Consagrada en el artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la autonomía universitaria garantiza el derecho de gobernarse, administrarse y decidir sobre sus planes de estudio sin intervención del Estado a las universidades autónomas de México. Lo anterior no significa que estas universidades puedan actuar al margen de la ley, al contrario, están obligadas a responder a la sociedad con transparencia y honestidad.
No obstante, las universidades autónomas han sido blanco de ataques constantes, particularmente desde el sexenio pasado (2018-2024), calificadas de corruptas y clasistas. Estos embates han sido defendidos por parte de las comunidades universitarias. Si bien es cierto que existen situaciones irregulares en las finanzas de algunas de estas universidades, específicamente las señaladas en la llamada Estafa Maestra -que no es otra cosa que la colusión entre el extinto CONACYT (sin hache) y algunas universidades a través de proyectos cuyos lineamientos permitían la triangulación de recursos-, también es cierto que no se puede señalar a todas las instituciones.
En general, las universidades autónomas cumplen funciones indispensables para el desarrollo social, centradas en la formación de profesionistas y generación del conocimiento, además de prestar una gran diversidad de servicios. De esta forma, las universidades autónomas, que ciertamente operan con recursos públicos, retribuyen a la sociedad para fortalecer al país.
La forma más directa de afectar a las universidades autónomas (estatales y federales) es a través de la presión presupuestaria. Con una disminución significativa en 2016, el incremento presupuestal federal para estas instituciones educativas no ha sido mayor -casi siempre menor- al índice inflacionario anual. Además, se eliminaron fondos extraordinarios concursables desde 2018, destinados al fortalecimiento de la solución de problemas estructurales. Esta situación ha puesto en crisis financiera a varias universidades, mismas que han requerido de esquemas de rescate financiero.
Otras estrategias que se han adoptado, particularmente por los gobiernos de izquierda, han sido las presiones para imponer autoridades como el caso de las Universidades Autónomas de Oaxaca, Nayarit, la Veracruzana y la de Hidalgo; así como la intromisión en la vida universitaria a través de modificaciones en sus Leyes Orgánicas, como ha sucedido en las Universidades Autónomas de Nayarit, estado de México, Morelos, Sinaloa y Querétaro.
En este último caso, la Autónoma de Querétaro ha tenido que defender, ya en dos ocasiones, intromisiones de legisladoras de izquierda. En 2020 derivado de un intento por modificar los artículos 21 y 36, específicamente para eliminar la edad máxima para aspirar a cargos directivos y en 2025, relacionado con armonización en temas de género.
La Universidad Autónoma de Querétaro inició con el análisis de reforma de su Ley Orgánica (de 1986) en 2018 y formalmente se autorizó en 2021 por parte del Consejo Universitario una comisión especial, dirigida por la recientemente creada Dirección de Estudio y Procesos Legislativos Universitarios. En 2022 se aprobó por parte del máximo órgano de gobierno de la UAQ la propuesta de reforma de Ley Orgánica, que ha sido presentada, discutida y analizada por el Ejecutivo estatal pero que quedó congelada en la oficina del gobernador desde agosto del 2023.
La propuesta de reforma de la Ley Orgánica Universitaria no solo incluye la armonización en temas de equidad y perspectiva de género, sino que presenta modificaciones y adiciones en otras áreas importantes para la vida universitaria. De esta manera, el llamado se debe enfocar en solicitar al Ejecutivo estatal que de vista a la legislatura actual del documento que obra en su poder, a fin de que se haga realidad la reforma a la Ley Orgánica Universitaria y, de esta forma, se armonice con las exigencias del contexto actual.