Empleados de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en Morelos solicitaron la intervención del titular del área en el país, ante los que calificaron como abusos, corrupción y despidos injustos de la encargada de despacho, Rosa María Hernández Álvarez.
De hecho, los trabajadores remitieron la misma misiva hacia la Presidencia de la República, debido a que consideran que la servidora pública federal ha sido solapada y protegida desde las oficinas centrales de la institución, en la ciudad de México.
Historial. Y es que contra la hoy encargada de la delegación de la Profeco en Morelos, María Hernández Álvarez, existen tres denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR), por usurpación de profesiones, extravío de documentos oficiales en perjuicio de la administración pública y corrupción.
De acuerdo a la carta remitida al procurador federal del Consumidor, Humberto Benítez Treviño, también dentro de la desaparecida Secretaría de la Función Pública contó con cinco denuncias, las mismas por irregularidades administrativas en la función pública y que no fue sancionada por el gobierno federal anterior.
“Rentas”. Actualmente, señalan los empleados, se ha dedicado a presionar a los inspectores, para cobrar “rentas” a diversos comercios con giros rojos, propietarios de gasolineras y otros.
La carta remitida a la Presidencia de la República lleva el apoyo de las dirigencias de comerciantes establecidos, de mercados y organizaciones de empresarios, quienes advierten “es necesaria su intervención antes de que pase algo peor”.
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