
Uno de los patrones en torno al fenómeno de la violencia a causa del crimen organizado en nuestro país ha sido el empleo, cooptación y reclutamiento forzado de jóvenes, quienes enfrentan agresiones que pueden llevarlos hasta la muerte.
“Los niños, niñas y adolescentes reclutados y utilizados para fines delictivos por parte de la delincuencia organizada y/o de los grupos delictivos regularmente conlleva a que los menores de edad sean desaparecidos, pierdan la libertad, dignidad e integridad e incluso hasta su vida llevando con ello la descomposición del tejido social”, señala el documento “Mecanismo Estratégico del Reclutamiento y Utilización de NNA por Grupos Delictivos y la Delincuencia Organizada…”, de la Secretaría de Gobernación.
El fenómeno social ha sido llamado “juvenicidio” por Julio Morales López, Investigador por México, adscrito al Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) Unidad Regional Pacífico Sur. El académico se ha especializado en uno de los temas más dolorosos de México: la violencia extrema a causa del crimen organizado y la descomposición social que provoca.
En entrevista, el especialista explica por qué el país sufre el “juvenicidio” de su población dentro de regiones que, a su vez, ha nombrado “necrozonas”, donde la violencia, la desaparición y el asesinato de las juventudes se ha vuelto dolorosamente común.
Recientes acontecimientos como los hallazgos en el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, enfatiza, son un reflejo de que la ola de violencia sigue una escalada a la que el país no se puede acostumbrar.
Tras sus estudios sobre la “cultura de la violación sexual” en Guanajuato y la vulnerabilidad de las adolescentes y jóvenes, el especialista profundizó en el perfil de las víctimas mortales de la entidad a causa del crimen organizado.
“El patrón eran personas jóvenes, entendiendo que el conflicto generado por estos grupos se alimenta de ellas. Los jóvenes se encuentran más expuestos, pasan más tiempo en espacios públicos y tienen mayor necesidad de salir”. Los grupos del narcotráfico, añade, ponen su mirada en ellos para controlarlos, reclutarlos y meterlos a su sistema, ya sea de manera formal o informal, es decir, en ciertas actividades no siempre se dan cuenta de que están trabajando para un grupo delictivo.
(DES)CONTROL DEL HUACHICOL.
El investigador comprendió dicho proceso con estos primeros acercamientos y justo en 2018, cuando el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó el Plan Nacional contra el Robo de Hidrocarburos –Plan contra el huachicoleo– en la zona del Bajío. El huachicol, recuerda, había sido una estructura económica fuerte para los grupos delictivos.
“De esta manera, los grupos del narcotráfico pierden ingresos millonarios y los obligan a diversificar sus acciones para mantener el financiamiento de sus actividades delictivas. Ello provocó una escalada de gran magnitud en el Bajío: crecen las extorsiones y los secuestros, cuya maquinaria de violencia necesita de personas, de seres humanos que trabajen para esto”.
Una de las formas de controlar el territorio es a través de las personas, en los barrios y las colonias. “Es ahí cuando realizo mi trabajo desde el concepto de ‘juvenicidio’, porque gran parte de las víctimas mortales son jóvenes que han sido, de una u otra forma, cooptados por el narcotráfico”. Los detalles de esta investigación pueden leerse en “Cuerpos jóvenes y control de territorios en el triángulo del huachicol”, artículo publicado en la “Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud”.

Actualmente, este tipo de procesos se pueden vincular con el caso de Teuchitlán, puesto que se desenvuelve en un contexto muy parecido, apunta, en la forma de reclutar a jóvenes en las centrales camioneras o que tienen una necesidad económica que los orille a ello.
Rafael Prieto Curiel, matemático mexicano en el extranjero (Complexity Science Hub, Viena, Austria), publicó en la revista “Science” (2023) que los cárteles en México requerían reclutar entre 350 y 370 personas semanalmente para mantener su estructura y que, en 2022, contaban con entre 160 mil y 185 mil “trabajadores”, convirtiéndose en uno de los principales empleadores del país.
NECROZONAS.
Julio Morales realiza sus investigaciones también a partir del concepto de “necrozona” para comprender, desde un análisis territorial, cómo determinados elementos se tienen que conjugar para que haya una “zona de muerte”, qué la produce y hace funcionar dicha economía.
En estas necrozonas, las personas son depreciadas y su vida es irrelevante, y aunque su mano de obra es necesaria, menciona el investigador, también es reemplazable. “Por lo tanto, se les expone y obliga sin ningún miramiento de derechos humanos, porque reducen su capacidad de ‘ser humano’, buscan deshumanizar para llegar a estos ámbitos donde la guerra –por momentos se trata de una guerra abierta– requiere de una extrema violencia y de una economía funcional por encima de todo”.
Un tema que ha estudiado Morales en las necrozonas es cómo niños y adolescentes entienden la relación continua con la violencia extrema. ¿Qué pasa por la mente de un niño, de una niña o de un adolescente cuando ha sido socializado a ver un asesinato y un miedo continuo?, es la pregunta que busca responder con sus investigaciones y en sus próximas publicaciones.
MUERTES MASIVAS.
El caso de Teuchitlán, señala el académico, es la muestra de una violencia ascendente y que se enmarca en el juvenicidio y la necrozona de forma extrema. “Si hacemos una breve cronología desde 2010 veremos que nos estamos ‘acostumbrando’ a las masacres”.
Por mencionar las más renombradas, acota, se encuentra la de San Fernando, Tamaulipas, donde 72 migrantes fueron masacrados. Después, en 2018 nos encontramos los tráileres de la muerte en Jalisco, que sumaron más de doscientas setenta personas muertas.
“Ahora tenemos en Teuchitlán cuatrocientos pares de zapatos, más todas esas otras personas de las que no hay rastro, ¿de cuántos muertos estamos hablando?, ¿cuál es el límite? Fácilmente este caso puede multiplicarse por tres”. Adicionalmente, enfatiza, ¿cuántos ranchos de exterminio más existen y no se conocen?, más allá de todas las fosas clandestinas que hay en el Estado de México y entre el Bajío y el norte del país.
“Son grandes tragedias, a las que debemos sumar las muertes constantes de determinadas zonas que, si bien no llegan a rebasar un par de decenas, son parte de las masacres cotidianas que incluyen ejecuciones en bares, conciertos e incluso funerales”.
👨🏽🎓Doctor en Estudios internacionales e interculturales, Maestro en Migraciones y conflictos, Licenciado en Antropología social.#CátedrasConacyt #IXM pic.twitter.com/zIejulElC9
— Somos Cátedras (@SomosCatedras) April 4, 2024
EN BUSCA DE LA PAZ.
Las investigaciones de Morales, así como las de otros científicos sociales, tienen por objetivo comprender por qué ocurre este fenómeno de la violencia y así entender las consecuencias que provoca en la población y trastocan toda la vida social de nuestra nación.
“Una vez que sabemos o tenemos una idea de cómo ocurre esto y hacia dónde vamos, podemos hacer una crítica fundamentada y proponer elementos para disminuir esta violencia y, ojalá, erradicarla”.
Este tipo de investigaciones pueden ser un insumo para la elaboración de políticas públicas, no obstante, Julio Morales recuerda que ese es trabajo del Estado; no obstante, hace un par de recomendaciones a la sociedad civil. La primera es alentar a las infancias y a los jóvenes desde las escuelas para visualizar contextos de paz, y así evitar que la violencia se vuelva el único escenario de su entorno.
La otra sugerencia es más general: “Un mayor compromiso de la sociedad para indignarse frente a estos sucesos, así como su vinculación y unión con los colectivos de desaparecidos. Mi sugerencia fundamental a la sociedad mexicana es que no se acostumbre a esta violencia”.
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