La política es demasiado a menudo el arte de traicionar los intereses reales y legítimos, y de crear otros imaginarios e injustosARTURO GRAF

Desde la Grecia Antigua, dice Pavón Vasconcelos, célebre jurista mexicano, abogado postulante, profesor universitario, servidor público en la procuración de justicia y ministro numerario de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se conoció el delito de traición que se cometía mediante actos que atentaban contra el Estado, poniendo en peligro su existencia o sus intereses.

En cuatro extensos artículos, que comprenden aproximadamente veintiún supuestos distintos, el Código Penal Federal regula el delito de traición a la patria que, en esencia, es un tipo penal destinado a proteger la seguridad de la nación, su independencia, su soberanía, su estabilidad, que pueden afectarse mediante actos de hostilidad (guerra), espionaje, reclutamiento de tropas, venta del territorio nacional o favorecimiento de una invasión extranjera, entre otros más. Ninguno de ellos empata con la votación en contra de un proyecto de reforma constitucional. No existe un solo supuesto en el que tal comportamiento encuadre a la perfección, como exige una acusación criminal, e incluso bajo la más forzada y retorcida interpretación de la norma penal, los parlamentarios gozan de una protección que quizás no conozcan algunos cirqueros. En el amplio universo de los comportamientos humanos, no hay más que de dos sopas: o lo que hacemos es lícito (autorizado u obligatorio), o lo que hacemos es ilícito (desautorizado o prohibido). No puede nunca un mismo comportamiento, en el mismo lugar, ser simultáneamente lícito e ilícito. Esto, que en la filosofía aristotélica se identifica como tertium non datur (no hay lugar a una tercera), tiene una implicación de fondo aún más importante. Cuando los legisladores emiten su opinión en tribuna que luego materializan a través de su voto, lo hacen en ejercicio de un derecho. Opinan porque tienen derecho a opinar y votan porque tienen derecho a votar. Cuando se ejercen derechos, tal ejercicio debe ser -naturalmente- un acto lícito. Es por eso un despropósito pretender instrumentar un proceso penal contra 223 legisladores que no hicieron sino lo que podían, de acuerdo con la ley.

Es más, hay también una protección aún más poderosa. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prescribe que los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos, y jamás podrán ser reconvenidos por ellas. Reconvenir significa que no pueden ser censurados ni reprendidos por lo que dicen o hacen en su labor legislativa.

El dirigente nacional del Morena, sin embargo, se asume como sumo intérprete de la voluntad de todas y todos los mexicanos, pues supone que los poco más de 93 millones de electores estaban a favor de la reforma a la industria eléctrica, hipótesis a todas luces errada. Desde esta visión partido céntrica, el grupo en el poder identifica como traidores no sólo a los legisladores de oposición, sino también a -seguramente millones de- personas que, por las razones que se quiera, no estaban de acuerdo con una reforma como la que se propuso. Todas estas personas quedan invisibilizadas, señaladas y ahora hasta amenazadas de orfandad de la representación política característica de la democracia, con la insulsa jactancia de que los verdaderos intereses de la nación son los que determinan otros, los ungidos, los justos. Son ellos y nadie más, quienes encarnan los saberes y quereres patrióticos.

Aún desde la perspectiva política, quienes acusan la comisión de un delito, parten de la premisa de que la nación o la patria entraña un concepto fundacional de unidad, de identidad, de solidaridad y colaboración universal que no existe. Precisamente la unidad que el partido en el gobierno se ha encargado de socavar desde sus múltiples cruzadas por llegar a la silla de Palacio y más ahora que ya ocupa cómodamente el trono.

Así como el Derecho se caracteriza por ser dinámico, sus instituciones jurídicas suelen tener el mismo grado de flexibilidad que el que tienen la moral o las convicciones de quienes pueden modificarlas. El propio Pavón Vasconcelos dijo que, a diferencia de como ocurrió en Grecia, en Roma se exageró el concepto de delitos contra el Estado (como el de traición a la patria), invocándose primero el interés del pueblo y más tarde haciendo uso de ese interés como un arma a favor del despotismo de los emperadores.