementos. Pero, en la conformación del Consejo General si existen novedades no menores. La mayoría de sus integrantes son mujeres (6), ocho provienen de institutos electorales locales, uno del ámbito académico, una del espacio electoral internacional y uno del ámbito jurisdiccional electoral federal. Seis son de profesión abogados, un antropólogo, un filósofo, una comunicóloga, un politólogo y una administradora pública. Proceden de diversas entidades del país: Sonora, Guerrero, Yucatán, San Luis Potosí, Oaxaca, Tabasco, Michoacán y cuatro de la CdMx.

Los primeros años del INE se han caracterizado por una exacerbada política centralista, que en algunos casos fue más allá de lo establecido legalmente. No se conoce, al menos públicamente, de algún debate interno que buscara, en el amplio margen que permite la ley, delegar a los institutos electorales de los estados atribuciones que fueron atraídas por el INE.

La nueva conformación del Consejo General deja ver una multiplicidad de formaciones profesionales, con una dosis de visión local. La incógnita y el reto es si el colegiado desarrollará la capacidad de construir una nueva visión nacional del sistema electoral, desde las visiones regionales.

La situación política del país demanda levantar las banderas de la autonomía del INE, de impulsar una nueva visión federalista del sistema electoral nacional y la transformación administrativa y organizacional ordenada y cuidadosa, haciendo gala del “buen juicio en política” (Isaiah Berlin), que, en síntesis, es aquilatar el contexto y comprender la lógica de los hechos, con el fin de navegar sorteando las turbulencias.

*Profesor UAM-I,

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