La tragedia de los migrantes en Ciudad Juárez
La noche del lunes 27 de abril hubo una tragedia en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración (Inami), en Ciudad Juárez. Esa tragedia pudo ser evitada. Hubo un incendio donde estaban confinados migrantes de seis nacionalidades distintas; los migrantes habían sido detenidos y puestos en cuartos con cadenas y candados. Aunque los custodios pudieron abrir los candados y permitir que los extranjeros detenidos salvaran la vida, no lo hicieron; los dejaron morir asfixiados o calcinados. (Hay un video que comenzó a circular en las redes sociales al día siguiente, martes 28 de abril, en el que se ve a guardias del centro migratorio dejando a los migrantes encerrados, mientras las llamas y el humo se tragan la imagen, Pablo Ferri, “El País”, 28/04/2023). En total, fueron 39 personas las que perdieron la vida entre las llamas. Hubo 28 heridos, algunos de gravedad. Andrés Manuel López Obrador declaró, en la mañanera del martes, que los migrantes “se enteraron de que iban a ser deportados. Como protesta, en la puerta del albergue pusieron colchonetas y les prendieron fuego.”
Se registró un incendio dentro de las instalaciones de la estación migratoria en Ciudad Juárez
El Secretario General de Naciones Unidas, António Guterres, exigió una investigación “exhaustiva” sobre lo ocurrido en ese centro migratorio. Rachel Schmidtke, abogada senior de la organización Refugees International dijo: “El Inami tiene una larga historia de abusos hacia los migrantes en México, y una mayor rendición de cuentas por esos abusos podría haber evitado esta tragedia.”
El punto fundamental es que esos migrantes estaban a cargo del Estado mexicano: el Inami depende de la Secretaría de Gobernación. Esa instancia, como hemos dicho, es la encargada de la estación migratoria de Ciudad Juárez, situada en el Puente Internacional Stanton-Lerdo, a menos de un kilometro de la frontera con Estados Unidos.
Un dato importante es que en esa estación no sólo trabajaba personal del Inami, sino también gente de una empresa privada. Aunque las autoridades se han negado a decir el nombre de esa compañía privada, el periodista Carlos Loret de Mola afirmó que se trata de la empresa Servicios Especializados de Investigación y Custodia S.A. de C.V. (SEICSA), propiedad del cónsul honorario de Nicaragua, Elías Gerardo Valdés Cabrera. Este individuo recibió ese cargo bajo el gobierno de Daniel Ortega.
De acuerdo con Latinus, Valdés Cabrera ha obtenido contratos del gobierno de López Obrador por una cantidad que supera los tres mil millones de pesos: “Esto, a través de los servicios de seguridad y espionaje industrial que SEICSA habría ofrecido a una veintena de dependencias federales, entre ellas la FGR, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) o el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Todos estos pactos se habrían consolidado a pesar de que la empresa ha sido denunciada en reiteradas ocasiones por violar los derechos de los migrantes.” (Infoabe, 30/03/2023). Cinco de los empleados de SEICSA fueron llamados a declarar ante la FGR: habrían aparecido en el video que muestra el inicio del incendio y cómo ese personal no hace nada para salvar a los migrantes: los mantuvieron encerrados, pese a que ya había iniciado el incendio y, además, se registró una explosión.
Pero parece que al nicaragüense Elías Gerardo Valdés Cabrera, colaborador de Daniel Ortega, se le acabó la suerte: de acuerdo con lo dicho por Rosa Icela Rodríguez, Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) la compañía privada SEICSA ya no podrá ofrecer sus servicios en México tras la tragedia en el centro migratorio de Ciudad Juárez: “La empresa tendrá que enfrentar la ley…Adelantándonos, ya no podrá dar servicios esta empresa en México después de esto. Y las investigaciones van a llegar hasta donde tengan que llegar.” Ojalá se le finquen responsabilidades al dueño.
La Secretaria de Seguridad declaró que esa empresa también será investigada respecto del cumplimiento de los requisitos y la documentación para laborar en dicho centro migratorio: “Se va a hacer la revisión de la empresa, si estaban cumpliendo con los requisitos, con los permisos…También cuáles eran las capacitaciones que se ve que no tenían ninguna capacitación estos guardias contratados por migración”. (Idem).
Es correcta la actuación de la Secretaria de Seguridad: que se castigue a los responsables. De otra parte, y eso es competencia de otras instancias gubernamentales, me parece que el tema de la migración no se ha visto en toda su magnitud: en los últimos años y más aún en los últimos meses, el flujo de personas provenientes del Caribe, Centro y Sud América se ha disparado: en 2022 fueron detenidas en la frontera 2,76 millones de personas. Según las cifras registradas en el primer trimestre de 2023 y la tendencia que muestran, esa cifra será rebasada este año.
Lo que queda claro es que el gobierno mexicano tiene que hacer una profunda revisión de su política migratoria y, sobre todo, de la manera en que trata a los migrantes. Bajo ningún motivo puede repetirse la tragedia ocurrida el 27 de marzo en Ciudad Juárez. El Comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, debe ser removido de su cargo.
En el plano internacional, el gobierno mexicano debe trabajar con el gobierno norteamericano para que se anule el ominoso título 42, que permite a Estados Unidos enviar a México a migrantes detenidos en Norteamérica. Pero también debe trabajar con las naciones expulsoras de migrantes: Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Venezuela, Colombia, Haití y Ecuador. La violencia delictiva, el crimen organizado, la presencia de gobiernos represivos, la falta de oportunidades y sociedades en descomposición son algunas de las causas que mueven a la gente a abandonar sus lugares de origen, y arriesgar sus vidas en la búsqueda de mejores horizontes.
Aventuras que a veces terminan en dolorosas e inhumanas tragedias.
Mail: jsantillan@coljal.edu.mx
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