De acuerdo con las Naciones Unidas, alrededor de 2 mil 200 millones de personas en el mundo carecen de acceso a servicios de agua potable gestionados de forma segura. México, según datos de la Fundación Friedrich Ebert Stiftung, contribuye a esta cifra con al menos 12 millones de personas sin acceso a agua potable.
Como mencioné en la edición anterior, el Gobierno de México finalmente atendió una deuda legislativa de 13 años al presentar la Ley General de Aguas, que busca que el derecho humano al agua no exista solo en el papel, sino también en la vida cotidiana.
Sin embargo, una deuda legislativa atendida no equivale a una deuda hídrica saldada. Las brechas en infraestructura, inversión y gestión revelan que el problema va mucho más allá de aprobar una nueva ley.
Entre 2015 y 2024, preocupa una caída constante y abrupta en la inversión destinada a obras de agua potable y alcantarillado, sobre todo en los estados con mayores índices de pobreza y marginación.
En 2015, la inversión federal fue de 2,689 millones de pesos, beneficiando a 381 mil 286 personas. Es decir, por cada millón de pesos invertido se beneficiaban 142 mexicanas y mexicanos.
En contraste, en 2024 la inversión cayó más del 60%, a solo 926 millones de pesos, beneficiando apenas a 70 mil 760 personas: 76 beneficiarios por cada millón invertido.
Esta reducción no fue producto del azar ni de un evento extraordinario, sino el reflejo de una política pública desinteresada en garantizar el acceso equitativo al agua, especialmente en comunidades rurales y marginadas.
El resultado es claro: menos infraestructura, más carencias y un derecho que sigue sin fluir.
A la par, persisten el clientelismo y la opacidad en el manejo de los recursos hídricos. Mientras que en 2010 el pago por el derecho al uso de aguas nacionales —incluyendo el uso público urbano— representaba el 74.5%, el año pasado ascendió al 82%, mientras la inversión pública en infraestructura disminuyó.
Por el contrario, los ingresos por descargar aguas residuales en cuerpos de agua apenas representan el 3% del total nacional. En otras palabras: en México sigue siendo más barato contaminar que garantizar agua limpia.
El tema de las concesiones tampoco es menor. La falta de transparencia en el Registro Público de Derechos de Agua impide conocer con precisión quién usa, cuánto y con qué fin. Esta opacidad fomenta abusos y sobreexplotación, sobre todo de los acuíferos: 70% del total nacional presenta déficit o sobreexplotación, comprometiendo el abasto futuro y la salud de los ecosistemas.
El mensaje es claro, pero la realidad sigue siendo preocupante: el derecho al agua no se defiende con discursos, sino con inversión, acción y transparencia.
Mientras la gestión del agua siga sin prioridad presupuestal ni rendición de cuentas, el cauce de las promesas se seguirá secando. Y la cifra de 12 millones de mexicanas y mexicanos sin agua potable seguirá creciendo… gota a gota.
*Secretario general de la Asociación Mexicana para la Correcta Hidratación, A.C.