CRÓNICA CONFIDENCIAL

¡Todos unidos contra la corrupción y la impunidad!

DR. ROGELIO RAMÍREZ DE LA O,
SECRETARIO DE HACIENDA: 

                                                                Una ley injusta es, en sí misma,
                                                                              una especie de violencia.
                                                                                                                    Gandhi       

Un pariente pejelover me reclama que son continuas mis críticas a la 4T. Mire, don Rogelio, yo que más quisiera que reseñar alguna política pública, iniciativa, decreto o decisión emanada de MORENA que estuviera bien sopesada en sus objetivos y consecuencias, en su instrumentación y planeación… Pero no, la 4T me da mucho material para esta columna

Veamos el caso de la Reforma Fiscal cuyo dictamen fue recientemente aprobado en la Cámara de Diputados, sobre la obligación de todo adulto de incorporarse al Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

Molesta y mucho, don Rogelio, que la mitad de la población con ingresos por actividades económicas esté en la informalidad; no paga impuestos pero goza de todos los bienes y servicios que los contribuyentes cumplidos financiamos. Sin embargo, en cuanto a la inscripción obligatoria en el RFC el problema no es el objetivo, sino su instrumentación.

Somos alrededor de 80 millones de mexicanos adultos. Suponiendo optimistamente que 60 por ciento ya esté en el padrón de contribuyentes-personas físicas, tenemos la friolera de 32 millones de adultos sin registrar. Aquí es cuando resaltan los problemas de instrumentación de la nueva legislación.

Imaginemos que el personal del SAT trabaja hasta el agotamiento, ¿podrá atender a esos 32 millones de aquí al 1 de enero de 2022? Porque tal y como están los cambios al Código Fiscal Federal (CFF), a partir de esa fecha cualquier ciudadano no inscrito será objeto de una multa. Nada más como referente, cuando vienen elecciones, el Instituto Nacional Electoral programa varios meses para inscripción al padrón electoral y/o cambios en la credencial. Y ni por asomo son tantos millones de solicitudes.

Otro obstáculo más: por la pandemia, el SAT atiende sólo con cita. Uno puede pedirla hoy y es programada para varias semanas adelante, así que ¿cómo para cuándo se desahogarán los 32 millones de citas..? Por cierto, se rumora que uno puede obtener rápidamente la cita mediante un módico “donativo” y así se olvidan de que ya se acabó la corrupción. Valdría la pena checarlo.

Otros escollos más son los adultos mayores y las poblaciones rurales alejadas de las oficinas del SAT. Ambos tienen limitaciones de movilidad y de conocimiento tecnológico para tramitar sus citas.

Lo más grave de la deficiente instrumentación es que aquellas personas que no se registren estarán cometiendo un delito. Sí, delito, porque a los legisladores se les olvidó modificar el artículo 110 del Código Fiscal para eliminar la tipificación penal cuando una persona no se inscriba en el RFC, estando obligada a ello. Me dirá usted que con la multa ya está sancionada la falta, pero no es así; el Código se tiene que cumplir; y si se cumple, no le platico la carga de trabajo para la Procuraduría Fiscal de la Federación y los tribunales federales, con todos los “delincuentes” fiscales que se acumularán.

En todo país desarrollado, la población tiene un número de identificación; pero si ya tenemos la CURP, ¿para qué hacer universal el RFC? Entiendo que el cambio de referente de identificación es complicado, pero son los cambios a medias los que enredan más las cosas para los ciudadanos e implican más aparatos burocráticos y costos para el gobierno.

Como ve, señor secretario, no es mala fe de mi parte hacia la 4T. Es que, de verdad, los legisladores morenistas no le echan ganitas…

Mañana le comentaré sobre la afectación a las SOFOM y bancos, así como su impacto en la inversión. Mal asunto, don Rogelio, ya verá…

Investigación: Upa Ruiz upa@delfos.com.mx

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