La inminente candidata de Morena al gobierno del Estado de México autorizó el diezmo forzoso de centenares de trabajadores de Texcoco para beneficiar a ese partido. Delfina Gómez Álvarez era presidenta municipal. Tiempo después, ella misma reconoció que aprobó tales descuentos en los salarios de los trabajadores del municipio y que con esos recursos se pretendía favorecer a Morena.

Por haber recibido recursos que no reportó, el INE sancionó a ese partido con 4 millones y medio de pesos. El Tribunal Federal Electoral ratificó esa multa. A Delfina Gómez, que para entonces ya era secretaria de Educación Pública, las autoridades electorales no le impusieron sanciones pero enviaron el expediente de ese caso a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la Fiscalía General de la República, entre otras instancias. Si la señora Gómez no ha sido sancionada directamente por la exacción a los trabajadores en Texcoco no ha sido porque no fuera culpable, sino por la intencional negligencia de esas fiscalías.

Gómez Álvarez fue presidenta municipal de Texcoco entre enero de 2013 y marzo de 2015. Durante esos meses, y aún después, el ayuntamiento les descontó a por lo menos 472 trabajadores alrededor del 10% de sus salarios quincenales. Ese dinero fue a dar al “Grupo de Acción Política” que era un afluente de Morena. De allí, tales recursos fueron destinados a militantes y proveedores de Morena.

La Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral hizo una pormenorizada investigación de esos descuentos, a partir de una denuncia del PAN. La resolución del Consejo General del INE del 3 de septiembre de 2021 recoge los resultados de esa indagación. Durante la gestión de Gómez, entre 2013 y 2015, el ayuntamiento de Texcoco expidió 50 cheques a nombre de María Victoria Anaya Campos. En las pólizas de esos cheques se indicaba que se trataba de “aportaciones voluntarias” o de “pagos” para el “Grupo de Acción Política”. Anaya Campos era la secretaria privada de Delfina Gómez.

Los cheques fueron autorizados por la presidenta municipal Delfina Gómez Álvarez y por otros tres funcionarios del ayuntamiento: el secretario Horacio Duarte Olivares, el síndico Edmundo Rosales y el tesorero Alberto Martínez Miranda.

Actualmente Duarte es titular de la Agencia Nacional de Aduanas, Rosales trabaja con él como Administrador Central de equipamiento e Infraestructura Aduanera y Martínez es hermano del senador morenista Higinio Martínez.

Anaya, la secretaria de Delfina Gómez que fue beneficiaria del medio centenar de cheques que en total ascendieron a 10 millones 810 mil pesos, es la funcionaria federal encargada de administrar los Programas del Bienestar en Texcoco.

Delfina Gómez no sólo firmó los cheques en cuyas pólizas se indicaba que tales recursos irían al llamado Grupo de Acción Política. Ella misma, en una entrevista con Carmen Aristegui en abril de 2017, admitió que ese dinero provenía de descuentos a los salarios de trabajadores del ayuntamiento y que se empleaba con propósitos políticos.

Además, entre marzo y julio de 2015 fueron girados otros 9 cheques, por un total de algo más de 2 millones de pesos, a nombre de Sara Iveth Rosas Rosas. También eran recursos para el mencionado Grupo. Pocos años después, Rosas fue directora de Administración en el ayuntamiento de Texcoco.

Apoyándose en la Comisión Nacional Bancaria, el INE les siguió la pista a esos 59 cheques, de los cuales fueron cobrados 57. Se trata de recursos por 12 millones 444 mil pesos. En la indagación, fueron identificados otros cheques del ayuntamiento de Texcoco depositados en la cuenta personal de María Victoria Anaya Campos. Ese dinero era transferido a personas y empresas cercanas a Morena. Inclusive, en mayo de 2015 hubo un pago por 200 mil pesos trasladado expresamente a ese partido.

De esos recursos, INE encontró que al menos 2 millones 264 mil pesos fueron a dar a Morena y el partido no los reportó. Por eso le impuso una multa de 4 millones 529 mil pesos, el doble de la cantidad que recibió ilegalmente. La autoridad electoral no calculó la multa a partir de los 14 millones de pesos que, según pudo establecer, fueron transferidos por el ayuntamiento de Texcoco a las personas que servían como intermediarias de esas operaciones. Un criterio establecido tiempo antes por el Tribunal Electoral indica que los partidos sólo pueden ser sancionados por recursos cuya entrega pueda ser plenamente acreditada.

A pesar de esa limitación, sin la cual Morena hubiera tenido que pagar una multa mucho más alta, la Sala Superior del Tribunal Electoral consideró en enero pasado, a propósito de la trama con recursos del ayuntamiento Texcoco para el Grupo Acción Política: “se está en presencia de un mecanismo complejo que permitió a dicho Grupo beneficiar a MORENA, sin informar a la autoridad electoral. Cabe resaltar que la autoridad electoral precisó que la mayoría de los recursos descontados a los trabajadores en el periodo 2013-2015, se utilizaron en efectivo, lo que le impidió conocer su destino final, evitando así la fiscalización de la autoridad electoral e inclusive fiscal y, con ello, solo se sancionó a MORENA por el monto de los recursos que quedaron acreditados”.

El INE no sancionó a Delfina Gómez porque no se comprobó que su campaña para diputada federal en 2015 se hubiera beneficiado con esos recursos. Pero se ha demostrado que era dinero público, que tendría que haber sido destinado al pago de los trabajadores de Texcoco pero fue desviado a favor de Morena. La principal responsable de esa operación es la señora Gómez.

El INE dio vista de ese caso al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, a la Fiscalía General de Justicia de esa entidad, a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la FGR y a la Unidad de Inteligencia Financiera. A Delfina Gómez no se le ha sancionado explícitamente por la desviación de recursos públicos cuando fue presidenta municipal debido a la impunidad que ha encontrado en esas instituciones.