Opinión

X

La red social, antes conocida como Twitter, hoy se llama X. Esto nos presenta una serie de dudas a cuyas respuestas, en el mejor de los casos, llegaremos con el tiempo.

¿Cuál será el verbo adecuado para referir la acción de publicar algo en la red X? ¿Exear? ¿Cómo deberemos llamar a los antiguamente conocidos como “tweetstars”? ¿xstars?

La ominosa X, que Chabelo nos enseñó a temer, preside ahora la red de discusión política por excelencia. Y esto nos debe hacer recordar algo: la nueva plaza pública ha sido adquirida por un dueño que ha modificado no solo su conformación y reglas de uso, sino hasta su nombre.

Ciertamente, siempre parte de la discusión de los temas políticos se ha dado en espacios de propiedad privada, como los periódicos, canales de televisión o revistas. Pero la diferencia radica en que tales medios, electrónicos o tradicionales, son de un solo sentido, dado que, por su manera de funcionamiento, no permitían la interacción con quienes los consumían.

Pero las redes sociales se presentaron como la panacea de la democracia dialogante. Un lugar donde cualquiera puede abrir una cuenta, compartir sus ideas, interactuar con las demás personas, sin que hubiera límite impuesto ni por los estados ni por empresa alguna. Una auténtica plaza pública.

Musk y

Musk y "X" prometen ofrecer nuevas capacidades en los próximos meses

Hoy sabemos que no es así. Que nunca lo fue ni lo será.

Las redes sociales son administradas por empresas. Sus dueños, sean personas concretas o conglomerados anónimos, fijan las reglas que consideran y las modifican a su gusto. Hoy nos ofrecen ciertos estándares de seguridad, mientras que al día siguiente venden nuestra información a quien tenga el dinero suficiente para comprarla.

Administran las redes, deciden lo que puede decirse o mostrarse; limitan el discurso público. Y todo esto lo hacen buscando un fin: las ganancias económicas. Las empresas que administran redes sociales no tienen por objetivo la protección de los derechos humanos o la tutela de grupos vulnerables, no son “amigas” de la democracia.

Cierto, deben existir filtros y mecanismos para evitar que en las redes se cuelen expresiones delictuosas, violencia de género, exposiciones indebidas, etc. Cierto, estos filtros deben ser operados en primer lugar por las empresas propietarias, con independencia del impacto económico que puedan tener.

Pero seamos sinceros. Esto no basta, es necesario que exista algún recurso judicial que permitan levantar bloqueos indebidos, así como eliminar publicaciones cuyo contenido u origen sea ilegal. Debe existir un remedio judicial para estas cuestiones, y su diseño debe atender a los siguientes elementos:

• Figura de juicio, para que se inicien mediante la queja o denuncia de una persona, pueda escucharse a quien realizó la publicación y a la red social, para decidir sobre la legalidad o no de lo publicado

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• Trámite en línea, a fin de realizar el proceso con la máxima rapidez posible.

• Proceso sencillo, de forma que no sea necesario ningún conocimiento jurídico de quien reclama

• Judicatura especializada, con los conocimientos tecnológicos necesarios, pero también con una firme vocación de tutelares derechos humanos

No nos engañemos. Las redes sociales son propias de nuestro tiempo, diría yo, insustituibles. Pero debemos evitar que se conviertan (o que sigan siendo) una selva donde la protección de los derechos, como los del honor, la dignidad y la intimidad, sea pasada por alto, en aras de una autorregulación notoriamente ineficaz, calculadamente ineficiente.