La inteligencia artificial (IA) permite optimizar procedimientos, fortalecer la capacidad analítica de las instituciones, ampliar la precisión en la provisión de servicios públicos y generar condiciones más robustas de transparencia, subrayó la directora de la Facultad de Derecho (FD) de la UNAM, Sonia Venegas Álvarez.
Nos encontramos frente a una transformación paradigmática que incide en la gestión cotidiana y en la concepción teórica del derecho administrativo, añadió.
Al mismo tiempo, consideró, nos exige examinar con rigor cómo se preserva la trazabilidad de las decisiones, la manera en que se sostiene la legitimidad de la actuación estatal y se garantiza que la modernización tecnológica no sustituya, sino que reafirme, los principios que han orientado al ejercicio del poder público en un Estado constitucional.
A decir de la universitaria, no basta con incorporar tecnología, pues es necesario comprender su sentido, desentrañar sus implicaciones y establecer criterios que orienten su aplicación responsable en el ámbito administrativo.
Al inaugurar el Congreso Internacional de Derecho Administrativo e Inteligencia Artificial aseveró: Un sistema administrativo capaz de dialogar con la IA no es aquel que se limita a emplearla, sino el que la integra críticamente, la interpreta, ajusta a los fines públicos y reconoce que ninguna innovación puede desplazar el núcleo ético que define a la función administrativa como servicio y responsabilidad.
La verdadera modernización reside en la capacidad de renovar sin perder el fundamento, de innovar sin extraviar el sentido, añadió en el auditorio Benito Juárez de la FD.
Es cierto que la IA abre oportunidades extraordinarias, pero solo alcanzan su plenitud cuando se insertan en un marco institucional que respalde la legalidad, transparencia, rendición de cuentas y, sobre todo, la dignidad de las personas que el derecho se compromete a proteger.
Sostuvo que la transformación tecnológica se mide por los instrumentos que incorpora y la cultura jurídica que puede producir. La irrupción de esa tecnología como fuerza estructurante de la vida social es uno de los desafíos intelectuales más profundos de nuestra era. Su evolución ha dejado de ser un horizonte futurista para constituirse en un componente activo en los procesos mediante los cuales el Estado organiza, decide y actúa.
Su incorporación introduce nuevas herramientas técnicas, y también modifica la escala, velocidad y la naturaleza misma de la función administrativa, acotó Venegas Álvarez.
En este Congreso, dijo, se tiene la convicción de pensar con seriedad, profundidad conceptual y vocación pública para analizar la relación entre la tecnología y la decisión administrativa, no como una tendencia pasajera, sino como un proceso que exige la formación de nuevas competencias, metodologías de estudio y actuales modos de comprender el vínculo entre el Estado y la sociedad.
La Facultad de Derecho, fiel a su historia, a su papel universitario y compromiso con el servicio público, además de observar el devenir de la tecnología, la interroga, articula y orienta. Lo hace convocando al diálogo informado, a la investigación crítica y a la construcción colectiva del saber jurídico porque sabe que el derecho no puede quedar desplazado ante el cambio tecnológico, enfatizó.
CONTEXTOS DIGITALES.
Miguel Alejandro López Herrera, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas, y coorganizador del Congreso, explicó que el mundo ha cambiado en apenas unas décadas por el constante uso de las tecnologías; a partir de los años 90 se utilizan con énfasis en las administraciones públicas para eficientar el trabajo. Y “ahora se nos presenta esta tecnología de última generación denominada inteligencia artificial”.
Ante su aparición, la Unión Europea y algunos otros sistemas jurídicos han comenzado a expedir ciertas leyes y reglamentos para regular su utilización, lo cual resulta relevante respecto a los límites que se deben respetar. Al respecto, en nuestro país existen algunos proyectos, pero aún no se aprueba ninguno, aclaró.
En tanto, el director del Seminario de Derecho Administrativo de la FD y también organizador, Yuri Pavón Romero, refirió que el gobierno ha empezado a generar actos administrativos por contextos digitales.
Hoy es común acudir a un kiosco y solicitar nuestra acta de nacimiento, por ejemplo; eso implica un acto administrativo que tiene repercusiones. Estoy convencido de que se está marcando la nueva década de la administración pública por una gobernanza digital, concluyó.