
La situación en la Franja de Gaza se ha tornado alarmante; pese a que desde hace cuatro meses se estableció un alto al fuego impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la situación empeora día a día. Más de dos millones de palestinos intentan sobrevivir, exhaustos por los desplazamientos y la carencia de atención médica.
El frío invierno y las lluvias agravan las enfermedades, los problemas y hasta la muerte por hipotermia de 10 bebés. El Dr. Abdul Raouf, profesor de la Universidad Islámica de Gaza llama a esta situación “El síndrome de la tienda mojada” (+972 Magazine, 26/01/2026) porque la mayoría vive en tiendas de campaña sin protección, amontonadas forman ciudades improvisadas en el corredor Netzarim, al centro y al norte de la Franja, entre charcos con agua sucia e infraestructuras colapsadas que forman un ambiente tóxico.
Priva la incertidumbre sobre cómo se implementará la siguiente fase del Plan de paz, con el retiro progresivo de tropas israelíes, el desarme de Hamas, el establecimiento de un comité de tecnócratas que funcione como autoridad civil, la instauración de una fuerza de seguridad internacional y la reconstrucción de la Franja. Para ello Trump ha imaginado una Junta de Paz, en tanto que órgano internacional de supervisión política y administrativa para la transición posbélica del enclave, para la que ha invitado de manera estrictamente personal, a diferentes gobiernos, entre los que se encuentra el de México, que no ha expresado su decisión.
Para Gideon Levy, el cese al fuego establecido en octubre de 2025 funciona en tanto no haya muertos israelíes; y a nadie le importan los muertos en Gaza y en Cisjordania (Haaretz, 18/01/2026). Desde la firma del alto al fuego, el ejército israelí ha asesinado a más de 400 personas, de las cuales 100 eran niños según datos de UNICEF. Además, en Jabalia y Shujaiyeh, han sido demolidos alrededor de 2500 edificios habitacionales por medio de operaciones autorizadas por Israel Katz (el ministro de Defensa Israelí) con el pretexto de destruir los túneles de “la infraestructura subterránea del terror” de Hamas (Haaretz, 16/01/2026).
Este contexto de crisis humanitaria inducido enmarca el anuncio emitido por Amijai Chikli (ministro de Asuntos de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo), sobre la expulsión de 37 organizaciones no gubernamentales (ONG) de la Franja de Gaza, Cisjordania y el este de Jerusalén, a finales de diciembre de 2025. La medida ha dejado sin registro a organizaciones como Caritas, Oxfam, Médicos sin Fronteras (MSF) y Aid Action. Todas han sido emplazadas a abandonar el territorio palestino antes del 1 de marzo del 2026.
Desde marzo del 2025, Israel introdujo nuevos requisitos de registro para las ONG internacionales y transfirió la autoridad sobre el proceso de registro al Ministerio de Asuntos de la Diáspora. El nuevo mecanismo exige que las organizaciones entreguen datos personales de los trabajadores palestinos que colaboran con ellos incluidos los nombres, los números de identificación y, en algunos casos, sus direcciones residenciales. Además, se piden los datos de redes sociales de todos los miembros de la organización para verificar que éstos no hayan publicado o participado en actividades o manifestaciones contra Israel o en las campañas de Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS).
Desde mayo que se publicaron las nuevas directrices, las ONG denunciaron la medida alegando que se ponía en riesgo al personal que trabaja en el territorio. Médicos sin Fronteras, una de las organizaciones, víctima de esta política, puso como ejemplo de este riesgo con el caso documentado de dos de sus trabajadores, Fadi Al Wadiya y Mahmoud Abunejeila, que fueron asesinados por el ejército israelí en junio de 2024. Dicha institución exhibió como prueba de la afiliación de MSF a grupos terroristas en las publicaciones de sus redes sociales, en las que se podía supuestamente comprobar su afinidad con grupos como la Yihad Islámica Palestina o el Frente para la Liberación de Palestina. (Haaretz, 05/01/2026).
Por su parte el gobierno israelí ha justificado la medida argumentando que las organizaciones humanitarias han colaborado con terroristas, además de realizar declaraciones y publicaciones en redes sociales que “van más allá de la descripción humanitaria y constituyen una condena política” al acusar a Israel de cometer crímenes de lesa humanidad, lo que cuestiona su legitimidad.
Antonio Guterres, secretario general de la ONU, pidió revertir la medida de expulsión de las ONG, junto con organizaciones internacionales e israelíes que señalan criterios vagos y altamente politizados. Ante ello, la Coordinación de Actividades de Gobierno en los Territorios (COGAT, por sus siglas en inglés), del gobierno israelí, dijo que las organizaciones que serán expulsadas solamente proveen el 1% del volumen de ayuda al territorio palestino desde el cese al fuego pactado en octubre del 2025 (The Guardian, 30/12/2025).
Sin embargo, para el Equipo Humanitario de País (HTC), la retirada de las 37 organizaciones afectará gravemente al sector salud en Gaza, donde más de la mitad de los actores son organizaciones internacionales. Estas ONG lideran o apoyan el 60% de los hospitales de campaña, por lo que su salida significa el cierre de uno de cada tres centros de salud, en un contexto en el que el 94 % de los hospitales ha sido destruido total o parcialmente, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. Además, de los 195 puntos de preparación de alimentos en el enclave, 132 dependen directamente de ONG internacionales (El País, 21/01/2026).
La Agencia de Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) de la ONU ha sido blanco previamente de esa política de desmantelamiento de la ayuda humanitaria, y desde el año pasado fue criminalizada por el gobierno israelí. Lo cual le llevó el 20 de enero de 2026 a demoler las instalaciones construidas en Jeusalem, alegando que fue su gobierno el que las había financiado. Al respecto, Oren Marmostein, representante de Ministerio de Asuntos Exteriores expresó que la UNRWA “hace tiempo que dejó de ser una organización de ayuda humanitaria y se ha convertido en un invernadero para el terrorismo” (The New York Times, 20/01/2025).
La expulsión de las organizaciones humanitarias en los territorios palestinos son acciones sin precedentes, y un reflejo del desmoronamiento de los marcos regulatorios del derecho internacional y hay que recordar, como afirma Médicos sin Fronteras: “permitir la ayuda humanitaria no es un favor. Es una obligación bajo el derecho internacional. Hoy, más que nunca, los palestinos necesitan más servicios, no menos”.
*Seminario Universitario de las Culturas de Medio Oriente (SUCUMO) de la UNAM