El 1 de octubre de 2024, durante su discurso de investidura, Claudia Sheinbaum prometió que una de sus prioridades sería convertir a México en “una potencia científica y de innovación hecha por mexicanas y mexicanos”, como establecen los puntos 33 y 34 de su programa 100 Compromisos de Gobierno. Ante miles de ciudadanos reunidos en el Zócalo, la primera mujer presidenta —y científica— del país saludó al “semillero de científicos” al que, aseguró, su gobierno dotaría de herramientas para construir un México más justo y competitivo.
Un año después, lejos de avanzar hacia ese objetivo, el gobierno ha asestado un duro golpe al desarrollo científico nacional y al futuro del “semillero” al que la presidenta se refirió con orgullo. El 21 de octubre, el Diario Oficial de la Federación publicó los nuevos lineamientos del Sistema Nacional de Posgrados (SNP), redactados por la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI). En su artículo IV se establece un límite máximo de seis estudiantes de posgrado por tutor, incluyendo tanto a los alumnos vigentes como a los egresados que aún están en proceso de titulación. Además, los lineamientos restringen a dos programas de posgrado en los que cada tutor puede participar.
La reacción de la comunidad científica no se hizo esperar: primero con sorpresa, luego con preocupación y finalmente con movilizaciones para intentar revertir un ordenamiento que, advierten, no sólo hipoteca el futuro de los estudiantes, sino que dañará seriamente la competitividad de México frente a otras naciones.
“Estas restricciones afectarán de manera inmediata y directa a los estudiantes, quienes corren el riesgo de quedarse sin la tutoría que hoy les permite avanzar en su formación”, señalan más de un centenar de tutores e investigadores de los centros de investigación más prestigiosos del país, como la UNAM, el Cinvestav, el Tec de Monterrey, el CIDE o el Instituto Nacional de Cancerología.
Algunos de los firmantes, consultados por Crónica, incluidos el Dr. Alfredo Rodríguez, el Dr. Julián Valdés, la Dra. Lorena Aguilar, la Dra. María Chávez, la Dra. Mayra Furlán y la Dra. Sandra Romero, alertan del grave retroceso que representa una medida tomada —afirman— a espaldas de la comunidad científica.
“La nueva ley es injerencista y contravendría la autonomía universitaria, que es la base de la libertad académica”, aseguró María Chávez Canales, del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM. Considera una “contradicción” que el gobierno defienda la soberanía de la ciencia y, al mismo tiempo, interfiera en la vida académica.
Mayra Furlán Magaril, también investigadora de la UNAM, añadió: “Somos nosotros o los posgrados quienes debemos decidir cuántos becarios podemos evaluar. Sorprende que la Secretaría sea quien lo determine de forma generalizada. Yo, por ejemplo, tengo diez estudiantes por la naturaleza de mi investigación”.
“Falta de transparencia”
Según la SECIHTI, existen quejas de estudiantes por la sobrecarga de trabajo de algunos tutores. La Coordinación General de Estudios de Posgrado (CGEP) “recibe frecuentemente quejas del alumnado relacionadas con la falta de atención y seguimiento a los proyectos de investigación por parte de algunos tutores”, argumenta la dependencia.
La carta abierta de los investigadores (https://estepais.com/tendencias_y_opiniones/carta-abierta-secihti/) reconoce que existen “problemas reales en algunos casos, como retrasos en la obtención del grado y debilidades en ciertos procesos de tutoría”, pero advierte que “penalizar de forma generalizada y arbitraria no soluciona estos problemas. No mejora la tasa de graduación ni eleva la calidad; por el contrario, debilita la excelencia, desincentiva el compromiso académico y obstaculiza la colaboración entre instituciones”.
“Si la SECIHTI quiere más regulación, que la pida, pero que no imponga esta restricción sin atender a las causas de origen”, rebatió la investigadora Lorena Aguilar Arnal.
Por todo lo anterior, los firmantes instan a la SECIHTI a establecer “un diálogo real con la comunidad académica” y solicitan la revisión de los lineamientos, pues consideran que afectan la autonomía de las instituciones de educación superior, la calidad de los posgrados, el derecho del estudiantado a una educación de calidad y el futuro del desarrollo científico nacional.
Antecedentes de marcha atrás
Ha habido casos en los que el anterior Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONAHCYT), antecesor de la SECIHTI, dio marcha atrás o modificó reglamentos polémicos:
2021: El Conacyt impulsó cambios al reglamento del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) que fueron criticados por limitar la libertad académica y discriminar ciertos perfiles. Ante la presión de universidades, centros de investigación y peticiones públicas, el organismo tuvo que revisar y ajustar las reglas para suavizar algunos criterios.
2023: Estudiantes de posgrado denunciaron la reducción y modificación arbitraria de becas del Conahcyt. Las protestas incluyeron manifestaciones y exigencias de diálogo directo con las autoridades. Como resultado, el Consejo abrió mesas de negociación y en algunos casos restituyó apoyos o ajustó lineamientos para atender las demandas.