Todo lo que escuchamos es una opinión, no un hecho. Todo lo que vemos es una perspectiva, no la verdad.

Marco Aurelio

Tratándose del fenómeno delictivo, existen múltiples mecanismos, tales como estadísticas, encuestas, análisis de datos duros, archivos de datos abiertos, entre otros, generados tanto por entes públicos como privados, que buscan proporcionar información acerca de los índices delictivos y su variación en el tiempo (incremento, disminución o permanencia). Buenos ejemplos de ello podemos encontrar en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), observatorios ciudadanos especializados en una temática y múltiples organizaciones de la sociedad civil y think tank.

Cada una de esas instancias procura generar información actualizada sobre diversos aspectos del mismo objeto de estudio que, en el caso que nos ocupa, es el delito que, en muchas ocasiones, es analizado conjuntamente con fenómenos sociales como la corrupción y la impunidad.

Como instancia del gobierno federal, el SESNSP cuenta con una base de datos sobre la incidencia delictiva tanto a nivel federal como local, en la que pueden observarse cifras desagregadas por meses y años sobre la comisión de diversos delitos, datos que son recopilados mediante los registros de averiguaciones previas o carpetas de investigación que obran en las fiscalías generales de cada entidad federativa y análogamente en la Fiscalía General de la República.

El INEGI, por su parte, como organismo público autónomo, realiza algunas encuestas en materia de seguridad pública a la población mayor de 18 años, obteniendo datos sobre la percepción y comisión de delitos. Sus principales instrumentos en este rubro son la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) y la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL). La primera de ellas se ejecuta de manera regular cada año, desde 2011; en ella, se proporcionan datos específicos sobre los delitos, como quiénes fueron las personas que más lo padecieron (hombres o mujeres), cuántas personas como sujetos activos participaron en él, si se cometió empleando algún tipo de arma, etc., pero quizás el rubro más destacado es el que muestra la cifra negra de todos aquellos delitos que se cometen, pero no se denuncian.

El ONC, como organización de la sociedad civil, además de contar con encuestas, informes y diagnósticos en materia de seguridad, justicia y legalidad, posee una plataforma de datos sobre la incidencia delictiva en nuestro país, en la que pueden visualizarse los delitos cometidos por períodos -mensuales o anuales- teniendo la posibilidad de advertir la variación de cada uno de ellos. La conformación de su plataforma se realiza a partir del número de víctimas y carpetas de investigación que obtiene, entre otros, del SESNSP.

Para dar cuenta, por ejemplo, de las cifras tan disímbolas y estadísticas diversas que manejan cada uno de ellos, tenemos que en el año 2020 el SESNSP reportó la comisión de 1,841,196 delitos; mientras que el INEGI tuvo un registro de 27.6 millones de delitos, precisando que su muestreo sólo incluyó los delitos más representativos del fuero común y, finalmente, el ONC mostró un total de 2, 994, 351 delitos cometidos, quien similar al INEGI, únicamente recopiló información de 13 delitos.

Cada uno de estos instrumentos aporta, ciertamente, información no sólo interesante en términos culturales o académicos, sino valiosa en cuanto a la identificación de áreas de oportunidad en las que el Estado debe y puede incidir. La información es poder, se dice, siempre y cuando se sepa qué hacer con ella. Lo cierto es también que una amplia gama de datos contradictorios, no puede ser saludable em términos de planeación ni definición de acciones y, por otro lado, que aun disponiendo de cifras, datos duros, información vasta, de poco o nada sirven sin su transformación necesaria en el diseño ni en la implementación de políticas públicas generales de combate al delito, a la corrupción y o a la impunidad, es decir, si no se le utiliza más que de formas descriptiva y desarticulada, condenándola a la futilidad de los datos duros.