Un elemento que destaca en los conflictos legales que Lion Mexico Consolidated (LMC) mantiene con empresarios mexicanos, es la falsificación de documentos. Al menos en los casos protagonizados por la familia Tommasi Olavarría, en Quintana Roo, y por Héctor Cárdenas, en Jalisco y Nayarit, el uso de evidencias falsas o alteradas se convirtió en una práctica común por parte del fondo de inversión canadiense, propiedad de la firma Franklin Templeton.

En ambos casos, la experiencia ha sido similar. Después de que el conflicto con LMC escalara al arbitraje internacional, debido al incumplimiento de acuerdos de lado del Fondo, este recurrió a las pruebas ficticias para desacreditar a los empresarios mexicanos y, sobre todo, despojarlos de sus propiedades y proyectos. Incluso, para lograr su cometido, se valió de corrupcion aprovechando sus nexos con importantes políticos y de la falsificación de documentos.

“Se trata de un grupo de jugadores que actúa sin respetar las reglas, de gente muy tramposa que llegó a embaucarnos y a no cumplir con lo que les correspondía. Llegaron a México a buscar propiedades con la mejor cara, se hacen pasar por buenas personas, te prestan dinero, se convierten en socios y, después, muestran su verdadero rostro: el de sinvergüenzas (...) El fondo nos desangró y se quedó con nuestro patrimonio”, detalla Carlos Tommasi Olavarría.

La historia de la familia Tommasi con LMC inicia en 2006, cuando firmaron un acuerdo de sociedad para desarrollar el “mejor proyecto residencial del Caribe”, que incluía un hotel, campo de golf y residencias de lujo. El trato establecía que los empresarios tendrían 55% de participación; mientras que el fondo se quedaría con 45%. Sin embargo, las malas prácticas de LMC se hicieron presentes, pues se detuvo el flujo de capital, no se respetaron acuerdos bancarios y con algunos proveedores estratégicos y se hicieron ajustes al proyecto sin previo aviso, hasta desencadenar un conflicto legal.

En 2010, la familia Tommasi Olavarría perdió su proyecto que ya tenía un avance del 80%. En ese momento decidieron escalar el caso a un arbitraje internacional. En este proceso, los empresarios mexicanos presentaron más de 200,000 documentos de pruebas, mientras que el fondo solo 400 (70% duplicados) y muchos de ellos eran falsos e incompletos. “Querían voltear las cosas y decir que nosotros los habíamos engañado respecto al tamaño y el costo del proyecto turístico en Quintana Roo”, menciona Carlos Tommasi Olavarría.

Eduardo Baruch Olvera, quien trabaja para el despacho del abogado Emilio González de Castilla, representante legal del fondo en México, y socio comercial de Mayer Brown, despacho de abogados americanos de LMC, supuestamente solicitó al municipio los planos del proyecto más una carta del municipio donde falsificaron sellos, logotipos y firma de una funcionaria de alto perfil, los cuales presentaron en el arbitraje con el objeto de engañar al tribunal y ponerse en posición de víctima al tener que ir supuestamente al municipio a solicitar información que los desarrolladores no les habían dado los planos del proyecto.

Sin embargo, los Tommasi hicieron una petición de los mismos a través del portal de transparencia, comprobando que el fondo de inversión canadiense nunca solicitó la información, y mucho menos bajo el formato digital que según le fueron otorgados, ya que el municipio declaró no contar con la tecnología para cumplir con ese requerimiento.

Los abogados de LMC presentaron una segunda prueba falsa intentando ratificar el primer documento adulterado, pero lo hicieron con un supuesto oficio del municipio que “reconocían como verdadero” el primer documento ficticio. A pesar de las pruebas falsas, el tribunal hizo caso omiso y continuó con el proceso legal arbitral en el que la familia perdió su patrimonio.

La historia es similar en el caso de Héctor Cárdenas. La relación entre las compañías que dirige el empresario mexicano y Lion Mexico Consolidated, para el desarrollo de inmuebles de ultra lujo en Jalisco y Nayarit, inició en 2007 cuando ambas partes pactaron convertirse en socios del negocio. El acuerdo incluía una inversión del fondo de 150 millones de dólares, aunque solo aportó 32 millones, modificando la alianza inicial y convirtiéndose en un prestamista.

Posteriormente, y ante la crisis financiera en Estados Unidos, LMC solicitó a Cárdenas detener los desarrollos inmobiliarios por falta de capital. En este proceso, el fondo cambió de dueño y la nueva empresa no respetó los acuerdos antes pactados. Por ello, el empresario mexicano inició un juicio, obteniendo sentencia favorable.

En contra de dicha sentencia, LMC promovió un juicio de amparo que posteriormente abandonó en su perjuicio para mejor intentar cobrarle al estado mexicano en un arbitraje internacional. El fondo intentó presionar por la vía penal, en donde falsificó sellos alterando la fecha de presentación de una denuncia y la fecha de emisión de oficios, todo esto en conjunto con personal de la Fiscalía Central del estado de Jalisco.

En el arbitraje, el fondo también recurrió a la influencia política del exprocurador, Jesús Murillo Karam, quien les dió apoyo para lograr sus objetivos, ganar el arbitraje internacional. En este proceso, LMC sostuvo de manera reiterada haber sido engañado por Héctor Cárdenas al haber manipulado al sistema jurídico mexicano.

Un punto importante a destacar es que ni el Gobierno Mexicano, ni Lion Mexico, permitieron que el empresario participara en el arbitraje, por lo que las afirmaciones que se hicieron en su contra fueron tomadas como ciertas sin antes escuchar su versión. Tampoco se consideraron las resoluciones de los tribunales mexicanos, las cuales desmienten lo mencionado por el fondo.

Esto desencadenó una sentencia clara para el estado mexicano: indemnizar al fondo de inversión por más de 47 millones de dólares, según el laudo emitido en septiembre de 2021, debido a que -en el caso de Héctor Cárdenas- México violó el TLCAN. El Estado mexicano tuvo la posibilidad de señalar que las acusaciones contra el empresario no habían sido probadas. Pero, en su lugar, optó por asentir los dichos de LMC.

Actualmente, la ejecución de la sentencia se encuentra en pausa porque el Gobierno Mexicano demandó la nulidad del caso frente a una corte del Distrito de Columbia en Estados Unidos.

El modus operandi de Lion Mexico es claro, y parece que efectivo, pues ha ganado dos laudos a sus socios mexicanos en el proyecto de Quintana Roo, y otro laudo más al Estado mexicano. Los dos primeros fueron anulados por múltiples irregularidades, y se espera que también suceda lo mismo con el último. Mientras tanto, los empresarios mexicanos siguen en espera de que la justicia toque su puerta.