El 2021 fue uno de los años más agitados en la historia de la política científica de México
Denuncia a 31 científicos, cisma en el CIDE, ocupación policial en la UDLA, cambios al reglamento del SNI, protestas de catedráticos son algunos de los eventos que han marcado uno de los sexenios más turbulentos en la historia del sector
El año 2021 trajo para la ciencia en México capítulos de agitación y confrontaciones. La sede principal del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) fue el punto de confluencia de marchas y mítines de protesta convocados por diferentes grupos de profesores, investigadores y estudiantes, ante un conjunto de cambios adoptados unidireccionalmente por la dependencia a diferentes reglamentos, convocatorias, estatuto interno y relaciones laborales.
Adicionalmente, el ecosistema científico de México vivió este año capítulos judiciales por la fallida carpeta de investigación federal que, en septiembre, buscó encarcelar en un penal de alta seguridad a 31 investigadores y ex funcionarios de Conacyt y el Foro Consultivo Científico y Tecnológico; así como una confrontación legal-laboral por la integración y posterior desconocimiento del sindicato de investigadores del sistema Cátedras Conacyt. Adicionalmente, se presentaron una reforma al reglamento del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y cambios en asignaciones para becas.
Mientras ocurrió todo esto se reformó por tercera ocasión en dos años el reglamento al Sistema Nacional de Investigadores (SNI); se otorgó la membresía al nivel más alto del SNI al Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero y se cancelaron numerosas becas al extranjero, privilegiando solamente las áreas prioritarias de desarrollo para este gobierno.
Aunado a lo anterior se registraron movilizaciones estudiantiles en contra de la toma policial de la Universidad de Las Américas en Puebla (UDLAP) y contra la designación del nuevo director del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). En ambos casos concluirá el año 2021 con instalaciones académicas tomadas por problemas políticos y sin realizar sus funciones de enseñanza e investigación.
Judicializar a la ciencia.
El momento más ríspido al interior de la comunidad científica mexicana este año, ocurrió la tercera semana de septiembre, cuando una filtración periodística informó que la Fiscalía General de la República (FGR) pidió órdenes de aprehensión contra 31 científicos y ex funcionarios de Conacyt que dirigieron o participaron en actividades del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, a quienes acusaron de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La petición fue rechazada dos veces por un juez federal, debido a inconsistencias en la documentación entregada por la Fiscalía, pero el 22 de septiembre la FGR emitió un comunicado donde afirmaba que elaboraría una tercera solicitud al juez, basada en nuevos elementos de prueba. Esa tercera carpeta de investigación no ha sido presentada hasta ahora.
Julia Tagüeña a la salida de su cita en la FGR, tras la acusación realizada por la fiscalía y Conacyt contra 31 científicos y exfuncionarios del Conacyt y Foro Consultivo.
Al conocerse este proceso judicial, el rector de la UNAM, Enrique Graue, refirió que era “un despropósito e inconcebible, la acusación de delincuencia organizada contra los académicos”. Horas después, la directora de Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla fue abordada por periodistas cuando llegaba al inicio de operaciones del Centro de Desarrollo e Innovación Tecnológica del gobierno de la Ciudad de México, en Vallejo Azcapotzalco. Cuando fue cuestionada sobre la acusación, a lo que respondió alterada "no sé de qué me hablas" y "yo no vine a apoyar al primer gobierno de la Cuarta Transformación para acusar a nadie. Nosotros no somos entidades que estamos ni capacitadas ni con atribución ni tenemos la responsabilidad…”, pero ya no terminó la frase porque un guardaespaldas la interrumpió y evitó que aclarara su idea.
Director o dictador.
Uno de los conflictos que acompañará a la ciencia mexicana al concluir el año es la confrontación de estudiantes, investigadores y personal administrativo con las nuevas autoridades del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), que se detonó el 29 de noviembre, aunque llevaba meses incubando.
Esa fecha, la directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, María Elena Álvarez-Buylla, informó que José Antonio Romero Telleache, investigador de El Colegio de México, fue seleccionado como nuevo Director General del CIDE. El nombramiento fue decidido por el Órgano de Gobierno y dado a conocer en una conferencia de prensa virtual que se realizó fuera del CIDE ante el cierre y toma simbólica de instalaciones que hicieron estudiantes que rechazan a Romero Tellaeche. Esta manifestación estudiantil, inédita en más de 40 años de historia del CIDE, inició desde las 7 de la mañana, con el plantón frente a los accesos del Centro. Antes, el 19 de noviembre, un grupo de 300 estudiantes del CIDE se manifestaron frente a la sede central de Conacyt para exigir la destitución Romero Tellaeche, a quien acusaron de incompetente y autoritario, con el lema: “¡Un dictador no será mi director!”.
En las semanas posteriores, el nuevo director y la Directora de Conacyt intentaron entablar diálogo con estudiantes, pero los intentos han fallado y los profesores del CIDE han pedido la mediación de la Secretaría de Gobernación al considerar que Conacyt no es un interlocutor confiable. Adicionalmente, se llevó a cabo una marcha y protesta más que culminó en una reunión con senadores, en la que solicitaron adicionalmente su autonomía.
Lee tambiénLas renuncias de Romero y Álvarez-Buylla no son suficientes, el CIDE busca su autonomía
Policía en el Campus.
En julio había emergido otro conflicto importante en una institución de educación superior que no se ha resuelto hasta la fecha y en la que el gobierno federal ha desviado la mirada: la toma de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), por un supuesto litigio entre dos patronatos. A raíz de este diferendo, la policía estatal de Puebla ingresó armada al Campus central de la UDLAP, el cual no han desocupado seis meses después, a pesar de que diferentes fallos judiciales han solicitado crear las condiciones para que se reanuden clases.
El litigio fue promovido por Guillermo Jenkins de Landa contra sus hermanos y su mamá, a quienes acusa de un desfalco de 720 millones de dólares, por lo que se pidió a un juez, como medida cautelar, ordenar el aseguramiento de los bienes de la Universidad.
Ante la suspensión de actividades y desalojo de universitarios, este domingo emitió un comunicado público la red ProCienciaMx, integrada por más de 466 científicos, médicos y profesores que realizan investigación en 65 instituciones públicas y privadas. Anteriormente, se manifestaron en el mismo sentido las seis universidades privadas que integran la alianza académica llamada Consorcio Universitario de Puebla. En paralelo, estudiantes iniciaron en redes sociales la campaña #UDLAPsecuestrada, para exigir que salgan las armas del campus universitario y se les permita iniciar las clases de verano que iniciaban la misma semana que la Universidad fue tomada.
El 10 de julio, miles de estudiantes y profesores de la (UDLAP) marcharon este sábado por las calles de Cholula hasta la puerta del campus de su universidad para pedir que la policía estatal y sus elementos armados, abandonen las instalaciones de esa casa de estudios, pero la intervención armada no ha concluido al cierre de 2021.
Cambios al Reglamento del SNI.
Los conflictos mayores que se han enlistado fueron acompañados de otros más, roces y ataques desde el gobierno de la República, contra las universidades, los científicos y la comunidad académica.
Miembros del sindicato de Cátedras Conacyt se manifestó por la precarización de su trabajo.
"Se requieren más páginas para hablar de la tercera Reforma al reglamento del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) realizada en menos de un año y medio, la cual excluyó de apoyos económicos públicos a los investigadores que trabajen en instituciones privadas, además de que hizo cambios en las áreas, comités evaluadores y reglas para participar. También se requieren varias páginas para hablar del duro proceso que experimentaron los investigadores del sistema Cátedras Conacyt, a quienes la Secretaría del Trabajo les reconoció un sindicato y luego fueron desconocidos por la misma secretaría, ante un cambio de reglamentos del Conacyt. Queda también pendiente revisar el cambio al régimen de contratación de investigadores que aprobó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al modificar la interpretación de la Jurisprudencia I/96; lo que afecta gravemente a los y las trabajadores de los 105 organismos públicos descentralizados, quienes pasarían, al Apartado B, precarizando las condiciones laborales y violentando los derechos humanos.
Un año más sin Ley General de Ciencia
En 2021, Diputados y Senadores de México incumplieron, un año más, el mandato que ellos mismos se impusieron en mayo de 2019 cuando aprobaron la Reforma al artículo 3 Constitucional y anunciaron que aprobarían una nueva Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación antes de concluir 2020. A pesar del compromiso y de que recibieron tres propuestas de iniciativas de Ley elaboradas por la Red Nacional de Consejos Estatales de Ciencia (Rednacecyt), la red ProCienciaMx, y el partido Movimiento Ciudadano ninguna fue sometida a votación.
Lee tambiénRafael Bojalil: Vivimos en la ciencia mexicana una guerra sucia sin precedente
