Unos dicen, fue un matón; otros, un bravucón cuyo final no podía ser distinto al de una muerte violenta: un tiro en la cabeza.

—Al menos el presidente nos debió tomar en cuenta para el nombre que le puso a la reserva natural, pero hasta para eso fuimos ignorados —dice Carlos Simental, biólogo de la UNAM y defensor de la zona de esteros y marismas nacionales, desde el sur de Sinaloa hasta San Blas, Nayarit.

La reserva se llama Juan M. Banderas, militar revolucionario nacido en Sinaloa a quien apodaban El Agachado, por su caminar encorvado. Fue encarcelado por Francisco I. Madero debido a “sus atropellos”.

La controversia desatada en Escuinapa en torno al nombre es sólo una parte de esta historia de patrañas en la cual el gobierno de la 4T tramó convertir las 2 mil 489 hectáreas del Centro Integralmente Planeado (CIP) de Playa Espíritu —bautizado como el “nuevo Cancún” en el sexenio de Calderón— como Área Natural Protegida (ANP) desde principios de febrero de 2023, mientras al mismo tiempo engañaba a los ciudadanos con la compra de millones de cachitos de lotería para ganar terrenos imaginarios frente a la playa.

El 16 de agosto de ese 2023, mediante decreto presidencial, se consumó el traspaso de esas tierras a la Semarnat y la declaratoria de ANP.

Sin embargo, a ocho meses de aquel “manotazo”, la reserva Juan M. Banderas continúa en el limbo jurídico. El área carece de un programa de manejo, de plan de actividades permitidas y división de zonas (uso y protección), de acuerdos de coordinación con el gobierno de Sinaloa, el municipio de Escuinapa y sectores privado y social de la región, conforme a las disposiciones marcadas en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.

El artículo 65 de la norma obliga además a la Semarnat, por conducto de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, a convocar para el diseño del programa a “a los habitantes, propietarios y poseedores de los predios en ella incluidos, a las demás dependencias competentes, así como a organizaciones sociales y demás personas interesadas”.

“Esto lo podría tumbar cualquier leguleyo, porque no se están siguiendo los protocolos. Apoyamos la preservación ambiental, pero estos hacen todo con los pies, al ahí se va”, dice el biólogo Simental Crespo, quien en 2009 impulsó la campaña: “Yo vivo aquí, mi opinión cuenta”, para organizar a la comunidad y alzar la voz frente a las tropelías de Fonatur.

“No se ha hecho ni el boceto del plan de manejo, se requieren consultas con los habitantes y nadie en el municipio ha sido convocado. ¿A quién escucha Andrés Manuel? Sólo a su espejo. Hay muchas cosas en el aire, para el presidente siempre hemos sido apestados, nos ha agraviado mucho”.

—¿Qué les ha dejado todo este periplo?

—Los jodidos siempre somos los habitantes y el municipio, ahorcado por los beneficios fiscales para estos grandes proyectos. Escuinapa había cifrado sus esperanzas de desarrollo en el CIP, pero lo hicieron mal. Y lo de las rifas fue una vacilada, una burla propia de un país bananero. Se ha dejado sangre regada en el camino.

—¿Por qué lo dices?

—El CIP generó mucha especulación de tierras. Un empresario de nombre Leovi Carranza compró muchos terrenos alrededor porque tuvo información privilegiada. Hubo incluso muertos porque había gente que no quería vender; sus prestanombres arrasaron, aunque al final el negocio no les salió, por la cancelación.

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—¿Nada positivo?

—La trayectoria de Escuinapa en torno al cuidado de sus recursos naturales iba en picada, y al menos logramos organizarnos para hacer cosas en beneficio del medio ambiente. También fuimos escuchados por las autoridades de 2009 y logramos incidir: conseguimos que se proyectara un relleno sanitario, aunque seguimos esperándolo, por las malas administraciones de los gobiernos municipales. Si el proyecto hubiera surgido en la 4T, no tendríamos oportunidad de cuestionar nada, lo hemos visto con el Tren Maya. Si hace 15 años hubiera estado López Obrador, ya no tuviéramos acuífero.

“El único logro fue el surgimiento de la Universidad de Escuinapa, en 2011”, apunta el investigador y escritor Arturo Santamaría Gómez.

“Me acerqué al presidente municipal de aquel entonces para que hiciera algo y no pasara lo de Cancún o Los Cabos, donde la gente local fue desplazada de todos los puestos directivos y operativos del desarrollo turístico, se planteó la idea de una universidad para formar profesionistas en administración turística, mantenimiento, informática y otras carreras afines”, cuenta.

—¿Y qué ha pasado con los estudiantes tras el proyecto fallido?

-Salieron las primeras generaciones, y en el camino debieron impulsarse otras carreras que respondieran a necesidades locales, como enfermería. Los de turismo han tenido que emplearse fuera del estado. Los chavos se la han tenido que partir, porque más del 90 por ciento vienen de la pobreza extrema; bajaban de la sierra y tardaban dos o tres horas en llegar, caminando hasta 10 kilómetros para agarrar el camión. Los tuve como alumnos.

Incertidumbre y narco

A la falta de un plan de manejo de la reserva se suma la incertidumbre legal en torno a los predios rifados, algunos terrenos y el hotel en abandono donado al gobierno de Sinaloa y hectáreas cedidas a la Sedena para la instalación de una base militar.

Mientras los deseos de los lugareños se caen a pedazos, mientras los proyectos sociales caen en la ruina, el narco extiende sus brazos por todos los rincones del estado. Aun en los lugares públicos y en los establecimientos familiares la oferta de droga es incesante: desde Mazatlán hasta Escuinapa, desde Mazatlán hasta El Quelite, donde vive José Antonio Toledo Félix, sobrino del capo Miguel Ángel Félix Gallardo e hijo de Antonio Toledo Corro, el dueño original del rancho Las Cabras, después Playa Espíritu.

—La política y la mafia son lo mismo. Y los que la pagan son los de abajo, así ha sido siempre, así fue en la época de mi padre— dice con un desenfado inesperado.

“Los domingos se juntaban en la casa toda la bola de políticos mafiosos, venían a comer el guisado de res que hacía mi madre. Mi padre quería ser gobernador desde principios de los 60´s, pero se la ganó Leopoldo Sánchez Celis, porque traía dedazo desde México. Como mi padre no cedió, lo persiguieron. Para darnos el abrazo de Navidad entraba al pueblo vestido de mujer”.

“El mafioso mayor del estado en aquel tiempo: Braulio Aguirre, fue quien hizo que mi padre y Sánchez Celis se hablaran de vuelta, pero la política es cochina: no se sabe quién de los dos, si mi papá o el otro viejo, lo mandaron matar en la Ciudad de México, para beneficiar a la banda del Cochiloco, quien luego fue nombrado director de la judicial del estado, cuando mi padre quedó al fin de gobernador”.

—Algo bueno habrá hecho su padre…

—Comprar tierras en todo el estado, como las de Escuinapa, aunque ya ve cómo las traen del tingo al tango. También tranquilizó un poco el estado, simulando la muerte de todos los mafiosos de entonces.

—¿Simulando?

—Antes de terminar su gobierno aparentó la muerte de casi todos: filtraban fotografías en los ataúdes, contrataban a las funerarias y a gente para que llorara, pero todo era un teatro. Muchos en realidad se fueron para Francia y España. Pero ahí estaban, vivitos y coleando.

Y ahí están, ahí siguen, ocultos tras la brisa revuelta de un Mazatlán estruendoso, donde la tambora no enmudece jamás; ocultos en pueblos como Escuinapa, donde las ansias de una vida mejor quedaron ya pulverizadas…

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